Hacienda confirma que ultima un tributo específico
que gravará temporalmente al 1% de contribuyentes más acaudalados del país y
que aspira a tener en vigor en el inicio de 2023.
23
de septiembre Fuente Expansión
El Gobierno se ha decidido finalmente por crear un nuevo impuesto temporal como
fórmula para pedir una contribución fiscal adicional a las mayores fortunas del
país en el marco de la crisis inflacionista. Así lo anunció ayer la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, avanzando que su intención es tener
el nuevo tributo en vigor el próximo 1 de enero. "Al igual que ha ocurrido
en los impuestos a energéticas y banca, trabajaremos en una fórmula
temporal", detalló la ministra, lo que supondría replicar una vigencia
acotada a dos ejercicios. Sin embargo, la ministra ya matizó que "posteriormente
las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo".
El objetivo del Gobierno es "pedir mayor
esfuerzo a quienes más tienen" en "estos momentos de
dificultad" marcados por el alza de precios que ha agravado la invasión
rusa sobre Ucrania para seguir apoyando "a las clases medias
trabajadoras" con medidas como la bonificación de los carburantes, la
gratuidad de los transportes, el incremento de las becas o la rebaja fiscal de
la factura energética.
Para ello, el Ejecutivo ha decidido crear una figura impositiva extraordinaria de
carácter temporal, como ya ha hecho al impulsar nuevos impuestos a banca y
energéticas (llamado este último, eso sí, a ser sustituido por el propuesto por
Bruselas). Igualmente, la idea es que su lanzamiento vaya "vinculado a la
entrada en vigor el 1 de enero de todo lo que son las
obligaciones fiscales", expuso Montero.
Al tratarse de una figura de nueva creación, su tramitación deberá de efectuarse en paralelo,
pero por separado, de la del proyecto de Presupuestos Generales del
Estado, que no puede ser usado para introducir nuevos impuestos.
"Hay que dejar trabajar a los técnicos",
pidió Montero al ser preguntada sobre cuáles serán los contribuyentes
potenciales del nuevo impuesto y de qué forma someterá a gravamen sus fortunas.
La ministra se limitó a matizar que "cuando hablamos de ricos estamos
hablando de personas millonarias", de gravar "al 1%"
de los contribuyentes en favor de los intereses del otro 99%. Está por ver, en
todo caso, a qué universo de ciudadanos se refiere la ministra. El número de
"millonarios" -con patrimonio superior a un millón de euros- asciende
a 1.132.000 personas en España, según Credit Suisse, mientras que el 1% de
contribuyentes del IRPF supone algo más de 400.000 personas, y el
tributo que históricamente ha gravado la riqueza en España, el Impuesto de
Patrimonio, no llega a los 220.000 declarantes.
Patrimonio es un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas que se
aplica sobre las fortunas superiores a 700.000 euros (una vez descontados
300.000 euros del valor de la vivienda habitual). A partir de ahí, las
comunidades tienen potestad para modular el alcance del gravamen y, de
hecho, Madrid viene bonificándolo al 100%, lo que supone su
inaplicación de facto. El reciente anuncio de Andalucía de que
seguirá sus pasos, y el de Murcia de que estudia hacerlo, es el detonante que
ha acelerado los planes tributarios del Ejecutivo.
Aun así, la ministra aseguró ayer que en Hacienda llevan "semanas trabajando
de forma silenciosa" en el proyecto y fuentes de su departamento aseguran
que el impuesto a los ricos hubiera visto la luz aunque el PP no hubiera
reabierto el debate sobre la fiscalidad de la riqueza. Ahora bien, el gran
problema que afronta Hacienda al diseñar el tributo es precisamente la
necesidad de evitar una doble tributación, pues la nueva figura será
complementaria a Patrimonio.
En el caso de los nuevos tributos a banca y
energéticas, el Gobierno sorteó el riesgo de colisionar con el gravamen sobre
beneficios que ya pagan en el Impuesto de Sociedades optando
por una "prestación patrimonial pública de carácter no tributario"
sobre el margen neto de intereses de las entidades financieras y la cifra de
negocio de las energéticas. En el caso de las grandes fortunas, sin embargo, es
difícil encontrar una base imponible efectiva diferente a la
que ya grava Patrimonio.
Desde Unidas Podemos celebraron
ayer el proyecto, que aseguraron desconocer, y lamentaron que Hacienda no
aceptara la propuesta que lanzaron en junio y que ya abordaba este problema.
Plantearon un impuesto para fortunas de más de 10 millones con ocho tramos de
gravamen y tipos del 3,6% al 5% (a partir de 150 millones). A partir de ahí, la
cuantía modularía en función de si el contribuyente ya paga Patrimonio, fórmula
que permitiría a Hacienda suavizar el solapamiento sin crear una figura
discriminatoria que solo se aplique donde no opera Patrimonio como en Madrid o
Andalucía. Anteriormente, Podemos también abogó por impulsar un
gravamen del 2% sobre los patrimonios de más de un millón de euros, cuyo
tipo se elevaría al 2,5% desde los 10 millones; el 3% desde los 50 y el 3,5% a
partir de 100 millones. Hacienda podría inspirarse ahora en algunas de las
fórmulas del socio minoritario del Gobierno, si bien es poco probable que
adopte su objetivo de recaudar 10.000 millones por esta vía. Después de todo,
las subidas fiscales a rentas altas aplicadas por el Ejecutivo en esta
legislatura, la creación de un nuevo tramo de IRPF desde 300.000 euros y de
otro desde los 200.000 sobre los rendimientos del ahorro, apenas han
recaudado por ahora 339 millones.
Más allá, tanto Podemos como ERC entre
otros socios parlamentarios del Gobierno reclamaron ayer que el tributo
se haga permanente. Este promete ser un pulso relevante en la tramitación
de la norma, cuya modalidad se decidirá en función del calendario. Lo normal
sería que el Gobierno presentase un proyecto de ley para crear el tributo, si
bien para ahorrarse los informes preceptivos y acelerar el proceso podría optar
por dejar que sea registrada como proposición de ley por los grupos que sustentan
al Gobierno, como ya hizo con los tributos a banca y petroleras. De hecho, la
opción más rápida disponible, que no se descarta, es agregar el nuevo impuesto
a grandes fortunas como enmienda a esa iniciativa durante el trámite
parlamentario ya abierto. Todo dependerá del plazo que maneje Hacienda, que si
quiere gravar las fortunas de 2022 y hacer caja en 2023 deberá tener la figura
aprobada antes de final de año. De lo contrario, el tributo podría no
liquidarse hasta 2024.
El anuncio de Hacienda fue tachado de
"error" por el
presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que prepara su reelección
al frente de la patronal, y pidió la desaparición de Patrimonio. Por su parte
el Gobierno regional de Madrid, donde las grandes fortunas se ahorran 992
millones al año por la bonificación de Patrimonio, tildó el nuevo tributo de
"injusto" y "destructivo".