Una mejora
metodológica destapa que Hacienda ha infraestimado durante 20 años la pérdida
de ingresos derivada de una veintena de beneficios fiscales en el Impuesto
sobre la Renta.
Hace unos años
el equipo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda
confesó al Tribunal de Cuentas que no disponía del personal suficiente para
realizar el en apariencia necesario trabajo de evaluar
si los estímulos fiscales aprobados por los sucesivos gobiernos en
impuestos como el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA cumplían o no la
función para la que fueron creados. Hacienda admitió también en aquella ocasión
que no disponía de información precisa y fehaciente sobre el coste real
para las arcas públicas de esos incentivos fiscales y que la información
que se incluía en la Memoria de Beneficios Fiscales de los Presupuestos se
basaba en aproximaciones y estimaciones de los técnicos del Ministerio.
Desde 2002,
hace casi veinte años, la metodología con la que se ha venido estimando el
coste presupuestario de los beneficios fiscales apenas ha variado, pero de cara
a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 los técnicos del Ministerio de
Hacienda han aprovechado la nueva información disponible en la serie de
declaraciones informativas que la Agencia Tributaria ha venido introduciendo en
los últimos años para sofisticar y afinar sus estimaciones en relación
a una veintena de beneficios fiscales del Impuesto sobre la Renta que
ahora se pueden calcular con mayor precisión. Y lo que se han encontrado es que
la metodología antigua infraestimaba en 1.800 millones de euros el
coste real para las arcas públicas de esa batería de estímulos, que en el año
2019 se calculó que detraían 623,2 millones de euros de los ingresos por IRPF
pero que ahora se sabe que se llevan más de 2.400 millones al año.
Las
diferencias son abismales en algunos casos. Es el caso por ejemplo de
la exención sobre los primeros 60.100 euros ingresados por trabajos
realizados en el extranjero por contribuyentes españoles, de la que se benefician
68.000 personas, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda, y cuyo
coste se estimaba en 2019 en menos de 10 millones de euros y que ha resultado
ser diez veces más costosa, rondando los 100 millones. Algo similar ocurre con
la exención en el IRPF sobre las indemnizaciones y ayudas económicas a las
víctimas del terrorismo, cuyo coste estimado ha pasado de poco más de un millón
de euros a más de 12 millones.
En términos
cuantitativos, sin embargo, la mayor diferencia se observa en la exención
total sobre las pensiones de invalidez, a la que se acogen más de 850.000
contribuyentes. Hacienda estimaba que esa ayuda fiscal le suponía un coste en
forma de menos ingresos por IRPF de poco más de 200 millones de euros. La nueva
información incorporada a la metodología de cálculo de este beneficio fiscal ha
revelado que su coste es en realidad casi seis veces mayor, de en torno a 1.200
millones de euros.
Hacienda
admite, en su informe sobre los beneficios fiscales de 2021, que el
procedimiento utilizado hasta ahora no reflejaba la realidad actual,
"ya que desde 2002 el IRPF ha sido de objeto de diversas reformas y la
cuantía media de cada prestación exenta ha variado ostensiblemente desde
entonces". La metodología antigua partía de la información en las
declaraciones anuales de contribuyentes y el resumen de retenciones presentados
en el año 2002 y actualizaba esa información con carácter anual a partir de una
serie de parámetros sobre la evolución de las ayudas y de los potenciales
beneficiarios. Bajo esas premisas, la incidencia virtual que hubiera resultado
de eliminar esas exenciones fiscales se traducía en un tipo adicional del 2%.
Con la nueva metodología ese tipo, que traduce de algún modo la intensidad de
la ayuda fiscal, oscilaría según el incentivo entre el 4,8% y el 16,4%.
El cambio
metodológico ha variado de forma significativa el coste atribuido a medidas
como la exención
fiscal sobre las indemnizaciones por despido, sobre las prestaciones a la
dependencia, sobre las vigentes para los parados que deciden capitalizar su
prestación de desempleo en un pago único para emprender un negocio u otras como
las orientadas a deportistas de alto nivel, estudiantes becados o por la
participación de militares españoles en misiones de paz (ver gráfico).
La norma ha
sido que se ha destapado un mayor coste respecto a lo previsto, pero hay
casos que operan en dirección contraria. La exención sobre la Renta Mínima de
Inserción se calculaba en algo más de nueve millones y su incidencia se rebajó
a siete millones con el cambio metodológico y algo similar ha ocurrido con la
exención a los estudiantes becados, en la que se descontaba un coste fiscal de
25 millones y ha resultado ser de 15.