Más del 90% de los ciudadanos piensa que existe
"bastante" o "mucho" fraude en nuestro país y el 59% que la
Administración hace "pocos" o "muy pocos" esfuerzos para
atajarlo.
6
de agosto 2022 Expansión
La impresión de que el fraude fiscal es
una práctica habitual en España ha calado tan fuerte en los ciudadanos que
nueve de cada diez consideran que es un problema extendido y generalizado. En
concreto, el 49% de los españoles cree que existe "mucho" fraude
fiscal en nuestro país y el 40,9% que existe "bastante", sumando un
90,3% que contrasta con el exiguo 6,6% que considera que en España se defrauda
"poco" (5,7%) o "muy poco (0,9%).
Así lo refleja la última encuesta de Opinión
pública y política fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
publicada ayer. Tan honda es esa impresión que el 67% de los encuestados está
de acuerdo con la afirmación de que "si la gente no engaña más a
Hacienda, es por miedo a una revisión", y el 50% con la idea de que
"casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos, y la
Administración ya cuenta con ello".
Esta percepción, que con algunas variaciones al alza o a la baja se repite en las
encuestas, está en consonancia con el hecho de que España es uno de los países
europeos con mayor volumen de economía sumergida. El sindicato de
técnicos de Hacienda, Gestha, estimaba a principios de año que el peso de la
economía opaca, aquella que esquiva a Hacienda y a la Seguridad Social, rondaba
el 20% del PIB (alrededor de 240.000 millones de euros) "frente
a, por ejemplo, un 12% y un 11% en Francia y Alemania". Una lacra que
drena ingentes recursos del sistema, erosiona la competitividad de las
compañías que sí cumplen, y contribuye a elevar la precariedad laboral.
Pese a esta aparente convicción de la ciudadanía
de que en España existe un grave problema de fraude fiscal y de que,
paradójicamente, el 93% de los españoles se ven a sí mismos como bastante o muy
conscientes y responsables a la hora de cumplir sus obligaciones con el Fisco
(en otras palabras, el que defrauda es el vecino), una amplia mayoría considera
que los poderes públicos no hacen lo suficiente para corregirlo.
De hecho, más del 59% opina que la Administración
hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal. Es un
porcentaje apenas inferior al de hace un año (61%), lo que evidencia que los
españoles no aprecian resultados significativos en los planes de lucha contra
el fraude desplegados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Muchos impuestos
Además, aunque la proporción de españoles que
considera que paga muchos impuestos ha bajado en cinco puntos respecto a la
encuesta de hace un año, sigue siendo elevada: un 41%, frente al 9,6% que cree
que paga poco (la mayoría, el 46,5%, piensa que paga "regular"). Este
descenso se produce en un contexto de patadas hacia adelante en la anunciada
reforma fiscal del Gobierno, que amenaza con traer consigo una subida
generalizada de impuestos, y que la crisis del Covid, primero, y la invasión de
Ucrania, después, ha ido posponiendo. Aunque tiene lugar poco después de que el
Ejecutivo anunciara nuevos impuestos a la banca y a las energéticas para
combatir los efectos de la inflación.
Pese a que el 59,4% cree que "los impuestos
son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos", porcentaje muy similar al de hace un año, siguen
siendo mayoría los ciudadanos que consideran que no se hace un uso eficiente y
eficaz de esos recursos. De hecho, el 55,7% opina que la sociedad se
beneficia poco o nada de lo que se paga a las administraciones públicas en
impuestos y cotizaciones, porcentaje muy superior al 41,2% que suman
quienes creen que se benefician mucho o bastante. Es más, el 62% considera que
recibe menos de lo que debería por su esfuerzo tributario, frente al escaso
6,6% que piensa que obtiene más de lo que paga, o el 28,7% que considera que
existe un intercambio justo; esto es, que recibe "más o menos lo que
paga".
En este contexto, el 71,7% de los españoles juzga que se
dedican muy pocos recursos a la Sanidad; a la vivienda (el 66,3%), a la
enseñanza (57,1%), o a la Justicia (55,2%). A pesar de ello, y paradójicamente,
el 55,3% piensa que la asistencia sanitaria funciona bastante o muy
satisfactoriamente; porcentaje que es del 49,4% en el caso de la enseñanza, o
del 49% en el de los servicios sociales.
Además, una abultada mayoría, el 79,9%, estima que
los impuestos no se cobran con justicia; es decir, que no pagan más quienes más tienen. Precisamente, uno de los
grandes leitmotiv de la retórica económica de Sánchez es la
necesidad de avanzar hacia un sistema basado en la justicia fiscal, con el
argumento de que "no hay justicia social si no hay justicia fiscal y los
impuestos justos y progresivos son fundamentales para mantener los servicios
públicos".
Respecto al sistema recaudatorio, los españoles no
ocultan su preferencia por los impuestos directos sobre los
indirectos. En concreto, un 64,8% cree que los tributos deberían recaudarse
sobre todo a través de impuestos directos, como el IRPF, de acuerdo con la
renta o la riqueza de personas y empresas, en contraste con el 23,5% que
apuesta por gravámenes indirectos, como el IVA, que gravan bienes de consumo y
servicios y que afectan a todo el mundo por igual.