Cobrar una tasa a los conductores que quieran
circular por una zona de baja emisión en un municipio. Esta será una de las
novedades que introduzca en un futuro próximo la nueva Ley de Movilidad
Urbana, cuyo anteproyecto de ley
fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre y que en
2023 afrontará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y
el Senado.
7
de enero Expansión
Salvo que durante dicho procedimiento el proyecto
sea modificado para eliminar este elemento, la nueva ley establecerá la base legal sobre la que los ayuntamientos de
todo el país puedan crear tasas de circulación con las que exigir el pago a
aquellos conductores que quieran circular con sus vehículos por zonas de bajas
emisiones.
Según destacó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el objetivo con este
apartado de la futura ley es "reforzar el papel de las zonas de bajas
emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética" de manera que "abre la puerta a que los ayuntamientos
puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas
de bajas emisiones", ya que "para crear esta tasa es necesaria
una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las
condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada
municipio podrá decidir si implementa la tasa o no".
Para ello, el anteproyecto de ley modifica la Ley de Haciendas Locales para
generar esta habilitación legal que permita, tal y como recoge el propio texto,
"que los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la
circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre
circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones".
En concreto, la nueva norma añadirá una letra 'v' al apartado 3 del artículo 20 de
dicha ley, que recoge los casos en los que "las entidades locales podrán
establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local". La nueva letra
añadirá "en las zonas de bajas emisiones, la circulación de vehículos que
superen los límites o categorías máximas que se hayan establecido para circular
por las mismas".
Con motivo de la obligatoriedad de que los
municipios de más de 50.000 habitantes, los insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen ciertos
niveles límite de contaminación establecieran antes de 2023 zonas de bajas
emisiones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico elaboró, en colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), unas directrices para la creación de estas
zonas, entre las que se encuentran la creación de una tasa o peaje, cuya
cuantía pueda variar en función de las condiciones del vehículo, así como la
posibilidad de plantear una tasa o impuesto anual "de elevada
cuantía" para permitir estacionar en la calle, entre otras medidas.