Una reforma fiscal integral y un giro radical en
la cultura de evaluación del gasto público y en la toma de decisiones a la luz
de dichas evaluaciones son herramientas que gobiernos de uno u otro color
deberán manejar.
19
de abril ELPAIS
La Fundación Funcas acaba de publicar un trabajo
sobre la deuda pública en España. En el documento, disponible en abierto en su página web, trato de
conceptualizar y contextualizar los desafíos actuales en este ámbito. Sus ideas
fuerza son las siguientes.
Es fundamental comprender las diferencias
sustanciales entre la deuda
pública y los pasivos financieros de empresas y hogares. La vida
ilimitada del sector público y su capacidad para exigir impuestos exigen partir
de un marco teórico diferente a la hora de evaluar la sostenibilidad de su
deuda. Lo que importa no es el volumen global de deuda expresado en euros, sino
la ratio de deuda pública sobre el PIB. Ahí es dónde debemos centrar los
análisis y las discusiones políticas.
Una ratio atascada en un nivel elevado y/o una
dinámica descontrolada es un problema muy serio. No solo porque llevará a incumplir con las reglas
fiscales y, por tanto, tener que asumir las consecuencias. También porque una
ratio elevada supone un mayor coste de intereses a sufragar con impuestos;
debilita la posición del país en episodios de crisis de deuda soberana; y
limita la capacidad de recurrir al déficit ante un choque inesperado con
impacto económico, ya que cuando se parte de niveles bajos de la ratio, un
aumento súbito y sustancial, pero transitorio, no es un problema mayor.
En segundo lugar, hay que tener presente que la causalidad
bidireccional entre el déficit
público y el PIB complica las estrategias de consolidación
presupuestaria. Porque a diferencia de los procesos de desapalancamiento de una
empresa privada, si el sector público trata de reequilibrarse de manera brusca
puede afectar negativamente al PIB y, en última instancia, al propio éxito de
la consolidación.
Desde una perspectiva histórica, la ratio de deuda pública española no está en sus
máximos. Sin embargo, el contexto ha cambiado notablemente. Hoy no existe la
posibilidad de repudio y estamos sujetos a un Pacto de Estabilidad y
Crecimiento supranacional. Han desaparecido los atajos.
En cuarto lugar, en la última década se producen una extensión significativa de la vida
media y una reducción muy sustancial del coste de la deuda española. Estos
logros son el resultado de estrategias eficaces de refinanciación y un
aprovechamiento de las condiciones favorables del mercado. Hoy la deuda no es
todavía un desafío mayor ni en coste ni en vencimientos. Pero esto está
cambiando. La normalización de los tipos de interés con una ratio de deuda por
encima del 100% va a elevar muy sustancialmente el gasto por intereses en los
próximos años, hasta alcanzar el máximo en décadas. El impacto del cambio
climático sobre el déficit y la deuda añade una capa adicional de complejidad a
la gestión fiscal futura. Se espera que eventos extremos y la transición hacia
una economía baja en carbono generen presiones fiscales adicionales, lo que
subraya la necesidad de integrar consideraciones ambientales en la
planificación fiscal a largo plazo. En el mismo sentido, el envejecimiento
poblacional va a tensionar el gasto en pensiones y en sanidad.
Quinta idea: no sería prudente ni factible, dado el marco de reglas fiscales europeas
que nos constriñe, apostar por la inercia. Como se ha visto varias veces en las
últimas cuatro décadas, Europa es un valioso acicate a la hora de afrontar
reformas y asumir los costes a corto plazo de actuaciones que brindan
beneficios futuros de mayor dimensión. Las nuevas reglas se han adaptado a
parámetros fiscales como los españoles, lo que evita consolidaciones fiscales
severas y poco razonables desde un punto de vista económico. Pero todo apunta a
que se reforzará la vigilancia y el control de su cumplimiento.
En sexto lugar: bienvenidos sean los choques positivos, como los efectos que pueda
provocar la revolución de la inteligencia artificial en los próximos años. Pero
tenemos que actuar sin esperar por ellos, a sabiendas de que la economía
política de la consolidación fiscal presenta desafíos significativos,
especialmente en un contexto político caracterizado por la polarización y la
fragmentación parlamentaria.
A la luz de las proyecciones de la dinámica de la
deuda, el corolario de todo lo
anterior es la necesidad de una estrategia de reducción acumulativa del déficit
estructural en lo que resta de década, teniendo muy presente la fatiga que
puede generar un proceso largo. La combinación de medidas por el lado del gasto
y del ingreso es una decisión intrínsecamente política; si bien es verdad que
una reforma fiscal integral y un giro radical en la cultura de evaluación del
gasto público y en la toma de decisiones a la luz de dichas evaluaciones son
herramientas que gobiernos de uno u otro color deberán manejar. De forma
complementaria, la comunicación efectiva y la pedagogía sobre los beneficios de
la estabilidad fiscal son fundamentales para generar apoyo público y político
para las medidas necesarias.
SANTIAGO LAGO PEÑAS