La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de
la Agencia Tributaria considera señales de riesgo en la fijación de precios de
transferencia intragrupo la ausencia recurrente de beneficios o la aplicación
de cánones por servicio.
3
de junio Fuente: Expansión
La fijación de los precios de transferencia entre
empresas de un mismo grupo se ha convertido en los últimos años en un área
prioritaria dentro de la vigilancia societaria que ejercen las autoridades
tributarias, quienes velan porque el intercambio de bienes y servicios
intragrupo se haga respetando los precios de mercado. Este es, de hecho, uno de
los principales campos de actuación de la Oficina Nacional de Fiscalidad
Internacional (ONFI) de la Agencia Tributaria española, cuyo responsable, Luis
Jones, destacó ayer que las señales de riesgo más habituales que les llevan a
investigar una multinacional son la ausencia recurrente de beneficios, los
procesos de reestructuración del grupo o la aplicación de altos cánones por
servicios.
"Si sus empresas cumplen uno de esos
criterios, lo miraremos. Son señales de riesgo", explicó ayer Jones
durante la Jornada El futuro de la fiscalidad internacional para grupos
multinacionales, celebrada por la Cámara de Comercio Alemana para España juntamente
con la firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados. Estas claves,
expuso Jones, pueden servir de aviso a navegantes para las compañías, que
pueden consultarlas en detalle en el Plan Anual de Control Tributario de 2022.
Este, concretamente, establece que en el ámbito de los precios de transferencia
se considerarán de "riesgo fiscal" señales como: "las
reestructuraciones empresariales, la valoración de transmisiones o cesiones
intragrupo de distintos activos, señaladamente los intangibles, y la deducción
de partidas que pueden erosionar significativamente la base imponible, como los
pagos por cánones derivados de la cesión de intangibles o por servicios
intragrupo o la existencia de pérdidas reiteradas".
A partir de ahí, la ONFI ha desarrollado una "estrategia 360 grados" que busca
interrelacionar en un mismo procedimiento todas las operaciones vinculadas que
puedan afectar a un mismo grupo para evitar las controversias que surjan en
torno al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El organismo se sirve
para ello de un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos, que bebe
tanto del intercambio de información con terceros países como de los datos de
la Inspección.
De detectarse desacuerdos de calado entre las
prácticas de la empresa y los
especialistas del Fisco, Jones subraya como mejor vía la apertura de un
"procedimiento amistoso", que permite abrir una negociación entre las
partes para tratar de ajustar su cálculo de precios de transferencia o evitar
que la empresa sufra doble tributación por la misma actividad en diferentes
países. El responsable de la ONFI considera que este tipo de procedimientos son
un éxito, pues "evitan la doble imposición en el 99,9% de los casos"
y permiten resolver la controversia fiscal en un plazo de dos o tres años,
frente a los 12 que puede llegar a llevar esperar una resolución judicial firme
por parte del Tribunal Supremo, pone como ejemplo.
El promedio de los últimos años, reveló Jones,
arroja que la ONFI viene realizando una media de 370 procedimientos amistosos
al año, de los que concluye 94, sobre bases imponibles de 662 millones de
euros. A menudo, los procesos conllevan una negociación a tres bandas que
incluye a las autoridades tributarias de otros países para acordar dónde y cómo
debe tributar cada parte del negocio.
La otra figura clave para resolver la controversia en torno a los
precios de transparencia son los Acuerdos Anticipados de Precios (APAS), que
permiten pactar un modelo completo para toda la operativa de un grupo. El
esquema puede ser solicitado por la empresa en cualquier momento, aunque la
ONFI invita a pedirlos cuando acaba satisfecha con un acuerdo amistoso.
"Es una inversión, porque requiere un esfuerzo de documentación y pueden
llevar un año, dos o tres años, pero cuando concluimos uno con una gran
compañía no la volvemos a ver en 15 años", ilustra Jones, que recuerda que
una vez acordados estos modelos son vinculantes e incuestionables por la
Inspección, según ha reconocido recientemente el Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC). En este caso, el promedio de APAS
abordadas por la ONFI en los últimos años es de 162 cada ejercicio, de los que
se cierran 48 al año, con bases imponibles afectadas a cuatro años por valor de
2.618 millones.
Jones, que reconoce que la mayoría de las empresas
no incurren en modelos fiscales agresivos, insta a resolver las diferencias con
el Fisco a través de estas vías dialogadas.