La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha
avanzado que el Gobierno negociará con la Comisión Europea la futura reforma
fiscal, cuyas medidas tendrán que ser "compatibles" con el entorno de
crisis energética e inflación.
4
de agosto Expansión
Montero ha explicado en una entrevista con Efe que
hay reuniones previstas a lo largo del próximo trimestre "para trabajar juntamente
con la Unión Europea aquellas medidas que sean compatibles con la situación que
vive el conjunto de Europa" sin suponer un "esfuerzo añadido"
a las familias.
El Gobierno se había comprometido en el Plan
de Recuperación a implementar una reforma fiscal en la primera parte de
2023 que siguiera las
recomendaciones del grupo de expertos -que apuntaban especialmente al
transporte y la energía-, pero esta se ha ido retrasando ante el nuevo entorno
económico derivado de la guerra.
"Había que acomodar la reforma fiscal
a la coyuntura en cada momento", justifica, porque "no tiene
sentido incrementar la fiscalidad sobre determinados combustibles cuando
estamos practicando una bonificación".
Ahora, Montero aclara que negociará con Bruselas cómo se va a cumplir ese hito, lo que pasa por
medidas que no entren en "contradicción" con los objetivos de lograr
un crecimiento económico sostenible, "y por tanto verde",
así como una mayor justicia social, rebajando la brecha de recaudación con
otros países europeos.
El cumplimiento de todos los hitos del Plan de
Recuperación es imprescindible para que la Comisión autorice los desembolsos,
que en el caso del primer semestre de 2023 -donde se enmarca el compromiso de
la reforma fiscal- asciende a 7.000 millones de euros.
Las medidas no serán solo recaudatorias, ha
advertido la ministra, sino que tendrán el "afán" de modificar
conductas industriales y personales, así como alinear el impuesto de sociedades
con la directiva europea.
En cualquier caso, la ministra ha aclarado que si
-"ojalá"- la situación económica mejora, la intención del Gobierno es
abordar el próximo ejercicio otras medidas, como "una fiscalidad
medioambiental disuasoria de la utilización de combustibles
fósiles" y que fomente las renovables.
Impuestos a la banca y energéticas
Con respecto a los nuevos impuestos para
banca y energéticas, la ministra se ha mostrado confiada en la
"solvencia técnica y experta" de la ley para hacer frente a los
recursos que ya han avanzado las empresas.
"Era de esperar que aquellos llamados a hacer
(...) una mayor contribución a las arcas públicas no aplaudiese la
medida", ha reconocido, pero es de "sentido común" que
"aquellos que están ganando más dinero con motivo de la crisis
energética" y la subida de tipos "aporten" para financiar las
medidas para paliar los efectos de la inflación.
El diseño del sistema de control para que estas
cargas no se trasladen a los clientes corresponderá "de forma
independiente" a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que "tiene el talento y el conocimiento" para saber
"cómo y de qué manera tiene que vigilar" los mercados.
Montero confía en sacar adelante la medida en el
Congreso con los socios habituales del Gobierno, donde ha generado
"bastante consenso", aunque se ha mostrado abierta a negociar
modificaciones durante la tramitación.
En concreto, ha asegurado que analizará "la
letra" de la reclamación del PNV de modificar la norma para permitir la
gestión de los tributos a las haciendas forales del País Vasco y Navarra,
aunque ha advertido de que las enmiendas "no pueden desvirtuar el sentido
de la norma".
Presupuestos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya
negocia con sus socios parlamentarios los futuros presupuestos de 2023, que
defiende que se aprobarán porque "si el Gobierno de España está poniendo
encima de la mesa las cuentas públicas es porque tiene confianza en poder
llevarlas adelante".
En una entrevista con la Agencia Efe, Montero ha
avanzado que ya ha tenido "conversaciones con algunos de los socios
parlamentarios para poder promover" los futuros presupuestos, unos
contactos que se extenderán durante los meses de agosto y septiembre.
La pasada semana, el Gobierno aprobó el límite
de gasto no financiero para el próximo ejercicio y ha iniciado
"las conversaciones con Podemos para aprobar en tiempo y en forma el
proyecto de ley", lo que supondría llevarlo al Congreso antes de que
termine septiembre.
Posteriormente, la ministra prevé dialogar con
"el conjunto de socios que normalmente aprueban las cuentas
públicas", aunque matiza que ya ha mantenido "conversaciones"
con el PNV y ERC en el marco de la aprobación del techo de gasto y la
referencia de déficit autonómico.
De lograr aprobar las cuentas del próximo
año, 2023 sería el tercer año consecutivo que arranca
con presupuestos aprobados. Los dos anteriores superaron el trámite
en el Congreso con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu,
PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.
IVA a los productos de higiene femenina
En el marco de estas negociaciones, Montero abre
la puerta a que se puedan incorporar a las futuras cuentas algunas medidas
fiscales, siempre que sean compatibles con las políticas para paliar los
efectos de la guerra en Ucrania.
"No descarto que se puedan incorporar algunas
medidas", señala, y alude específicamente a la bajada del IVA para los
productos de higiene íntima femenina y a "toda la
parte medioambiental".
Sin embargo, afirma tajante que retomar la
propuesta de equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina "en
este momento no sería razonable", aunque no descarta "hacerlo a lo
largo de la legislatura, una vez que pase el nubarrón" de la guerra en
Ucrania.
Los presupuestos tampoco incorporarán la deflactación
de la tarifa del IRPF -el ajuste de los tramos a la subida de salarios
derivada de la inflación- porque "las bajadas masivas de la fiscalidad
están contraindicadas" para contener la inflación, ya que pueden provocar
"efectos de segunda ronda que puedan cronificar una situación
transitoria".
Funcionarios
Con respecto a la subida de los sueldos de
los funcionarios y empleados públicos, Montero insiste en su intención de
incluirlos en el futuro pacto de rentas y asegura que, de no
ser posible, negociará con los sindicatos la actualización que tendrá que ser
"muy prudente" para evitar efectos de segunda ronda.
La inflación será uno de los aspectos clave que
marcarán la política económica de los próximos meses, lo que afecta también a
los presupuestos, pero Montero trabaja sobre la perspectiva de que las medidas
adoptadas hasta ahora sean eficaces y, "ojalá", la guerra en Ucrania
haya finalizado a final de 2022.
A pesar de ello, la ministra deja la puerta
abierta a "reeditar algunas de las medidas" implementadas hasta ahora
para atajar la inflación -entre las que figura la bonificación a los
carburantes o la bajada de los impuestos eléctricos- más allá de diciembre o a
modificarlas.
"Si cuando se acerque diciembre es necesaria
la prórroga de alguna de ellas, así lo haremos", zanja.
Transferirá 210 millones a Renfe por los
descuentos en los abonos
Montero también ha contado que el Ministerio de Hacienda
transferirá a Renfe 210 millones de euros para sufragar la gratuidad de
los abonos de Cercanías, Rodalies y media distancia decretada por el
Gobierno.
El objetivo de esta transferencia de recursos es
que la gratuidad de los servicios en los cuatro últimos meses del año "no
suponga una presión añadida a la cuenta de resultados" de la operadora
ferroviaria.
La gratuidad de los abonos forma parte del paquete
de medidas aprobadas por el Gobierno para fomentar el ahorro energético, entre
las que también figura la limitación de la temperatura en los edificios
públicos. Además, el Ejecutivo ha aprobado una dotación de 450 millones para
empresas de transporte de mercancías y de pasajeros que, ha detallado Montero,
es fruto del diálogo con el sector.
EL PP DESCONFÍA DE LA NUEVA PROPUESTA DE
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El vicesecretario de Economía del PP, Juan
Bravo, desconfía de la nueva propuesta sobre financiación autonómica
vinculada a la población ajustada que Montero, propondrá a las comunidades
autónomas después del verano.
En una entrevista con RNE dice que podría ser
"un mensaje fantástico", si no fuera porque en el último Consejo de
Política Fiscal se anunció que no iba a haber un nuevo modelo, porque "las
comunidades autónomas no se ponían de acuerdo".
Ha incidido en que han pasado cuatro años desde
que Montero reclamaba como consejera de la Junta de Andalucía 900 millones de
euros más para la comunidad y, sin embargo, después de este tiempo "no se
ha hecho nada con el sistema de financiación".
Bravo ha asegurado que la reforma del modelo
"sería una buena noticia", porque "es necesaria para comunidades
como Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha o, incluso, Andalucía,
pero la realidad no apunta a eso". "No soy muy optimista, los hechos
y los antecedentes nos hacen pensar que esa no es la voluntad", ha
insistido.
El nuevo sistema de financiación autonómica está
actualmente pendiente de que el Ministerio resuelva las alegaciones presentadas
por las comunidades a la propuesta de Hacienda para el cálculo de financiación
según la población ajustada, el cálculo que se pretende hacer de
cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como
la población envejecida o la dispersión de la población. El objetivo es medir
el gasto de cada autonomía de acuerdo con esta variable.
Sobre el plan de ahorro energético, el
dirigente del PP ha subrayado que nadie discute que hay que trabajar en favor
de la eficiencia energética, pero ha recalcado que "la principal crítica
es hacerlo de manera unilateral". "No se puede pedir esfuerzo a los
ciudadanos mientras tomamos el avión o helicóptero y trasladamos el mensaje
contrario", ha afirmado.