Hacienda recaudaría unos 2.300 millones, 1.100
millones más que lo habitual
Montero anuncia un tributo temporal a partir de
enero de 2023
23 de
septiembre GESTHA
Hacienda gravará de forma temporal a las grandes
fortunas que consiguen escapar del impuesto sobre el patrimonio gracias a su
residencia fiscal. Según explican fuentes conocedoras, lo hará creando un
tributo especial que afecte también a las regiones que bonifican en su
totalidad Patrimonio, como hace Madrid desde hace años y harán Andalucía y
previsiblemente Murcia a partir del ejercicio próximo. Esta fórmula, explican,
es la más lógica desde el punto de vista de la arquitectura fiscal.
La ministra del ramo, María Jesús Montero, pidió
ayer en el Congreso un “mayor esfuerzo” a los grandes patrimonios y avanzó que
“el Gobierno está trabajando” en la posibilidad de crear un nuevo impuesto
especial para los más ricos, en línea con la propuesta de Unidas Podemos. La
nueva figura impositiva, de la que todavía no se conocen detalles, entraría en
vigor en 2023, una vez que los técnicos del ministerio diseñen su articulado.
MÁS INFORMACIÓN
Según explica el secretario general del sindicato
de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, “creemos que este
impuesto temporal será un gravamen de naturaleza estatal para quitar
competencia normativa a las comunidades” y así evitar su supresión. Tampoco
habría cesión de esos ingresos a las autonomías, “ya que no tendría lógica
darle lo recaudado a una región que previamente ha eliminado el impuesto”. A su
vez, con el objetivo de evitar una doble imposición en las regiones que no
eliminan Patrimonio, “se descontará lo pagado hasta el límite de lo que resulte
del gravamen”. Es decir, con esta fórmula los contribuyentes de las comunidades
sin bonificaciones no abonarían el tributo dos veces.
Desde Gestha estiman que estos cambios permitirían
ingresar unos 1.000 millones de euros más al año que lo que recauda hoy por Patrimonio. En total, cerca de 2.300
millones al año. La cifra final es el resultado de sumar a los 1.200 millones
de euros que se obtuvieron en 2020 gracias a este impuesto los 1.100 que dejó
de ingresar Madrid, la única región que entonces bonificaba totalmente esta
figura impositiva.
El impuesto sobre el patrimonio afecta con carácter general a los contribuyentes
que poseen bienes por un valor superior a los 700.000 euros, excluyendo la
vivienda habitual hasta 300.000 euros. Sin embargo, desde Gestha creen que
podría aumentarse este umbral de patrimonio hasta una cifra superior, que parta
del entorno de los dos millones.
Alberto García Valera, socio responsable del área de Tax Policy,
también ve posible que Hacienda opte por una suerte de rediseño de Patrimonio y
por unos umbrales más elevados. Es la opción “más lógica, dado que es poco
probable que se graven más todavía los rendimientos del trabajo”.
Una posibilidad, prosigue, es modificar la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio
para eliminar la posibilidad de que haya bonificaciones, “pero es poco elegante
con las autonomías”. Lo más sensato desde el punto de vista jurídico, añade, es
un impuesto especial sobre el patrimonio de carácter extraordinario bien
argumentado y que, para evitar la doble imposición, establezca una deducción sobre
lo ya gravado. Tiene un elemento de justificación económica más complejo,
señala, pero “si se articula correctamente sí puede tener encaje
constitucional”.
Con esta medida, el Ejecutivo central responde a las autonomías gobernadas por el Partido
Popular y sitúa la fiscalidad en primera línea de batalla de cara a las
elecciones generales que se celebrarán el año próximo.
La ofensiva fiscal, sin embargo, va más allá de la tasa temporal
sobre los grandes patrimonios. Fuentes de la Comisión Europea han recordado
esta semana al Gobierno que tiene comprometida una reforma tributaria que,
según el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
firmado con Bruselas, debe ver la luz a principios de 2023. En el ojo del
huracán se encuentra la polémica armonización fiscal entre comunidades
autónomas, que evitaría que ciertas regiones bonifiquen en su totalidad
impuestos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.
Según explican desde la Comisión, el diseño de
esta reforma está "en curso" y tiene el objetivo principal de
coordinar y unificar a nivel regional los tributos de carácter estatal para
evitar una competencia fiscal a la baja entre autonomías, algo que también
sugirió el grupo de expertos que redactó el Libro Blanco para la reforma fiscal.
Las mismas fuentes comunitarias insisten en que "hay que dar apoyo a los
hogares más necesitados y vulnerables" en un contexto de subida de precio.
"Hacen falta más ingresos y hace falta que la recaudación sea lo más
eficiente y eficaz posible".