La ministra de Hacienda asevera que se centrará en impulsar el nuevo impuesto a las firmas energéticas mientras Unidas Podemos exige una reforma tributaria que eleve la presión sobre grandes fortunas y empresas.
7
de julio Fuente Expansión
El Gobierno
da ya oficialmente por aplazada "la reforma fiscal copleta", que
tenía previsto impulsar en el arranque del próximo año a partir del Libro
Blanco elaborado por el comité de expertos académicos conformado por Hacienda,
dada la crisis inflacionista y la incierta situación económica que deja la
invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Así lo
confirmó ayer la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús
Montero, después de que EXPANSIÓN avanzara el pasado lunes 4 de julio que el
Ejecutivo había decidido aparcar la medida estrella de la reforma fiscal, la
armonización autonómica de Patrimonio y Sucesiones, y que el resto de grandes
medidas quedaban en el alero dada la escalada de precios y la convulsión
provocada por el conflicto bélico que ha estallado a las puertas de la Unión
Europea.
De hecho,
el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, a finales de febrero, ya provocó
que Montero asegurara que no se produciría "ningún alza fiscal
inmediata" en el mismo acto en el que el comité de expertos le hizo
entrega del Libro Blanco para la reforma tributaria, el pasado 3 de marzo.
Ayer, sin embargo, la ministra fue aún más lejos y dejó claro que dada la
"coyuntura económica complicada", que amenaza con volver a dirigir a
una recesión a algunas de las principales economías internacionales, el
Gobierno ha decidido aplazar definitivamente "la reforma fiscal
completa". Una determinación, recogida ayer por El País, que la ministra
confirmó a los medios de comunicación, según informa Servimedia, antes de
inaugurar en Santander el curso de verano Conciencia fiscal en España: dónde
estamos y cómo podemos mejorar', organizado por el Instituto de Estudios
Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
En todo caso,
Montero aseguró que el Gobierno seguirá trabajando en garantizar "una
redistribución y un reparto más justo" del impacto de la guerra, y recordó
que su Ministerio ultima la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes
empresas energéticas del país que entrará en vigor en 2023 y permitirá gravar
los beneficios extraordinarios logrados por el sector este ejercicio. Para
diseñar esta nueva figura tributaria, Hacienda está estudiando el ejemplo de
Italia, que ya actuó en este mismo sentido.
La reforma
fiscal, no obstante, había sido anunciada para acabar con la brecha de
recaudación tributaria existente entre España y la media de países de la UE, de
unos siete puntos. Aunque la inflación está ayudando a lograr coyunturalmente
unos ingresos públicos récord, el Ejecutivo tenía en mente una reforma
estructural que, de hecho, fue comprometida con la Comisión Europea en el Plan
de Recuperación como parte del paquete de medidas a aprobar a cambio de las
ayudas comunitarias. El retraso, que dada la incertidumbre económica y el
calendario electoral (con comicios autonómicos el próximo mayo y elecciones
generales a finales de 2023), promete dejar cualquier decisión de calado para
la próxima legislatura, puede hacer que la UE penalice a España en el reparto
de fondos por incumplimiento de hitos.
Más allá,
el anuncio abrió un nuevo frente en el seno del Gobierno de coalición. La
ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, reclamó
ayer en TVE "una reforma fiscal ambiciosa y urgente", argumentando
que "no se puede posponer" dada la necesidad de "que las grandes
empresas y fortunas contribuyan" más.