TJUE, Sala Segunda, S 3 sep. 2014. Asunto C-127/12. Ponente: Da Cruz Vilaça, José Luis

El Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del sistema tributario español discrimina sin justificación objetiva a los no residentes y a las disposiciones de bienes situados fuera del territorio español, al no poderse beneficiar en estos casos el contribuyente de determinadas ventajas fiscales, que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de las comunidades autónomas; restricción de la libre circulación de capitales, prohibida por el Tratado de la Unión.

Rechaza de plano el Tribunal el argumento defensivo del Reino de España en virtud del cual existe una diferencia objetiva de situación por el hecho de ser las Comunidades Autónomas competentes para establecer la escala de imposición y de ello el tipo de gravamen aplicable en su territorio a la base liquidable. Para que una normativa fiscal nacional pueda distinguir entre los residentes y los no residentes o entre los bienes situados en el territorio nacional y los situados fuera de él, de modo compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o que esté justificada por razones imperiosas de interés general, y no lo es la antedicha. Prevista expresamente la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan reducciones fiscales que sólo se aplican en caso de conexión exclusiva con el territorio de esas Comunidades, es este, el criterio de conexión, el que provoca la denunciada discriminación. La posibilidad de que en virtud de la legislación estatal se dé un trato diferente a los sujetos pasivos en función de su residencia, aun cuando se encuentren en una situación comparable, basta para tipificar una restricción de la libre circulación de capitales, con independencia de si todas las Comunidades Autónomas han ejercido o no la facultad prevista por la legislación estatal.

Siendo que la propia normativa nacional coloca en el mismo plano a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los residentes y los no residentes, o a los bienes situados en el territorio nacional y los situados fuera de éste, esta misma normativa no puede, sin incurrir en discriminación prohibida, tratar de manera diferente en el marco del mismo impuesto a esas dos categorías de sujetos pasivos o de bienes en lo que refiere a reducciones fiscales; y efectivamente, la controvertida normativa considera en principio a los herederos o los donatarios, sean residentes o no residentes, como sujetos pasivos a efectos de la tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sobre los bienes inmuebles situados en España, por lo que carece de justificación la diferenciación entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente.

En consecuencia con lo razona, el Tribunal de Justicia emite su fallo declarando que el Reino de España ha incumplido las obligaciones de la Unión Europea al establecer en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste.