Entre esas facultades
estaría la de obligar a los fabricantes a priorizar envíos de bienes
estratégicos a otras empresas seleccionadas por Bruselas
2
de septiembre fuente CincoDias
La Comisión Europea (CE) sopesa la posibilidad de
atribuirse poderes para obligar a fabricantes a priorizar envíos de bienes
estratégicos a otras empresas seleccionadas por Bruselas, so pena de una multa
de hasta 300.000 euros, en situaciones de emergencia a nivel europeo, como fue
el caso de la pandemia de coronavirus.
Un borrador de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso Efe, detalla la
propuesta de creación de una nueva herramienta, bautizada como
"Instrumento de Emergencia del Mercado Único", que buscará
"asegurar la disponibilidad de bienes y servicios relevantes durante una
crisis", así como la libertad de movimiento tanto de estos bienes y
servicios como de las personas, algo que no siempre se respetó durante la
crisis sanitaria en 2020.
El plan de la Comisión, que el organismo prevé
presentar dentro de dos semanas y al que tendrán que dar su visto bueno el
Consejo (los países), recoge también la creación de un "grupo asesor"
compuesto por un representante de cada país de la Unión Europea y, dependiendo
de la situación, miembros de la industria o de foros sectoriales relevantes.
Este grupo tendría la capacidad de "aconsejar
sobre la necesidad de activar las fases de vigilancia o emergencia" ante
una situación de crisis y sobre el uso de los instrumentos que prevé el plan,
como las mencionadas recomendaciones u obligaciones para la industria y los
Gobiernos o "medidas que vayan más allá", como potenciales
restricciones a las exportaciones.
La Comisión plantea atribuirse la capacidad de
"primero invitar y luego exigir si es necesario" que los fabricantes entreguen "productos
relevantes durante una crisis a los operadores económicos identificados por la
Comisión antes que a cualquier otro cliente".
El documento apunta también al problema que supone
la ausencia de un proceso estandarizado para intercambiar información sobre
capacidades de producción de ciertos bienes "de cara a analizar ciertos
riesgos o responder a emergencias en el mercado único" de la UE.
Para paliar esta deficiencia, sugiere que se creen
"solicitudes de información concreta" a las empresas (que podrían
volverse vinculantes) y una obligación para los Estados miembros de
"vigilar las cadenas de producción de bienes y servicios de importancia
estratégica", para adelantarse a posibles cuellos de botella o
limitaciones de los proveedores, por ejemplo.
En el caso de que las empresas no cumplieran con
la obligación de informar sobre sus capacidades de producción o no priorizaran
a los clientes determinados por la Comisión, Bruselas podría imponer multas no
superiores al 1,5% de la facturación media diaria mientras no se cumpla con el
requerimiento, una sanción que nunca superaría los 300.000 euros, en cualquier
caso.