La Inspección laboral compartirá más datos con la
Agencia Tributaria para encontrar fraude fiscal y a la Seguridad Social en las
compañías. Los informes serán automáticos y harán perfiles de riesgo de las
empresas.
16
de septiembre Fuente Expansión
La vigilancia y el control a las empresas
aumentará este año de forma notable. La Agencia Tributaria ha firmado un convenio de colaboración con la
Inspección de Trabajo para compartir más información de sus bases de datos y de
forma automática con el objetivo de encontrar fraude fiscal y a la
Seguridad Social en las compañías.
Aunque las dos administraciones ya cruzan
datos desde el año 2011, el nuevo convenio aumentará la vigilancia y
establece, además, el envío de la información de contribuyentes, trabajadores y
empresas de manera automática. "A la vista de los resultados positivos
derivados de la colaboración, que ha permitido incrementar la eficacia de las
actuaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles,
sería muy beneficioso avanzar en el intercambio de información", destaca
el nuevo convenio. El nuevo acuerdo amplía la transmisión telemática de datos
entre las partes.
Además, la información se enviará sin ninguna
autorización por parte de los ciudadanos. "El suministro de información regulado en el presente convenio no
precisará la autorización de los interesados", destaca el convenio.
El proceso se hará de manera automatizada.
Los datos suministrados por la Agencia Tributaria serán los declarados por los
contribuyentes y demás obligados a suministrar información sin que, con
carácter general, se sometan a actividad alguna de verificación previa a su
automatización.
Además, se compartirán las informaciones de las
actuaciones de comprobación e investigación realizadas por los
respectivos órganos con facultades de control, como pueden ser las áreas de Gestión e Inspección
de la Agencia Tributaria.
El convenio justifica esta medida para "la
identificación de los perfiles de los tipos de empresas que defraudan y el
reconocimiento de las conductas fraudulentas que se manifiestan con mayor
frecuencia en materia fiscal y a la Seguridad Social, así como la adopción de
las medidas preventivas y de corrección". Además, la
Administración usará el cruce de datos entre los dos organismos para "la
identificación de aquellos fraudes a la Seguridad Social que puedan ser
definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal, así como de los
fraudes fiscales que se puedan utilizar como indicador adelantado de riesgo de
fraude en materia de Seguridad Social".
La información obtenida a través de este sistema
servirá además para implantar estrategias de control y prevención. En concreto,
permitirá a la Administración "el diseño y determinación de las medidas a
adoptar, con objeto de prevenir conductas fraudulentas, respecto de
empresas que respondan al perfil que se haya determinado como de empresa
defraudadora". Además, se utilizarán para el "diseño de planes de
control con elementos comunes, y coordinación funcional de su ejecución".
¿Análisis de 'Big Data'?
"Este convenio es novedoso por cuanto
incorpora muchos aspectos de derecho digital que demuestran de qué manera el
propio sector público se va adecuando a los cambios normativos que modelan la
nueva sociedad conectada", afirma Francisco Pérez Bes, Socio de
Derecho digital en Ecix Group. "Así, por ejemplo, las referencias a la
necesidad de implementar las obligaciones de ciberseguridad previstas en el
Esquema Nacional de Seguridad, el diseño de un proceso de gestión de riesgos de
seguridad basado en esquemas de compliance, o la previsión de implantación de
un proceso de gestión de incidentes de ciberseguridad, dejan ver el claro
componente tecnológico de una colaboración de esta naturaleza", añade este
experto.
En particular, el nuevo convenio recoge una previsión
para la utilización de lo que denomina "modernas tecnologías". Con este sistema, el acuerdo prevé el desarrollo
de perfilados de tipos de empresas que defraudan o,
especialmente, lo que el convenio denomina fraudes "que puedan ser
definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal o en materia de
seguridad fiscal".
"Queda por definir si el convenio se está
refiriendo a, como parece, la aplicación de técnicas de análisis de Big
Data mediante software predictivo basado en algoritmos e inteligencia
artificial, incluso con toma de decisiones automatizadas, y si los resultados
obtenidos pueden derivar en la elaboración de listas negras de empresas
consideradas potencialmente infractoras o con tendencias defraudatorias",
explica Francisco Pérez Bes. "Este supuesto podría provocar controversias
jurídicas relevantes que, incluso, pueden desembocar en procedimiento en los
cuales se exijan responsabilidades a la Administración", añade.
Pérez Bes considera que "este tipo de colaboraciones van, sin duda, a resultar
eficaces en la lucha contra el fraude". Sin embargo, el experto precisa
que "no debe dejar de preocuparnos que un uso inadecuado, o
sin controles suficientes, de la tecnología pueda llevar a la Administración a
capacidades de control excesivas y a conclusiones erróneas que puedan llegar a
perjudicar los derechos de los contribuyentes".
La Administración se basará en los datos de sus
servidores. Respecto al soporte
para llevar a cabo el intercambio, el sistema de suministro se basa en las
modernas tecnologías, tal y como establece la Ley General Tributaria,
que dispone que en los casos de cesión, la información tributaria deberá ser
suministrada por vía telemática.