El Gobierno ha decidido que los ciudadanos
soporten todo el sacrificio de la inflación, porque se niega a deflactar la
tarifa del IRPF, y sube y crea nuevos impuestos para alimentar el crecimiento
del gasto público.
12 de Agosto Fuente Expansion
La publicación del IPC del mes de julio ha confirmado lo que ya había anticipado su
indicador adelantado. Un mes más, la inflación se encuentra desbocada. El IPC
ha sobrepasado por segundo mes el 10%, hasta el 10,8% en julio, que muestra una
subida de 6 décimas, pero lo más preocupante es que la inflación subyacente
asciende al 6,1%, con un ritmo creciente mes tras mes (6 décimas también en el
mes de julio). Eso quiere decir que la subida de precios se ha enroscado ya de
manera permanente en todo el sistema productivo, porque las empresas no podían
soportar más el alza de costes.
Esta espiral inflacionista, iniciada en noviembre del año pasado, de momento
parece no tener fin. Los precios industriales superan incrementos interanuales
del 40% durante varios meses seguidos; el precio de la energía sigue altísimo;
los carburantes apenas ceden y se mantienen en cotas muy elevadas; y hacer la
compra se ha encarecido muy notablemente.
Las más perjudicadas son las rentas bajas, que tienen una mayor propensión al consumo, es
decir, que consumen una mayor parte de su renta respecto a los ciudadanos con
rentas altas. De esta manera, agotan su capacidad de ahorro y soportan un
esfuerzo mayor sobre sus ingresos en el pago de impuestos derivado de la
inflación, pero el Gobierno se niega a deflactar la tarifa del IRPF y a bajar
impuestos, asfixiando a las familias y a las empresas mientras él incrementa
transitoriamente la recaudación por el efecto inflacionista, al tiempo que ceba
los cuellos de botella con un incremento de gasto desmedido, que la economía no
puede permitirse y que empobrece a todos por doble vía directa y por otra
indirecta. Las dos directas son el incremento del endeudamiento y la presión
sobre los precios; la indirecta, la pérdida de puestos de trabajo que originará
el deterioro económico que producirá lo anterior, aunque ahora la
estacionalidad lo mitigue, pero incluso así se percibe una desaceleración
notable, con la primera destrucción de empleo de toda la serie -en forma de menos
afiliados a la Seguridad Social- de un mes de julio, y con el descenso de un
6,8% en la creación de empresas y el aumento de un 8,1% en la disolución de
sociedades, unido a la menor inversión extranjera recibida -13.306,77 millones
de euros menos que los que se recibían cuando Sánchez llegó al Gobierno-.
Ese deterioro económico, probablemente, se acelerará en otoño, debido a
que, para entonces, todos los ahorros se habrán esfumado entre la subida de
precios y el gasto vacacional -quien haya podido hacerlo-. A ello se añadirá el
incremento de las cuotas hipotecarias mensuales en las hipotecas a tipo
variable, que drenará recursos de la renta disponible tanto para el consumo
como para el ahorro. Al disminuir su consumo, disminuirá la producción; así, al
disminuir la producción, disminuirá la actividad; al disminuir la actividad,
disminuirá el empleo. Del mismo modo, la financiación del sector público se
encarecerá, mermando recursos para servicios esenciales, y la empresarial
también, de manera que puede disminuir todavía más la actividad empresarial en
España generadora de actividad. Asimismo, la ausencia de reformas empeora las
expectativas de familias y empresas, de forma que eso puede incidir
negativamente en el corto plazo, al anticiparlas. Esa ausencia de reformas hace
que nuestra productividad y competitividad, antes mencionadas, no mejoren, sino
todo lo contrario, con el problema estructural que supone para la economía.
Se ha descuidado la atención a la inflación de
manera equivocada, pues no
debemos obviar lo peligrosa, por perniciosa para toda la actividad económica,
que es, pues introduce un elemento que no aporta nada positivo, sino que
encarece toda la actividad económica, la hace menos competitiva y puede crear
un círculo vicioso que lastre el desarrollo económico durante tiempo. Los
bancos centrales reaccionaron tarde, pero la Reserva Federal ha intensificado
de manera importante su política monetaria, hasta elevar los tipos y dejarlos
entre el 2,25% y el 2,50%, y el BCE ha subido 50 puntos básicos. Ambas
instituciones prevén nuevas alzas en el mes de septiembre. Han llegado tarde, y
por eso ahora tiene que ser más intensa la contracción monetaria, pero han
empezado a luchar contra la inflación.
Ahora bien, paralelamente, para evitar que se deteriore más la economía, como antes he
mencionado, es preciso que se realicen reformas para agilizar la actividad, que
se bajen impuestos, que se deflacte la tarifa del IRPF y que se elimine el
gasto ineficiente.
Sin embargo, el Gobierno se niega a ver la
realidad económica: en lugar de ajustar el gasto público, disminuirlo y asumir
el esfuerzo, el Gobierno ha decidido que todo el sacrificio y quebranto
derivados de la inflación lo soporten ciudadanos y empresas, a los que castiga
con ella, que es el peor y más peligroso de los impuestos, mientras, como hemos
dicho, él incrementa su recaudación a costa de dicha inflación confiscatoria
que exprime a los contribuyentes. Los únicos ejes sobre los que se asienta la
política del Gobierno son más gasto, más impuestos y parches y restricciones
energéticas, pero no tiene ni un plan eficaz, y eso dibuja una muy mala
perspectiva.
Es más, con los nuevos impuestos que quiere
imponer, el energético y el
bancario, sólo conseguirá perjudicar más a los ciudadanos y al conjunto de la
economía, pues puede provocar una disminución de oferta energética y
encarecimiento de sus precios; una disminución del crédito bancario para
compensar la pérdida de solvencia que les provocará el impuesto a las entidades
financieras, que afectará a un menor dinamismo de la economía; y un efecto de
doble imposición, al no dejar deducirse este impuesto en el de Sociedades;
pero, también espoleará la inflación. De esta forma, el Gobierno, con su actitud,
empobrece a la economía española, con pérdida de poder adquisitivo y de
competitividad, que puede provocar efectos todavía mucho peores, especialmente
en las rentas más bajas, muchas de las cuales tienen ya serias dificultades
para poder cubrir sus gastos y necesidades, en definitiva, para poder llegar a
fin de mes.
José María Rotellar, profesor de la UFV