Escrivá reconoce que la Comisión prefiere que el actual mecanismo de equidad prevea los ajustes hasta 2050 y no se tenga que reevaluar en 2032 para tomar nuevas medidas

9 de agosto Fuente CincoDias

La Comisión Europea considera que el mecanismo de equidad intergeneracional incluido por España en la primera parte de la reforma de las pensiones que entró en vigor en enero pasado no supone un ajuste de gasto lo suficientemente automático para moderar el gasto y poder hacer previsiones a medio y largo plazo de la sostenibilidad del sistema.

Así lo reconoció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista publicada ayer en el diario El País, donde explicó que Bruselas no está segura de que, tal y como reclama la Comisión, el mecanismo ideado por el Gobierno de España tenga el mismo efecto moderador (del gasto) sobre el sistema que el derogado factor de sostenibilidad. Y lo pone en cuestión, según dice el ministro, porque la herramienta debe reevaluarse en 2032 en lugar de que los ajustes que se apliquen sirvan hasta 2050.

Ante esto, el ministro defendió en esta entrevista el mecanismo de equidad, diseñado por su departamento y aprobado en diciembre pasado, precisamente por ser “semiautomático” y no automático del todo. Así, esta herramienta crea una sobrecotización para los próximos 10 años cuya recaudación se destinará a financiar el incremento del gasto en pensiones por la llegada a la jubilación de los trabajadores nacidos durante el baby boom a partir de mediados de la presente década. Posteriormente, a partir de 2032 será el Gobierno que ocupe la Moncloa ese año el que deberá decidir si lo recaudado es o no suficiente y, de no serlo, tendrá que decidir las medidas o bien de aumento de ingresos, de ajuste de gasto vía cuantía de las pensiones o una combinación de ambas cuestiones.

Desde la Seguridad Social consideran que una regla semiautomática es más adecuada que una automática que dure hasta 2050, como el derogado factor de sostenibilidad –que acometía pequeños ajustes de las nuevas pensiones cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida–. Y el motivo por el que defienden este tipo de reglas es, simplemente, porque aseguran que la experiencia ha demostrado que los Gobiernos futuros no siempre aceptan este tipo de mecanismos –como ha ocurrido con los dos factores aprobados por el anterior Gobierno del PP que ha sido ahora derogados y sustituidos por otros.

Asimismo, el equipo de Escrivá viene destacando desde hace tiempo que tendencia de las grandes instituciones internacionales es ir abandonando las reglas automáticas por mecanismos más flexibles, porque los más rígidos o automáticos pueden incluso acelerar los efectos negativos en la economía, como pudieron ser las consecuencias adversas de las medidas de austeridad en la anterior crisis financiera.

Además, los responsables del sistema de pensiones creen que el único motivo por el que Bruselas exige la automaticidad de dicho mecanismo de ajuste es porque para los equipos técnicos de la Comisión es más fácil a la hora de hacer sus proyecciones.

Dicho esto, desde Seguridad Social tienen previsto aprovechar las reuniones técnicas que se producirán en lo que resta de año para negociar la segunda fase de la reforma de pensiones para intentar convencer a los técnicos de Bruselas de la bondad del mecanismo español de equidad intergeneracional. Pero si no lo lograra, Escrivá reconoce que tendrá que modificarlo para introducir “algún tipo de automatismo”.

En cualquier caso esas reuniones se prevén complicadas para el equipo de Escrivá, ya que además de abordar la cuestión del citado mecanismo de equidad tendrán que hablar sobre nuevos ajustes relacionados con la fórmula para calcular la pensión y, en concreto, con el número de años que se tienen en cuenta para calcularla. Bruselas exige una ampliación de esos años, ahora fijados en los últimos 25 años de la carrera laboral del trabajador, lo que supondría para la mayoría de los ocupados un recorte de la cuantía inicial. Pero Escrivá defiende que esta ampliación solo se aplicará si beneficia al trabajador (esto es, si sus últimos años de carrera laboral han sido peores que los del principio), lo que no redundaría en un menor gasto en pensiones, que es lo que quiere la Comisión con esta medida.