Los nuevos límites de déficit y deuda pública obligarán al Gobierno a presentar a la UE un plan de ajustes en septiembre que limita su margen para ampliar el techo de gasto, exige más ingresos y amenaza con retrasar el Presupuesto.

3 de mayo Expansión

Descartada la renuncia voluntaria del presidente, que ha pasado cinco días reflexionando sobre ella, el hito que marcará el futuro de la legislatura y la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno será su capacidad para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2025. Dada la minoría parlamentaria del Ejecutivo de coalición, su aprobación pasará por contentar a los socios de investidura con un proyecto presupuestario en el que, sin embargo, Hacienda ha perdido margen de actuación con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales esta semana. Los renovados límites de déficit y deuda ya han llevado al Gobierno a prometer un alza de la presión fiscal para 2025, mientras que limitarán su capacidad de ampliar el techo de gasto y le obligarán a presentar un plan de ajustes en septiembre que amenaza con retrasar el proyecto presupuestario.

El actual Gobierno arrancó la legislatura anunciando que impulsaría un proyecto presupuestario extemporáneo para 2024 que incrementaría el límite de gasto no financiero hasta los 199.120 millones de euros, lo que excluyendo los fondos europeos arrojaba un aumento de recursos nacionales del 9,3%, hasta los 189.215 millones. La convocatoria anticipada de elecciones catalanas, para el próximo 12 de mayo, llevó al Ejecutivo a abortar sus planes y reservarse ya para el proyecto presupuestario de 2025. Un horizonte para el que la llegada de las nuevas reglas fiscales complicará retomar aquel alza de gasto de 16.000 millones.

El nuevo marco de gobernanza europeo ha sido forjado bajo la presión contrapuesta de los países que priorizan la ortodoxia presupuestaria y los que priman preservar el crecimiento económico y las inversiones estratégicas. Como resultado, las nuevas reglas fiscales mantienen los tradicionales límites de déficit, en el 3% del PIB, y deuda, en el 60%, recogidos en los tratados comunitarios, pero permiten a los países abordar sendas de consolidación personalizadas. Quienes se sitúen por encima de los umbrales permitidos tienen hasta el 20 de septiembre de este año para presentar un plan de ajustes plurianual, a cuatro años, ampliables a siete si incluye reformas estructurales, que garantice una senda descendente de la deuda a 10 años vista desde su conclusión. Los países contarán con una trayectoria de referencia fijada por la Comisión Europea sobre sus límites de gasto. A partir de ahí, Alemania logró incluir salvaguardas de ajuste común que fija que los países con un exceso de déficit deban tomar medidas para reducir su umbral al 1,5%, y exigen un ajuste de un punto anual de deuda cuando esta supere el 90% o de medio punto si se sitúa entre el 60% y dicho umbral.

En el caso de España (hoy en el 3,6% de déficit y 107,7% de deuda), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que el plan a presentar en septiembre deberá garantizar un ajuste de 0,63 puntos de PIB anuales durante el periodo 2025 a 2028 (2,52 puntos en total) o, si como es de esperar se aprovecha el margen para acometerlo en sietes años, de 0,43 puntos anuales entre 2025 y 2031 (3,01 puntos acumulados). El Banco de España estima que el ajuste a siete años será de medio punto de PIB anual. Como resultado, los cálculos indican que el Gobierno deberá proponer medidas de rebaja del gasto e incremento de los ingresos por valor de entre 6.000 y 9.000 millones anuales.

Así, aunque en condiciones normales el Ministerio de Hacienda debería poner en marcha la máquina presupuestaria en julio impulsando el techo de gasto para el próximo año y la senda fiscal, los planes del Ejecutivo corren el riesgo de convertirse en papel mojado frente a la hoja de ruta plurianual a pactar con la Unión Europea en septiembre, lo que podría retrasar el diseño definitivo del proyecto presupuestario hasta tener atado el plan de ajustes definitivo.

Reforma fiscal pendiente

Las nuevas reglas fiscales comunitarias entraron en vigor el pasado martes tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, justo a tiempo de ahorrar a los Estados miembros tener que remitir el tradicional Programa de Estabilidad. España, no obstante, optó por enviar voluntariamente un documento de actualización de sus previsiones fiscales y económicas de una quincena de páginas, frente a las 125 de la edición anterior. Pese a ello, el Gobierno aprovechó el documento para prometer a Bruselas un incremento de los ingresos públicos sobre PIB desde el 42,6% de 2024 al 42,9% en 2025, alza que fundamenta básicamente en el incremento de los impuestos directos y las cotizaciones sociales. A partir de ahí, está por ver si Hacienda se verá obligada a tomar nuevas medidas impositivas en el marco de la reforma fiscal que ha pactado con la Unión Europea acometer a cambio del quinto desembolso de fondos Next Generation.

El Gobierno, que también revisa al alza una décima el crecimiento del PIB en 2025 hasta el 1,9%, calcula a su vez que el gasto público descenderá del 45,6 al 45,4%, lo que le permite intensificar su compromiso de reducción del déficit al 2,5% para 2025.

ANULAR EL DERECHO DE VETO AL SENADO PARA FACILITAR UNA TRAMITACIÓN EXPRÉS

Consciente de la dificultad añadida que supone la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2025, al dejar menor margen de gasto para contentar a los socios de investidura y limitar el calendario que restará tras el plan de ajustes de septiembre, el Gobierno ha comenzado a maniobrar para facilitarse una tramitación exprés.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca evitarse la experiencia sufrida en la tramitación de las cuentas de 2024 -a las que acabó renunciando- después de que el PP aprovechara su mayoría absoluta en el Senado para bloquear la senda fiscal del Ejecutivo, lo que le obligó a aprobarlo y tramitarlo en dos ocasiones para terminar usando la última senda remitida a Bruselas.

Así, los grupos que componen el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han registrado una enmienda a la Ley de Paridad para arrebatar al Senado su tradicional derecho de veto sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria que introdujo en 2012 el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro. Bajo la nueva redacción, que el Gobierno aspira a tener vigente antes de la tramitación de la próxima senda fiscal que sustentará las cuentas de 2025, establece que en caso de negativa del Senado, el Pleno del Congreso pueda aprobarla por mayoría simple. "No tiene ninguna lógica, jurídica ni económica, que el Congreso no pueda levantar un hipotético veto a los objetivos de estabilidad cuando sí puede hacerlo, por ejemplo, para levantar un veto a los Presupuestos Generales del Estado", argumentan fuentes de Hacienda.