Todos los economistas sensatos están de acuerdo en que cuando la inflación supera un determinado nivel crítico el alza sostenida de los precios supone una amenaza para el bienestar económico general.

18 de junio Fuente: Expansión

La gran mayoría de la gente es consciente de los costes que para una nación puede tener una inflación como la que registran en estos momentos los países occidentales. Las personas observan cómo suben los precios de los bienes de consumo y cómo se reduce el poder de compra de sus salarios. Y se dan cuenta también de que se trata de un problema que amenaza el desarrollo y la prosperidad de la sociedad en la que viven. Si la subida de precios es pequeña, los efectos son mucho menores ciertamente. Y algunos economistas han defendido las ventajas de este tipo de inflación reducida y controlada. Desde el Keynes que pensaba que, si había que hacer ajustes en un mercado de trabajo con salarios reales por encima del nivel de equilibrio, era mucho mejor realizarlos subiendo los precios que bajando los salarios monetarios; hasta los bancos centrales de nuestros días, que han fijado como su objetivo la existencia de unas tasas de inflación sostenidas a un nivel relativamente bajo para facilitar el buen funcionamiento de la economía.

Todos los economistas sensatos están de acuerdo, sin embargo, en que cuando la inflación supera un determinado nivel crítico -y la que ahora padecemos lo ha superado ciertamente- el alza sostenida de los precios supone una amenaza para el bienestar económico general.

Pero que el hecho sea malo para el país en su conjunto no significa que toda la gente experimente sus efectos de la misma forma. En otras palabras, no todos van a sufrir por igual sus consecuencias y algunos podrán obtener una ganancia neta del fenómeno.

Uno de los casos más comentados estos días en los medios de comunicación es el de las personas que tienen que devolver un préstamo con garantía hipotecaria contratado a tipos de interés variable. Y no es difícil, en efecto, estimar el aumento de los pagos mensuales que tendrán que afrontar como consecuencia del alza de los tipos de interés que la inflación está generando. Este análisis resulta, sin embargo, parcial, ya que ignora uno de los efectos redistributivos más importantes de la inflación: la reducción del valor real de las deudas. Es decir, aunque la cantidad de euros que el deudor hipotecario debe devolver al banco no cambie, el valor real de estos euros es menor.

Si el salario de este deudor permaneciera constante en términos nominales su ratio deuda/renta no cambiaría. Pero si, como es esperable, el salario crece para compensar -al menos parcialmente- el alza de precios, la ratio deuda/renta disminuye; y el nivel de riqueza neta del comprador de la vivienda se incrementa. Por lo tanto, generalizando el resultado de esta observación, hay que concluir que la inflación es amiga de los deudores y enemiga de los acreedores.

Esto se ha visto muy claramente en diversos episodios históricos; el más conocido, el de la inflación alemana de 1923, en la que muchos deudores hipotecarios devolvieron sus préstamos con maletas llenas de billetes depreciados con un valor real cercano a cero. Pero, en menor grado, el fenómeno se ha dado en muchos otros casos.

De alguna forma, para los agentes económicos -empresas o consumidores- la inflación es un juego de "sálvese quien pueda", en el que los resultados que cada uno obtiene dependen de su posición negociadora en el mercado.

Y no es cierto que los trabajadores -como a veces se afirma- resulten siempre perjudicados. Pueden perder poder de compra o no. Si el mercado de trabajo les permite renegociar sus salarios nominales al alza, poco o nada perderán. Si no consiguen hacerlo -por ejemplo, por un deterioro de la situación económica general- sus ingresos reales se verán reducidos. Los pensionistas y funcionarios, cuyos ingresos dependen de decisiones políticas, quedan en una situación indeterminada en función de lo que haga el gobierno de turno. Y quien haya invertido parte de su patrimonio, por ejemplo, en deuda pública para completar su pensión tras la jubilación será, seguramente, el más perjudicado de todos.

Y este último caso nos permite ver otro de los aspectos redistributivos más relevantes de la inflación: a un Estado fuertemente endeudado -como es España en estos momentos- le viene bien, al menos en el corto plazo, una buena dosis de inflación, porque el valor real de su deuda cae de forma significativa. De hecho, la inflación siempre se ha considerado como un instrumento efectivo -si bien poco recomendable y nada ortodoxo- para reducir la carga de la deuda pública de un país.

Pero, a medio y largo plazo, la situación será menos favorable para tal Estado, ya que los tipos de interés más elevados de las nuevas emisiones de deuda actuarán en sentido contrario y elevarán dicha carga. Por ello es tan importante para los deudores el hecho de que el alza de precios no haya sido prevista por los agentes económicos; ya que, si éstos hubieran sido capaces de hacerlo, habrían podido adaptar a tiempo sus estrategias a las nuevas circunstancias. Y lo que nos enseña la historia -y nos confirma la situación actual- es que no siempre es fácil prever los repuntes bruscos de inflación. Y cuando ésta surge con fuerza de forma inesperada, los deudores ganan y los acreedores pierden.

Francisco Cabrillo, Catedrático de Economía de la Universidad Complutense