En aras de la
transparencia, se negocia una enmienda que forzará a la Agencia Tributaria a
publicar los informes disponibles sobre brecha fiscal y economía sumergida en
España pese a que el organismo los considera inconsistentes y poco útiles.
Hace menos de
año y medio la Agencia Tributaria descartó expresamente utilizar como guía
y referencia para medir la eficacia de las políticas de lucha contra el fraude
fiscal la evolución observada del tamaño de la economía sumergida en
España que aflora de los estudios nacionales e internacionales sobre el
asunto. Argumentaba el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que
este tipo de estimaciones - que acostumbran a generar un fuerte impacto
mediático y político - se caracterizan por sus limitaciones, están plagadas de
inconsistencias y resultan
poco útiles a la hora de planificar las estrategias de control tributario.
Decía también que a estos efectos se considera mucho más riguroso comparar la
evolución de los datos de recaudación tributaria con las principales magnitudes
macroeconómicas para detectar así las eventuales mejoras en el cumplimiento de
las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. De hecho, ha sido
este último criterio el que ha adoptado de manera oficial la Agencia Tributaria
para evaluar su desempeño en su Plan Estratégico 2020-2023.
Consciente de
que podía ser un asunto controvertido, la Dirección de la Agencia
Tributaria decidió dedicar cuatro páginas de su Plan Estratégico a explicar con
todo lujo de detalles los motivos por los que consideraba que seguir las cifras
que se publican sobre economía sumergida no era una buena idea a la hora de
medir la eficacia de la estrategia española de lucha contra el fraude. De poco
ha servido tanta explicación. Más País y ERC plantearon sendas enmiendas al
proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal con el objetivo de
forzar al Gobierno a constituir un grupo de expertos independientes
para alumbrar una evaluación oficial sobre la economía sumergida en
España y ahora el Grupo Socialista, volcado desde hace unos días en la
búsqueda de apoyos parlamentarios para sacar adelante uno de los proyectos
legales cuya
aprobación el Gobierno ya ha vendido a la Comisión Europea, ha accedido a
negociar algún tipo de compromiso en ese sentido sobre la base de esas
enmiendas, según aseguran fuentes parlamentarias.
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Lo que se
está negociando en concreto, según relatan estas mismas fuentes, es que Más
País y ERC renuncien a su propuesta de impulsar una medición propia de la
economía sumergida a cambio del compromiso de la Agencia
Tributaria de que su informe anual de evaluación de las medidas de lucha
contra el fraude no se haga únicamente en base al cumplimiento tributario
promovido por éstas, sino también de la información que se proporcione en
"los estudios internacionales disponibles sobre la evolución de la brecha
fiscal y la economía sumergida" en España. En otras palabras, que se
incorpore la evolución de la economía sumergida y de la brecha fiscal como
termómetros de la eficacia de la lucha contra el fraude.
En la
argumentación justificativa de las enmiendas presentadas al proyecto
normativo del Gobierno los grupos parlamentarios proponentes sustentaban la
necesidad de disponer de ese diagnóstico sobra la economía sumergida en España
por la existencia de un 65% más de economía ilegal en España respecto a
otras economías desarrolladas, que se desprendía de los informes
internacionales, y porque éste "permitiría establecer una adecuada
estrategia a medio y largo plazo para reducirla, y, sin duda, sería un gran
acicate para la mejora permanente al evaluar la eficacia de la Agencia
Tributaria según el nivel de reducción de la economía sumergida lograda en un
período temporal", en contra de la opinión expresada por el organismo que
preside Jesús Gascón.
El supuesto
'mito' de la economía sumergida
La enmienda que
está negociando el Grupo Socialista no sólo insta a la Agencia Tributaria a
publicar datos de los estudios internacionales sobre economía
sumergida sino también los que existan sobre brecha fiscal, un concepto
que trata de medir la diferencia entre la recaudación que se obtendría en un
contexto ideal y la
que se obtiene realmente una vez detraídos los recursos que se escapan por
toda una serie de circunstancias entre las que se cuentan el fraude fiscal, las
lagunas regulatorias que alimentan las discrepancias entre los contribuyentes y
la Administración Tributaria, los errores en la aplicación de la norma o las
insolvencias de los contribuyentes. Se entiende que cuanto mayor es la brecha
fiscal menos eficiente es el sistema tributario y se entiende también que el
objetivo de la política fiscal debe ser reducir la brecha fiscal en los
principales impuestos.
Curiosamente,
los informes publicados por la Comisión Europea sobre la brecha fiscal en el
IVA sitúan a España como uno de los países más eficaces en este impuesto junto
a Suecia, Luxemburgo y Chipre, con una brecha recaudatoria de apenas el 2%, un
dato que chirría con las dramáticas cifras sobre España que arrojan otros
estudios sobre economía sumergida y que estiman ese agujero en el entorno del
25% del PIB. La Agencia Tributaria ya recordó en su Plan Estratégico que cuando
este tipo de estudios se limpian de distorsiones metodológicas,
sobreestimaciones y duplicidades el dato cae a niveles mucho más razonables, en
el entorno del 11,2% del PIB.
El debate
sobre el volumen de la economía sumergida en España se ha alimentado
políticamente en los últimos años como una eventual fuente de ingresos
millonarios por explotar, al calor de estimaciones - volcadas incluso en
programas electorales - que prometían aflorar 39.000 millones en nuevos
ingresos por esta vía, como hizo Podemos; o hasta 59.000 millones, como estimó
en su momento el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). La Agencia Tributaria
utilizó su Plan Estratégico para desmentir estos cálculos y subrayar que una
aproximación más cauta y rigurosa al asunto permite estimar que aún en el caso
de que se lograra erradicar por completo la economía sumergida los
ingresos que se podrían obtener apenas superarían esa cifra de 14.000 millones
de euros.