Asimismo, Gestha reclama en un comunicado la información de las
denuncias por delito fiscal, que acumulan años de descenso considerable, y
considera importante y necesario esclarecer las cifras correspondientes al año
2020, por lo que no entiende que se hayan omitido.
Por otra parte, los técnicos piden al Gobierno que aclare qué parte de la
reducción de la deuda pendiente de cobro es atribuible a los pagos realizados
por los deudores y qué porcentaje se debe a insolvencias definitivas y a
anulaciones de los tribunales, por mucho que la deuda pendiente se haya
reducido un 2%.
Gestha, aún cuando preveía una cierta caída de las cifras de recaudación por
culpa de la pandemia, considera que el resultado publicado este jueves "es
más que elocuente" sobre la necesidad de dotar a los técnicos de más
competencias y responsabilidades a la hora de luchar contra el fraude fiscal.
Y ello poco después de haber trasladado su descontento y decepción porque
Hacienda rechazara "sin una justificación" las propuestas de
transacciones de los grupos parlamentarios para hacerlo, teniendo en cuenta que
representan el 83% de los funcionarios del grupo A en las áreas funcionales y
sus competencias están limitadas a la comprobación tributaria de los
trabajadores, autónomos y pequeñas empresas.
En este marco, Gestha considera que la nueva ley contra el fraude fiscal no
reducirá la economía sumergida, porque no incorpora medidas organizativas
para que se asegure su aplicación, y afirma que es menos ambiciosa que la
Estrategia 2050, que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al
15% PIB en 2030.