Otorgar más
competencias a los técnicos de Hacienda será determinante para el cumplimiento
efectivo de la ley contra el fraude fiscal.
CARLOS CRUZADO 19
DE MAYO DE 2021
El fraude fiscal
es una de las mayores losas para la recaudación tributaria en España,
provocando un agujero en nuestras arcas públicas que, de cercarse, podría
contribuir a reforzar nuestro Estado del Bienestar tras las graves
consecuencias que tendrá la pandemia.
Pues bien, ayer
se inició el trabajo de la Ponencia de cara a la futura Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que
entre otros objetivos, debería servir para que a los técnicos del Ministerio de
Hacienda se les aumenten las competencias y responsabilidades para luchar
contra el fraude más sofisticado y los delitos fiscales, mejorar la ratio de
cobro de las deudas tributarias, y recuperar la senda descendente en el volumen
de la deuda pendiente, que desde los 42.770 millones alcanzados en 2019, habrá
aumentado nuevamente en 2020 por las medidas de aplazamientos COVID.
Precisamente, la
Ponencia debatirá, entre otras enmiendas, la evaluación sectorial y territorial
de la economía sumergida, la creación de un cuerpo superior técnico de
Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda, y el
aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su
transparencia.
En este
contexto, conviene señalar la enorme diferencia defraudatoria según el tipo de
entidad. Así, las rebajas de las bases imponibles negativas, de deducciones en
cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar de las Grandes Sociedades
de más de 100 millones de euros de ventas, representaron el 73% del total de
estas actuaciones, nada menos que 5.250 millones en términos de incremento de
cuotas tributarias “futuras”. Por otra parte, el Control de 880 personas con
grandes patrimonios en 2019 reportó unas actas por unos 690.000 euros de media.
No obstante, tradicionalmente
la AEAT dirige sus esfuerzos de control en el IRPF, que soporta el 75% de las
actuaciones selectivas y extensivas, con una deuda media de 980 euros por
contribuyente. Le sigue el control del IVA con un 25% de las actuaciones de
Gestión e Inspección tributaria y Aduanera, descubriéndose una deuda media de
9.300 euros. Las actuaciones sobre contribuyentes en Módulos suponen el 14% a
los que se les detecta un incumplimiento medio de 667 euros.
De ahí que las
mayores competencias de los Técnicos serían determinantes para cumplir el
cambio anunciado por el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal, que señala que “se deben concentrar esfuerzos en el control
de los contribuyentes con grandes patrimonios, así como en sus entornos
societarios y familiares”. Aumento de responsabilidades que también será
necesario para “incrementar la eficacia y eficiencia del control tributario”,
como uno de los objetivos fundamentales del componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
recientemente remitido por el gobierno a Bruselas.
Finalmente,
respecto al control del gasto público, las limitaciones de las funciones de los
Técnicos en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de
auditoría pública, así como en la firma de los expedientes de fiscalización,
reducen la eficiencia y la calidad del gasto público. Y, asimismo, supondrán
una rémora para garantizar una adecuada gestión del Plan de Recuperación, dado
el importante papel que a este efecto debe desarrollar la Intervención General
de la Administración del Estado, como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia.