Francia, Italia,
Reino Unido y Austria también firman un acuerdo de transición de los impuestos
digitales nacionales al marco de tributación global de multinacionales.
Madrid 21 OCT
2021
España acaba de
sellar un acuerdo internacional multilateral con EE UU, Francia, Italia, Reino
Unido y Austria que resuelve de una vez la amenaza arancelaria estadounidense y
la incompatibilidad de los impuestos digitales nacionales con el nuevo marco de
tributación global para las multinacionales pactado en el G20 y por 136 países
de la OCDE. En concreto, España y el resto de los países europeos se
comprometen a suprimir sus respectivas tasas Google antes del fin de 2023 a
cambio de que la Casa Blanca cese las penalizaciones comerciales que había
anunciado en respuesta.
Así anunció
este jueves el Gobierno español en un comunicado en el que destaca que los
seis países han alcanzado una “solución pragmática” que permite despejar el
terreno al acuerdo internacional para que las grandes corporaciones tributen a
un tipo mínimo del 15% en todo el planeta y para que su tributación sea
repartida entre todos los territorios en los que operan realmente, aunque no
tengan presencia física.
La valoración
española
“El acuerdo
alcanzado demuestra la voluntad de España por llegar a consensos
internacionales en temas tan importantes como mejorar la fiscalidad
internacional para hacerla más justa, pero también es un ejemplo del liderazgo
del Gobierno para defender los intereses de nuestro país en el ámbito
tributario y comercial”, declaraba en un comunicado la ministra de Hacienda y
Función Pública, María Jesús Montero.
“Además, con
este acuerdo España cumple su compromiso de que adaptaría el impuesto digital
al consenso internacional en el marco de la OCDE y el G20, que han dado pasos
exitosos para implantar el Pilar 1 del programa BEPS que permitirá un mejor
reparto de los beneficios de las multinacionales para que tributen allí donde
generen sus ganancias”, añadía la ministra.
La amenaza
arancelaria
Más allá,
Montero sostuvo que “se trata de un acuerdo muy positivo que proporciona
seguridad jurídica y certidumbre a nuestro tejido productivo al garantizar que
no habrá barreras comerciales a la entrada de productos españoles en el mercado
estadounidense”. En este sentido, la titular de Hacienda defendió que “ese
riesgo de más aranceles para sectores fundamentales de nuestra economía como la
industria textil o del calzado, entre otras, desaparece gracias al trabajo
discreto pero eficaz del Gobierno y, también, pone de relieve la buena sintonía
existente con la administración [estadounidense del presidente Joe] Biden”.
En concreto, por
medio de este nuevo acuerdo multilateral, EE UU garantiza que pondrá fin a las
trabas comerciales impuestas contra los países europeos firmantes por la
implantación de impuestos digitales nacionales.
En el caso de
España, Estados Unidos había anunciado la imposición de recargos del 25% en los
aranceles a productos españoles del sector textil, como sombreros y gorros,
cinturones y bandoleras, y bolsos; el calzado; la cristalería interior o las
gambas y pulpos, si bien la medida estaba sujeta a una moratoria de seis meses
que la mantenía suspendida hasta finales de noviembre.
El periodo
transitorio
A cambio de su
retirada, y del compromiso de que no habrá más episodios de guerra arancelaria
en los próximos dos años, los países europeos que han firmado el pacto,
incluyendo a España, entran en un periodo transitorio hacia la retirada de sus
tributos digitales que arranca el 1 de enero de 2022.
A partir de ahí,
el compromiso supone la retirada del impuesto en el momento en que entre en
vigor el llamado Pilar 1 del nuevo marco fiscal global (el que establece la
redistribución de los tributos entre los territorios donde operan las
multinacionales) o, de no hacerlo antes, el 31 de diciembre de 2023 como tarde.
A su vez, a
partir de 2024, los países firmantes deberán calcular si la aplicación de sus
impuestos digitales durante el periodo transitorio (del 1 de enero del año que
viene a finales de 2023, de seguir vigentes los tributos hasta entonces) fue
superior al que habría correspondido con el nuevo impuesto global. Aquellas
empresas que hayan pagado de más con las tasas digitales recibirán créditos
fiscales en compensación por la diferencia.
UNA FIGURA QUE HA INCUMPLIDO SUS OBJETIVOS DE
RECAUDACIÓN
Configuración.
El impuesto sobre determinados negocios digitales, conocida popularmente como
la tasa Google, es una figura tributaria española de nueva creación que entró en
vigor a mediados del mes de enero del presente año. Aunque su puesta en marcha
ya fue barajada por el Gobierno de Mariano Rajoy ha terminado siendo el
Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos quien lo ha acabado
impulsando bajo la consigna, defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús
Montero, de que hay que “adaptar el sistema tributario español a la fiscalidad
del siglo XXI”. El impuesto grava al 3% las operaciones de publicidad online,
intermediación digital y venta de datos de usuarios por parte de compañías que
facturen al menos 750 millones de euros a escala internacional y por lo menos
tres de ellos en España.
Ingresos. Aunque
inicialmente el Ejecutivo había presupuestado una recaudación anual de 968
millones de euros, lo cierto es que en el primer semestre del año la tasa
Google tan solo ha arrojado unos ingresos de 92 millones, una quinta parte de
lo esperado para ese periodo. De hecho, Hacienda ha corregido a la baja la
aportación recaudatoria de esta figura para 2022 en vista de las cifras
obtenidas. El Gobierno achaca el fiasco al efecto de la crisis del Covid y a
que la norma fue suavizada en su tramitación parlamentaria.
Fuente: CincoDias