La Sala III, de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anulaba el Decreto de dicha comunidad y en el que se establecía la jornada laboral de 35 horas semanales a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Declara, el alto tribunal que las Administraciones públicas deben respetar los limites establecidos al en la normativa estatal al regular la jornada laboral de sus funcionarios.
Fecha: 02/02/2018
La Sala III, de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Supremo rechaza el recurso interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi; confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de diciembre de 2016, que anulaba el Decreto, de 2 de febrero de 2016, del Departamento de Adminsitración Pública y Justicia del País Vasco. La norma autonómica establecía la jornada laboral de 35 horas semanales para el Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La resolución declara que "las Administraciones públicas, como es el caso de la Administración autonómica de la Comunidad Autónoma de Euskadi aquí recurrente, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados públicos a su servicio, deben respetar los límites establecidos en la disposición final septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que está vigente". En dicha disposición se establece una jornada semanal de 37 horas y media para los empleados públicos, siendo una de las medidas adoptadas por el Gobierno con la finalidad de ahorrar gastos en el año 2012.
Por su parte, el Gobierno, a través de el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha informado sobre el inicio de las negociaciones con los sindicatos sobre las exigencias que estos vienen realizando en los últimos años, entre las que se encuentra le recuperación de la jornada laboral de 35 horas en aquellos sectores que ya la tenían antes de la crisis.