El Gobierno ha diseñado una decena de grandes proyectos tractores con los fondos de la UE para impulsar la recuperación y ha autorizado el uso de 30.000 millones, pero sólo ha desembolsado 12.000 y se enfrenta al desafío de dinamizar su ejecución.

27 de mayo Fuente: Expansión

En la tortuosa travesía que está suponiendo la salida de la crisis económica desatada por la pandemia de Covid, marcada ahora por una tensión inflacionista inédita en décadas alimentada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, España va sujeta a un salvavidas extraordinario: las ayudas europeas del Mecanismo de Recuperación. El país aspira, en concreto, a recibir 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y a obtener hasta 80.000 millones más en créditos blandos a cambio del cumplimiento de los hitos y objetivos pactados con la UE en el Plan de Recuperación. De momento, España sigue situada a la cabeza en el cumplimiento de las reformas estructurales comprometidas, lo que le ha permitido ser la primera en solicitar y cobrar los fondos, pero tiene por delante el reto de acelerar la ejecución de las inversiones planteadas para lograr que lleguen efectivamente a la economía real.

Hasta la fecha, España ha recibido 9.000 millones de anticipo y un primer pago semestral de 10.000 millones, mientras que ha solicitado ya una segunda transferencia de 12.000 millones y ultima una adenda al Plan de Recuperación que le permita acceder a los préstamos europeos. "El ritmo de ejecución es equivalente al que prevemos del flujo de los fondos europeos", destacó recientemente ante el Senado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que aseveró que tras "acelerar radicalmente" la gestión de los fondos desde mediados del año pasado el objetivo es alcanzar la velocidad crucero de ejecución en este ejercicio.

Frente al paulatino ritmo de ingresos oficiales, el Gobierno ha apostado por adelantar presupuestariamente, vía deuda, el uso de 24.198 millones en 2021 y 27.958 millones en 2022. En conjunto, el Ejecutivo ha autorizado ya el uso de 30.316 millones, el 58% de la dotación presupuestaria. Sin embargo, los pagos efectivamente realizados entre los dos años apenas superan por ahora los 12.000 millones, de los que el grueso tan solo suponen materializar transferencias entre la caja de la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, responsables de ejecutar cerca de la mitad de las ayudas.

Así, tras la relevancia de las grandes cifras se esconde una cierta lentitud en la ejecución real de las inversiones, lastrada por una importante carga burocrática y un cruce de acusaciones entre las regiones, que reclaman más cogobernanza, y el Ejecutivo central, que hace un llamamiento a la unidad y la responsabilidad.

Las pymes, por su parte, critican sus dificultades para acceder a las convocatorias y analistas como los de Fedea asumen que el dinero no llegará realmente a la calle hasta final de año.

En paralelo, el Gobierno ha diseñado ya 11 grandes Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), a los que prevé destinar unos 30.000 millones de inversión pública, gracias al dinero comunitario, y con los que espera movilizar al menos otro tanto en fondos privados. El Gobierno ha aprobado ya nueve de esos Perte, los dirigidos a tratar de que España lidere la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado (dotado con 4.300 millones públicos); impulsar la salud de precisión personalizada (900 millones); acelerar la transición ecológica con el despliegue de las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento (ERHA, por 6.920 millones); reforzar el sistema agroalimentario en clave verde y digital (1.800 millones); desarrollar el ecosistema público y privado de la nueva economía de la lengua (1.100 millones); avanzar hacia una economía circular (492 millones); apoyar la capacidad industrial e innovadora en el ámbito aeroespacial (2.193 millones) y naval (310 millones) y mejorar la gestión de los recursos hídricos con la digitalización del ciclo del agua (1.940 millones).

Además, el Gobierno ha planteado otros dos Perte destinados a lograr una autonomía estratégica en el ámbito de los semiconductores y los chips (12.250 millones) y a avanzar hacia una nueva economía social de los cuidados.

Pese a notables ausencias, como la de un Perte del turismo que el Ejecutivo ha descartado, hay consistencia en el grueso de proyectos tractores planteados, si bien está por ver si son capaces de duplicar su potencia de fuego despertando el interés de las empresas.