Fedea calcula que los números rojos de la
Seguridad Social contando solo la parte contributiva del sistema ascienden a
casi 56.000 millones de euros en 2023
4
de mayo ELPAIS
El sistema público de pensiones español tiene dos
fuentes de financiación. La
principal son los ingresos por cotizaciones sociales que pagan los trabajadores
y los empresarios y que sirven para costear las pensiones actuales. Por eso es
un sistema “contributivo”, porque se costea fundamentalmente con las aportaciones de los ocupados en activo y “de reparto”,
porque los jubilados actuales reciben sus pensiones en función de lo que han
contribuido en el pasado y son pagadas por las aportaciones de los trabajadores
en activo. Sin embargo, estas contribuciones no son suficientes para pagar la
nómina de las pensiones y por eso el sistema necesita de la segunda de otras fuentes de
financiación, que son los impuestos generales. Y en este punto llega el debate sobre el hecho de que el
creciente abono de pensiones con impuestos detrae que estos se destinen a otros
usos.
Partiendo del diseño del sistema de pensiones, el investigador de Fedea y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos,
Miguel Ángel García, llama la atención sobre los números rojos que representa
la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (ingresos por cotizaciones menos
pagos por pensiones contributivas), sin contar la parte que se paga con los
impuestos. Dicho saldo negativo habría escalado en 2023 a 55.919 millones de
euros, lo que equivale a 3,8 puntos de PIB, algo superior al déficit con el que
cerraron las administraciones públicas (3,7%).
Para llegar a esta cifra García parte de los
resultados oficiales del Sistema de Seguridad Social, que finalizó 2023 con un déficit equivalente al
0,6% del PIB, una cifra muy similar a la del año anterior. Si bien precisa este
porcentaje aumentaría en dos décimas, hasta el 0,8% del PIB, si se excluye de
los ingresos corrientes las cotizaciones destinadas al Mecanismo de Equidad
Intergeneracional, “porque estas son un ingreso no disponible para pagar las
pensiones actuales puesto que se ingresa en el fondo de reserva que sólo estará
disponible a partir de 2032?.
Dicho esto, este economista explica que para pagar toda la factura de las pensiones la Seguridad Social ha
dispuesto, además de los ingresos netos ordinarios de las cotizaciones
sociales, de otras dos transferencias específicas del Estado por valor de
27.231 millones de euros (un 1,9% de PIB): una para el pago de los complementos
por mínimos de pensiones (7.345 millones de euros), y la segunda, muy superior
en cuantía, destinada al pago de los que García considera “mal
denominados” gastos impropios (19.886 millones de euros). De
esta forma, si no se contabilizan estas transferencias de impuestos, lo que
este investigador denomina “saldo contributivo del sistema de la Seguridad
Social”, se situaría casi en el 2,7% del PIB. Y a esto añade otros 1,2 puntos
de PIB en transferencias del Estado (también de impuestos) para el pago de las pensiones de clases pasivas de los
funcionarios jubilados. Con todo se llega al citado déficit contributivo de
3,8 puntos de PIB que se tiene que financiar con deuda y con impuestos
generales.
El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Social, rechaza esta contabilidad,
argumentando que el recurso de pagar parte del sistema de pensiones con
impuestos es legítimo y muy común en otros países del entorno comunitario. Si
bien, García y otros muchos investigadores en materia de pensiones defienden
que es precisamente esta radiografía financiera del sistema la que permite
analizar más correctamente su funcionamiento para tomar las medidas necesarias
para garantizar su sostenibilidad.
Por tanto, para los defensores de esta
contabilidad, es importante que la situación financiera de solo la parte
contributiva del sistema de pensiones —cuyo gasto absorbe el 13,1% del PIB y
casi 30% del gasto público total— sea objeto de debate en la sociedad porque
cuantos más recursos de impuestos requiera la financiación de las pensiones,
menos financiación habrá para otros posibles usos del gasto público, alerta
García.
RAQUEL PASCUAL
CORTÉS