La entrada en vigor de esta medida sin precedentes
tendrá que esperar el visto bueno final de la Comisión Europea, que debería
llegar en los próximos días o semanas
14
de mayo 2022 Fuente El Pais
España y Portugal incorporarán este sábado a su
legislación, en forma de decreto, el límite al precio del gas natural que
alimenta los ciclos combinados y las centrales de cogeneración. Con esta
medida, que cuenta con el visto bueno “preliminar” de la Comisión Europea —aún
no del definitivo—, ambos Gobiernos aspiran a rebajar sustancialmente el recibo
de la luz de hogares y empresas. Un ahorro que será, eso sí, mayor en el caso
español, por el propio diseño del sistema. Estos son los puntos más importantes
de la medida.
¿Cómo funciona?
El mercado eléctrico español es de tipo
marginalista: el precio de la luz lo fija, en cada tramo horario, la fuente de
producción más cara. Dado que el brutal encarecimiento del gas en el último
año, en el que ha quintuplicado su cotización, es el principal factor del
estirón de la factura de la luz, limitar su precio —a 40 euros por megavatio
hora (MWh) en un principio y a 48,8 en la media de los doce meses de vigencia
del mecanismo, frente a los casi 75 euros actuales— frenará en seco la
escalada. Y se reducirá la sobrerretribución del resto de tecnologías de
generación, para las que el coste no ha variado y sus ingresos, en cambio, se
han disparado.
La diferencia entre el precio del gas en el
mercado y el tope —si se aplicase mañana: 35 euros por MWh, 75 euros menos 40—
la abonará el propio sistema. Es decir, los consumidores. Sin embargo, el
beneficio para ellos de bajar el precio marginal es tan grande que en términos
netos saldrán claramente beneficiados.
¿Cuándo se notará en la factura?
Aún pasarán semanas antes de que la medida tenga incidencia
directa sobre el recibo mensual de la luz. Tras el visto bueno
preliminar de la Comisión Europea, todavía falta su consentimiento final. Una
vez publicada en el BOE este sábado —también en su equivalente portugués,
el Diário da República—, pasará “una semana, 10 días o dos
semanas”, según Ribera, hasta que sea un hecho. El motivo de este retraso es
ese visto bueno definitivo del Colegio de Comisarios de la UE, que velarán por
que ambos boletines oficiales reflejen exactamente lo pactado de forma
preliminar entre Madrid, Lisboa y Bruselas, sin ningún añadido.
Más allá de lo que pueda demorarse el Ejecutivo
comunitario, el decreto
establecerá un segundo plazo a escala interna: las empresas eléctricas
dispondrán de cinco días para adaptarse a los cambios, y los operadores del
sistema, de otros siete. Incluso si en Bruselas se dieran mucha prisa, el límite al
gas no entraría en vigor hasta el 1 de junio.
¿Cuánto bajarán los precios?
Mucho. Tanto el Gobierno como los expertos
independientes consultados en las últimas semanas por este diario creen que el
precio medio diario de la luz en el mercado mayorista (común a ambos países)
pasará de los cerca de 200 euros por MWh de hoy a entre 120 y 130 euros por
megavatio hora. Es decir, una rebaja superior al 30%. En esa horquilla, el
Ejecutivo incluye ya las compensaciones al gas a cargo del propio sistema.
¿A qué clientes afectará?
A casi todos. Aunque en un principio se barajó la opción de que esas compensaciones
recayeran sobre los clientes del mercado libre —que han tenido precios estables
y que, por tanto, no han sufrido tanto la escalada reciente—, de forma que no
solo no se verían beneficiados, sino que sufrirían un perjuicio, el esquema
final no es así. “La reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad:
los del PVPC [la tarifa regulada] lo notarán inmediatamente. Y los que tienen
contratos con precios fijos lo percibirán si los renuevan o los cambian durante
el año de vigencia del mecanismo”, apunta el Ministerio de Transición
Ecológica. “Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo
plazo que venzan después del año de aplicación de la medida no se verán
afectados”.
El 37% de los hogares españoles y el 70% de los
consumidores industriales están en el PVPC, según las cifras aportadas por Ribera, y experimentarán una “reducción
inmediata” en sus recibos. “Para los demás consumidores, con contratos de
precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la
compañía eléctrica, pero obtendrá precios más bajos porque la medida reduce los
precios mayoristas que sirven de referencia”.
¿Por qué un año?
Para poder pasar con cierta holgura los meses más
duros del próximo invierno, cuando la demanda de gas en el hemisferio norte se
dispara y los precios suben en consonancia. El “cortafuegos” —ese el término
que utiliza el Ministerio para la Transición Ecológica español— frente a lo que
pueda suceder en los mercados internacionales será de 12 meses a contar desde
que Bruselas dé el visto bueno definitivo.
¿Por qué tiene importancia más allá de lo
energético?
Con la inflación cabalgando por encima del 8%, un valor inédito en décadas
—y el más alto en 30 años para un mes de abril—, la medida es fundamental para
atajar el IPC. Uno de los componentes que más ha presionado al alza este índice
en los últimos meses ha sido la electricidad y, dado que en su cálculo solo se
tiene en cuenta la evolución de la tarifa regulada, la bajada debería ser
inmediata.
¿Qué pasa con las interconexiones con Francia?
La propuesta inicial de España y Portugal incluía
un sistema de doble casación de precios que evitaba que los consumidores del
resto de países miembros pudieran beneficiarse del mecanismo que abarata la
electricidad en la península Ibérica. Este mecanismo se acompañaba, además, de
restricciones a la exportación eléctrica. Pero estas precauciones se han caído
durante la negociación con la Comisión Europea, y ambos países acabarán
vendiendo electricidad subsidiada a Francia y al resto de Europa.
Sin embargo, hay dos factores para pensar que el
impacto real de esa subvención sobre el bolsillo de los consumidores peninsulares
será escaso. El primero es la baja tasa de interconexión —ese fue, de hecho, el
principal argumento con el que Madrid y Lisboa lograron sacar adelante la
llamada “excepcionalidad ibérica”— lo que limita de forma natural los volúmenes
a intercambiar. El segundo es una novedad: la Comisión Europea permitirá que
una parte de las rentas de congestión, que capturan la diferencia de precio
entre el mercado hispanoluso y el francés, se destine a compensar a hogares y
empresas por esa subvención involuntaria al país vecino.
¿Seguirán otros países la senda de España y
Portugal?
El interés es máximo, pero muy pocos pueden
demostrar ante la UE —como ha hecho la península Ibérica— su condición de isla
energética, tanto por el bajo nivel de interconexiones como por la elevada
penetración de las energías renovables. Con todo, el Gobierno español cree que
su plan puede acabar abriendo una espita por la que transiten otros Estados:
“Si funciona, habrá otros Estados miembros que se lo planteen”, decía Ribera en
una reciente entrevista con EL PAÍS. “El modo en el que hemos abordado esta
cuestión tiene pocos precedentes, si es que hay alguno. Es extraordinario, y
muy significativo, que Europa lo haya autorizado y que las propuestas que hemos
hecho estén inspirando la reacción europea a este entorno de volatilidad en los
precios”, añadía este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros.
¿Cuál será el impacto del acuerdo en Portugal?
Tras la aprobación del nuevo mecanismo de precios
en un consejo de ministros extraordinario, el titular de Medio Ambiente y
Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, defendió que permitirá
distribuir los beneficios de forma justa entre los consumidores. “Limita la
escalada de precios, protege a quien está más expuesto y socializa los costes y
los beneficios”, dijo en una rueda de prensa en Lisboa en la que calificó la
medida de “inédita e incluso histórica”.
Aunque en paralelo también serán los consumidores
los que pagarán la compensación a las centrales de ciclo combinado si hay
diferencia entre el precio de referencia y el del gas natural comprado para
producir electricidad. Cordeiro no concretó cómo se trasladará esto a las
facturas de los clientes, aunque obligará a la Entidad Reguladora de los
Servicios Energéticos (ERSE), que fija las tarifas reguladas, a una
actualización.
El ministro luso indicó que, si la medida hubiera
estado en vigor desde enero, se habría ahorrado un 18% en la factura eléctrica
en Portugal. El ahorro futuro será también para los consumidores con tarifa
fija (mercado libre), ya que los contratos que se renueven a partir de ahora se
beneficiarán de la reducción de precios del gas.
¿Por qué la luz es más cara en España que en
Portugal si el mercado es el mismo?
El primer motivo es el escaso número de
consumidores con tarifa regulada. Casi 5,45 millones de consumidores
portugueses (el 85,4% del total) están en el mercado libre y pagan precios
pactados en contrato con sus comercializadoras de energía, lo que les ahorra
oscilaciones bruscas en la factura. Pero tampoco los 927.449 clientes que
estaban en el mercado regulado en enero pasado (último boletín de la ERSE) han
sufrido el mismo impacto en la factura de la luz debido al alza del precio del
gas que los consumidores españoles. Esto se debe a la formación de la tarifa.
En Portugal, las tarifas reguladas se fijan anualmente por la ERSE, que puede
revisarlas cada trimestre, mientras que las tarifas españolas del mercado
regulado (PVPC) están ligadas directamente al comportamiento horario del
mercado mayorista.
¿A cuánto asciende la diferencia entre los
consumidores de los dos países ibéricos?
El último informe del ERSE que analiza los precios
se refiere al segundo semestre de 2021. En ese periodo, los precios de la
electricidad en España superaron a los de Portugal entre el 12% (segmento no
doméstico) y el 27% (sector doméstico). Por el contrario, Portugal se encuentra
entre los países de la Unión Europea con una de las tarifas eléctricas con
mayor peso de las tasas e impuestos para los clientes domésticos (representa el
46% de la factura frente al 33% de España).