Aunque la economía se ha recuperado en 2021, los
impagos a las empresas apenas se han reducido 6 décimas, hasta el 4,8% de la
facturación.
Madrid 10 de Febrero Expansión
Aunque la economía ha despegado con fuerza en el
último año y medio, acelerándose
de forma progresiva con la vuelta a la normalidad tras los instantes más duros
de la pandemia, muchas empresas todavía no han salido de la crisis y, de hecho,
viven momentos todavía muy complicados. Esto se pone de manifiesto en el hecho
de que el 4,8% de las facturas resultan impagadas, de acuerdo con los datos de
2021 que publicó ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM),
que alertó de que el 27% de las empresas creen que la viabilidad de su negocio
se verá comprometida si la situación financiera se mantiene tensa.
La economía se ha recuperado de buena parte de la
crisis del coronavirus. El empleo
ya está en niveles más altos que el estallido de la pandemia y la facturación
empresarial ya alcanza las cifras de 2019, mientras que el PIB ha revertido la
mitad del recorte que sufrió hace dos años... pero todo ello apenas ha aliviado
la situación de muchas compañías. De hecho, el 4,8% de las facturas resultan
impagadas, debido a la dificultad de numerosas empresas para seguir operando
ante las numerosas restricciones (suyas o de sus contratistas) que se han visto
obligadas a afrontar en los últimos años. Esta cifra queda apenas seis décimas
por debajo de los datos del año anterior y sustancialmente por encima de la
media de los 5 años anteriores, del 3%.
Esto pone en un brete a muchas empresas, de acuerdo con la PMcM ya que el aumento de las
facturas sin pagar es especialmente problemático en un momento en el que los
costes de producción están disparados, la demanda está lastrada y la capacidad
operativa de la empresa se encuentra en una situación complicada por el goteo
de bajas por el coronavirus, las restricciones sanitarias y la escasez de
determinados suministros. Por ello, el 27% de los encuestados considera que su
negocio sería inviable si los problemas en el cobro de las facturas se
mantuvieran en los próximos meses.
En este sentido, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, advirtió de una posible
oleada de quiebras entre las empresas una vez que acabe la moratoria de los
créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la
situación derivada de la pandemia. "Cuando esto ocurra vamos a asistir a
una ruptura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de
empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos",
alertó. Esto se debe a que muchas empresas han utilizado las herramientas
financieras puestas en marcha por el Gobierno para pagar sus cuentas, pero, si
la situación se alarga, ya no podrán hacerlo, trasladando los problemas a sus
proveedores en la cadena de pagos, lo que generaría un gran número de quiebras.
Paradójicamente, el número de impagos se mantiene en cifras relativamente elevadas en un
momento en el que la morosidad (esto es, el retraso en el pago de las facturas)
cae con bastante fuerza. ¿A qué se debe esta disonancia entre las dos variables
clave del pago de facturas? Por un lado, a que los problemas financieros están
concentrados en algunas empresas de sectores concretos, mientras que el resto
pueden pagar a tiempo, al menos si los problemas no se generalizan. Por otro,
Cañete apunta a que las medidas de liquidez se han condicionado al pago de las
facturas a los proveedores, lo que ha aumentado la celeridad en el pago.
Morosidad
En concreto, el plazo de pago medio de las
facturas entre las empresas del sector privado se ha reducido de 77 días en 2020 a 72 días el
año pasado, la menor cifra de la serie histórica. Sin embargo, hay grandes
diferencias entre compañías, ya que son las empresas más grandes las que más
estiran los plazos de pago. En concreto, solo una de cada cinco grandes
empresas paga dentro del plazo legal de 60 días, mientras que un 38% lo hace en
un periodo de entre 60 y 90 días, y un 42% paga a más de 90 días. En cambio, el
49% de las pymes pagan antes de 60 días, por solo el 5% que pagan por encima de
los 90.
Y también el sector público ha reducido
sustancialmente sus plazos de pago, de 77 días en 2020 a 61 días el año pasado, la cifra más baja de la
serie, aunque todavía más del doble que el plazo legal, que en el caso de la
Administración se sitúa en 30 días. Dentro de este ámbito, sucede lo contrario
de lo que ocurre en el ámbito privado, ya que son las entidades más pequeñas
las que más tardan en pagar. El 48% de los encuestados asegura que la
Administración Local es la que más tarda (solo el 24% de las ocasiones lo hace
dentro del plazo legal), seguida de las comunidades autónomas (33%) y la
Administración Central (19%).
¿A qué se debe esta mayor morosidad por parte de
los ayuntamientos y entidades locales? A que los proveedores de este tipo de entidades normalmente están
cautivos, ya que la mayor parte de su facturación depende de ese único cliente,
por lo que evitan plantarse ante ellos por miedo a perderlos y aceptan
condiciones abusivas por su parte. De hecho, el año pasado el 66% de los
proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores
público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos
por la Ley.
Además, el 83% de los proveedores nunca o casi
nunca exigen intereses de demora
y el 92% de los proveedores no exige la indemnización legal por costes de
recobro en caso de retraso o impago, y ello pese a que el 64% de los
encuestados asegura conocer la legislación existente. Y el 16% de las compañías
está experimentando un aumento del ofrecimiento del confirming por parte de sus
proveedores, lo que supone un alargamiento del plazo real de cobro o una merma
en los ingresos.
LA LEY CREA Y CRECE SE QUEDA "SIN
FUERZA"
La Ley Crea y Crece, que trataba de aprovechar la
zanahoria de los fondos europeos para reducir la morosidad, al vetar a las
empresas con retrasos en sus pagos del acceso a subvenciones y contratos
públicos "se ha quedado sin fuerza" antes de nacer, criticó ayer el
presidente de la PMcM, Antoni Cañete, debido a que se ha "eliminado en el
proyecto la parte que realmente iba a influir sobre la mejora de los plazos de
pago", la posibilidad de que se pudiera rescindir un contrato de licitación
pública en pleno proceso en caso de no estar pagándose en plazo a los
proveedores subcontratistas. Cañete insistió en que es necesario que "esta
novedad vuelva al articulado de la Ley", ya que "sin ella, la nueva
normativa no mejorará la morosidad" porque el resto de las medidas son
"insuficientes". Respecto al recién anunciado Plan de pago a
proveedores, la PMcM celebra que el Ministerio de Hacienda haya creado un
mecanismo para que las Administraciones Locales paguen dentro del plazo legal
las facturas que tienen pendientes, pero aclara que se trata de una
"medida más restrictiva de lo que parece", porque "solo se van a
pagar las facturas contabilizadas antes del 1 de julio de 2021".