Este mes de marzo de 2023 apesta a elecciones. Los boletines de las innumerables Administraciones que velan por nuestro bienestar están llenos de ayudas y subvenciones, los políticos despilfarran dinero en autopublicitarse y en consolidar la clientela, los alcaldes reinauguran las mismas obras que su antecesor inauguró hace una década y el gobierno engaña a 9 millones de pensionistas, pues lejos de reconocer que el sistema de reparto es inequitativo, insuficiente e insostenible, se empecina en hacerles creer que sus pensiones están aseguradas con el Real Decreto-ley 2/2023 (BOE 17.03.2023) que, en esencia, incrementa las cotizaciones sociales ampliando la base y el tipo de cotización, y creando el mecanismo de equidad intergeneracional. Pero, esta opción es equivocada, ya que las pensiones (salario diferido) solo se pueden garantizar poniendo a trabajar a 3 millones de parados, fomentando la natalidad, ensalzando a los empresarios, eliminando las ayudas para no trabajar, mejorando la fiscalidad de los planes y fondos de pensiones y reduciendo el fraude a la Seguridad Social.  

Ciñéndonos al ámbito estrictamente fiscal, en el Estado destacan dos normas: Ley 6/2023 de mercado de valores y servicios de inversión (BOE 18.03.2023) modifica el IRPF para proteger, vía deducción por maternidad, a las mujeres que durante los años 2020 a 2022 pasaron a encontrarse en la situación legal de desempleo; Orden HFP 311/2023 (BOE 31.03.2023) eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros.

Por lo demás, este mes de marzo, la Hacienda Estatal nos ha sorprendido con un nuevo impuesto, no aprobado por las Cortes, ni publicado en ningún boletín oficial, pues ha incrementado los objetivos de todos sus Departamentos en un 30%, lo que significa que los Inspectores serán mucho más rigurosos en la interpretación de la norma y se incrementarán el número de sanciones tributarias. En realidad, los objetivos de todas las Haciendas Públicas son recaudatorios, lo que lesiona la presunción de inocencia e imposibilita que el Inspector sea imparcial, vulnerando las garantías que se regulan en los artículos 24.2 y 103.3 de la Constitución; pero, además, son ineficaces, pues fomentan el fraude fiscal e incentivan la economía sumergida, que en España supera el 30% del PIB (cada año se dejan de ingresar 60.000 millones de euros), algo intolerable para un Estado democrático que se sustenta en un sistema tributario justo (CE 31.1), por lo que es urgente y obligado modificar los objetivos de las innumerables Haciendas Públicas que pululan por España, pues tienen que dejar de ser recaudatorios (regularizan y sancionan los errores del contribuyente, propiciados por una legislación caótica), para centrarse en reducir cada año el fraude fiscal (otro impuesto en la sombra que pagan los que no pueden defraudar, pensionistas y trabajadores), y, para ello, primero, hay que definir el fraude fiscal, luego cuantificarlo, y por último reducirlo a límites tolerables, algo que debería estar en la mente de todos los políticos, ya que la reducción del fraude fiscal supone un incremento notable de la recaudación en periodo voluntario.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas de régimen común destacan las siguientes normas:

• Castilla y León, Ley 1/2023 de medidas tributarias, financieras y administrativas (BOCYL 06.03.2023) (i) mejora las deducciones por familia numerosa y elimina las limitaciones para la aplicación de las deducciones por familia numerosa y por nacimiento y adopción (ii) mejora la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales.
• Cataluña, Ley 2/2023 de presupuestos y Ley 3/2023 de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público para 2023 (DOGC 17.02.2023).
• La Rioja, Ley 4/2023 de presupuestos (BOR 09.03.2023).
• Madrid, Ley 3/2023 (BOCM 23.03.2023) regula las siguientes deducciones en el IRPF (i) nacimiento o adopción, 700 euros por hijo y periodo, durante tres ejercicios (ii) adopción internacional, 700 euros por hijo (iii) arrendamiento vivienda habitual, 30% de la renta, límite 1.200 euros (iv) cotizaciones empleados hogar, 25%, límite 450 euros (familia numerosa, 40%, límite 600 euros) (v) adquisición vivienda habitual menores 30 años, 25% intereses préstamos, límite 1000 euros (vi) adquisición vivienda habitual nacimiento o adopción, 10% precio prorrateado en 10 años, límite anual 1.500 euros (vii) familia numerosa: general, 50% cuota íntegra autonómica, límite 6000/12000 euros; especial, 100% cuota íntegra autonómica, límite 12000/24000 euros.   

Las Comunidades Autónomas de régimen foral han publicado las siguientes normas fiscales:

• NAVARRA: Orden foral 9/2023 (BON 07.03.2023) actualiza la deducción en IRPF por pensión de viudedad y de jubilación; Orden foral 13/2023 (BON 17.03.2023) desarrolla régimen especial para personas trabajadoras desplazadas.
• ÁLAVA: Decreto foral 4/2023 (BOTHA 01.03.2023) aprueba régimen simplificado IVA; Decreto foral 9/2023 (BOTHA 15.03.2023) precios medios vehículos y embarcaciones a efectos ITPyAJD, ISyD e IEDMT.
• VIZCAYA: Decreto foral normativo 1/2023 (BOB 08.03.2023) traspone la normativa estatal de IVA e IVPEE, al respecto, hay que recordar que ambos tributos se rigen por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado; Decreto foral 22/2023 (BOB 10.03.2023) modifica Reglamento IRPF y de gestión de los tributos para cumplir la sentencia del TSJ del País Vasco que anuló la obligación de presentar las declaraciones de renta por internet, recurrida en casación y pendiente de resolver por el Tribunal Supremo; Decreto foral 28/2023 (BOB 29.03.2023) traspone la normativa estatal referente a los tipos de retención por actividades artísticas y profesionales y obliga a los promotores de los productos paneuropeos de pensiones individuales (PEPP) a suministrar información acerca de las aportaciones a sistemas de previsión social.

Carlos David Delgado Sancho. Inspector de Hacienda del Estado