La subida salarial media pactada en convenio
colectivo hasta febrero fue del 2,89%, más de tres puntos inferior a la tasa de
inflación del 6% de ese mes, mientras el acuerdo para el empleo y la
negociación colectiva (AENC) sigue atascado y el Gobierno aboga por vigilar los
márgenes empresariales.
25
de marzo Expansión
Esta semana CCOO y UGT se han
reunido con CEOE y Cepyme para retomar la negociación
de un acuerdo marco que sirva de referencia para la renovación de los convenios,
con la idea de volver a verse tras la Semana Santa, después de que la
patronal no haya presentado aún ninguna propuesta de subida salarial.
La negociación del nuevo AENC lleva atascada desde
mayo del año pasado, cuando la patronal se negó a incluir cláusulas de
revisión salarial vinculadas a la inflación para garantizar el poder
adquisitivo, un mecanismo que los sindicatos siguen defendiendo y ante el
que la patronal mantiene su rechazo.
Estas cláusulas estaban presentes en el 13,26% del
total de convenios colectivos con efectos económicos en 2022, un porcentaje que
ha subido al 16,58% en lo que va de 2023.
La pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores ascendió a 5,6 puntos el pasado año, tomando como referencia una inflación anual
media del 8,39%, frente al alza salarial media del 2,78% pactada en convenio.
Aunque si se tienen en cuenta solo los
convenios renovados en 2022 -y no el conjunto de los convenios con
efectos económicos ese año- los sindicatos indican que la subida
salarial media pactada estaría cerca del 4%, todavía 4,4 puntos por debajo
del IPC medio.
Además, en un informe sobre negociación colectiva,
CCOO apunta también que el 48% de los trabajadores cuyos convenios se
firmaron en 2022 están cubiertos por una cláusula de revisión salarial.
En un intento de engrasar el diálogo, CCOO
y UGT han planteado cláusulas de garantía basadas no solo en la tasa de
inflación, sino también en la marcha de los sectores, de manera que se
revaloricen en mayor medida los sueldos en aquellas empresas con mayores
beneficios, según apunta la agencia Efe.
Además de este mecanismo de revisión, los
sindicatos plantean subidas iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para
2023 y del 3,75% para 2024, lo que ha generado el rechazo de la CEOE a
aplicar una subida retroactiva para 2022.
El acuerdo parece lejano, a pesar de la voluntad
de diálogo expresada por las partes, con lo que los convenios se
seguirán negociando sin una referencia que sirva de guía, lo que podría
aumentar la conflictividad en algunos sectores.
En paralelo, la vicepresidenta primera y ministra
de Asuntos Económico, Nadia Calviño, ha apostado por seguir
"muy de cerca" los márgenes empresariales para asegurar que todos
contribuyen a moderar unos precios que en el caso de los alimentos
siguen desbocados.
Aunque se refería al impacto de los crecientes
márgenes en los precios finales, lo cierto es que la vigilancia de los
beneficios de las compañías es uno de los puntos en los que más vienen
insistiendo los sindicatos desde que comenzaron las tensiones inflacionistas.
Los sindicatos proponen la creación de un
observatorio en el Ministerio de Hacienda que certifique los beneficios y la
marcha de las empresas y sectores, para poder determinar "fehacientemente" la situación y calcular
una cláusula de garantía acorde.
Dentro del propio Gobierno, la parte de Unidas
Podemos insiste en topar el precio de algunos alimentos o en
bonificarlos como se hizo con los combustibles el año pasado.