Esta iniciativa vendida por el Gobierno como un hito histórico, impulsada con la ayuda de Bildu, será eficaz para solucionar el problema de la vivienda en España en la misma medida que beber lejía lo fue para acabar con el Covid.

29 de abril Expansión

Después de lo de Mónica García y su incursión a lo loco en Tinder, el patinazo más grande que me viene a bote pronto a la cabeza fue aquella vez que me enseñaron un tarro de miel republicana. No se trataba de un producto envejecido en madera de roble o envasado en una cooperativa obrera. Era miel, que según el promotor, había sido elaborada en panales sin abeja reina. Sin ser un experto en apicultura pude intuir que tal propuesta difícilmente progresaría. La abeja reina es la única hembra fértil de la colmena. La que pone los huevos y la que garantiza que la colonia mantendrá su equilibrio y no morirá pasados los 28 días que vive de media ese animalillo. También el resto de las abejas y hasta los zánganos tienen su papel en el enjambre, aunque sea procurar espectáculo, pero lo que no puede faltar de ningún modo es la abeja reina.

Ada Colau debiera saber esto porque tengo entendido que ella fue abeja rasa antes que alcaldesa de Barcelona, una de las ciudades de este país, con Madrid y algunas otras, donde alquilar un piso se está convirtiendo en un desafío a la altura de cualquier locura de las que patrocina RedBull. Pues la Ley de Vivienda es una colmena sin abeja reina. Pueden pintarla del color que quieran y ponerle un fondo musical de Vangelis, pero esta iniciativa vendida por el Gobierno como un hito histórico, impulsada con la ayuda inestimable de Bildu, será eficaz para solucionar el problema de la vivienda en España en la misma medida que beber lejía lo fue para acabar con el Covid.

En este país desde hace más de un lustro se visan anualmente alrededor de cien mil nuevas viviendas al año, mientras que en ese mismo periodo se crean unos 180.000 hogares. Esto significa que partido a partido se va embolsando una demanda que no se satisface, lo que provoca que, como decía ayer en estas mismas páginas el catedrático de la UPF, José García Montalvo, cada vez que un piso sale al mercado del alquiler haya una cola enorme de gente esperando que el casero le dé una oportunidad. Una demanda que además es muy diversa, pero cuya parte más débil siempre la componen los más vulnerables.

El objetivo de cualquier norma que quisiera solucionar el problema debiera centrarse en poner todos los medios para cubrir esa demanda. Cualquiera gestor eficaz exento de taras ideológicas convocaría a los constructores, a los inversores, a los promotores, a los fondos de inversión, al capital y a la banca para que, entre todos, empezaran a construir vivienda allí donde se necesite. El papel de la Administración debería limitarse a promover el suelo necesario lo más cerca posible de esa demanda e incluso impulsar las condiciones y la fiscalidad más favorable para que fuera viable crear esas viviendas de alquiler que contribuirían a moderar los precios. Lo de la fiscalidad conviene recordarlo porque quien se hincha a ganar dinero con los impuestos de eso que llaman un producto de primera necesidad como es la vivienda es el Ministerio de Hacienda. En esta historia no hay atajos posibles y, además, solucionar el problema requerirá varios años.

¿Por qué este Gobierno no solventará el problema de la vivienda? Porque odia a todos aquellos que pueden contribuir a solucionarlo y así lo ha plasmado en su ley. Al más puro estilo del perro del hortelano, le repugna la idea de que el que sabe hacer casas pueda ganar dinero con ello. Así que prefiere que no haya vivienda. Lo dejó claro ayer Ione Belarra: "Hoy pierde la banca, pierden los buitres, pierden los fondos de inversión y gana la gente, ganan los inquilinos y quien tiene una hipoteca". Ni una mención a todos esos, cada vez más, que siguen en la cola. En la escala de prioridades de Belarra y también de Oskar Matute, con quienes Sánchez ha elaborado la ley, la destrucción de la banca, de las empresas privadas, de los fondos de inversión y del capital está muy por encima de su preocupación por los que no tienen acceso a una vivienda. Esta es la triste e infame realidad de una buena parte de lo que se denomina izquierda en este país. Un montón de fundamentalistas para los que los más vulnerables solo son un comodín de usar y tirar y solo aparecen en la agenda cada vez que se acercan las elecciones.

No es una exageración, el Gobierno ha tenido cinco años para ir encauzando el problema y no le ha prestado la más mínima atención. Le debiera avergonzar que en todo este tiempo hasta lo que ellos llaman fondos buitre, como Blackstone, se hayan preocupado más por dotar de vivienda a las familias que ellos. ¿Quién es aquí el buitre? Difícilmente esta dejación de responsabilidad se puede corregir improvisando en los minutos de la basura soluciones increíbles, por imposibles, que crean unas expectativas que volverán a defraudar.

Hay un proverbio que dice: “si no puedes hacer el bien, al menos no hagas daño”. Sánchez no se ha podido resistir a hacer una ley muy nociva para los intereses de quien busca una vivienda. El colmo ha sido que, con el argumento de proteger al inquilino, se favorezca a los okupas. Unos sujetos molestos electoralmente a los que habría que reducir. ¿Cómo hacerlo? Alguien en twitter decía de coña hace unos días que a Yolanda Díaz se le había ocurrido llamarles "propietarios discontinuos".

Iñaki Garay, director adjunto de EXPANSIÓN