Las retribuciones pactadas en convenio subirán un 4% en 2023, y un 3%, respectivamente, en 2024 y 2025. El acuerdo recoge una cláusula de subida adicional de hasta el 1% en función de la evolución de los precios.

5 de mayo 2023

Las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT están ultimando un acuerdo salarial para la negociación colectiva en el trienio comprendido entre 2023 y 2025. El pacto recoge una subida salarial del 4%, para este año, más un 3%, respectivamente, en 2024 y 2025, según informaron ayer las fuentes próximas a la negociación, consultadas por EXPANSIÓN. Las patronales y los sindicatos han convocado a sus órganos de dirección para el lunes, con la previsión de firmar el acuerdo el martes, 9 de mayo.

Por lo tanto, en el conjunto de los tres años el incremento de los salarios será del 10%. Es decir, 3,25 puntos menos que la propuesta inicial de los sindicatos, que era del 13,25%, para el trienio 2022-2024.

Es importante reseñar en este punto que los sindicatos renuncian a negociar un acuerdo con efectos retroactivos en 2022. Esta ha sido una de las líneas rojas marcadas por la patronal, que dio por cerrado el incremento salarial medio del 2,7%, con el que cerraron los convenios el año pasado.

Por lo tanto, CCOO y UGT han cedido en el incremento de los salarios, al aceptar una subida más moderada que la reivindicada inicialmente. Y, en segundo lugar, los sindicatos han aceptado también dar por cerrado el ejercicio económico de 2022.

Eso sí, a cambio, los sindicatos han conseguido introducir una cláusula de incremento adicional del 1%, para preservar el poder adquisitivo de los salarios, y en función de la inflación. Bien es verdad que la negociación puede continuar este fin de semana para cerrar lo que, en estos casos, siempre se denominan flecos. Y uno de ellos puede estar en la modulación de las cláusulas de revisión y sus límites respecto a los precios. No obstante, lo reseñable es que los empresarios puedan aceptar este punto, cuando siempre se habían negado a restaurar una indiciación de los salarios respecto al Índice de Precios de Consumo.

Según las mismas fuentes, el acuerdo también tendrá otros puntos de aplicación en la negociación colectiva. Por ejemplo, el desarrollo de la contratación de la reforma laboral en las empresas y los sectores. Esto incluye las diversas modalidades creadas como el contrato de la construcción, los fijos discontinuos o los escasos modelos de contrato temporal. Además, la patronal y los sindicatos están discutiendo el papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el control del absentismo laboral, y su reducción. También, sobre la igualdad de género y salarial en los convenios, además del desarrollo del teletrabajo.

En definitiva, hasta este viernes, el acuerdo tenía 30 folios, a expensas de lo que pueda negociarse este fin de semana. En todo caso, tanto las patronales CEOE y Cepyme, como los sindicatos CCOO y UGT convocaron este viernes a sus respectivos órganos de dirección para el lunes con el fin de ver si respaldan un acuerdo para la negociación colectiva del trienio 2023-2025. La previsión es que el martes se pueda hacer una firma formal del acuerdo y, tal vez, en el Consejo Económico y Social, como es habitual en estos casos.

El acuerdo se produce tras las intensas presiones que ha ejercido el Gobierno en el último año sobre los empresarios para que firmasen una subida salarial con los sindicatos. El Ejecutivo no ha dudado para ello en utilizar los actos de la larga precampaña electoral de este año para pedir un incremento de las retribuciones de los trabajadores frente al crecimiento de los beneficios empresariales. De hecho, este era uno de los puntos que el Ejecutivo quería incluir en el pacto de rentas inicial para combatir la inflación. Incluso, con este objetivo, el Gobierno no ha dudado en entrar en las descalificaciones personales de grandes empresarios y del propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a propósito de los beneficios de las compañías y de sus salarios.

No obstante, Antonio Garamendi rechazó esta propuesta del Ejecutivo de incluir los beneficios en un pacto de rentas y, a cambio, planteó que en el acuerdo entrasen las pensiones. Lógicamente, el Gobierno rechazó las pretensiones del líder de la patronal y más en un año electoral.

Eso sí el Gobierno firmó el año pasado un acuerdo con los sindicatos de la función pública hasta 2024, con un incremento máximo del 9,5% en el conjunto del trienio, en el caso de que la economía evolucione positivamente.

El intervencionismo del Ejecutivo en la negociación colectiva no tiene precedentes. Ha llegado hasta el punto de que Garamendi dijese el pasado jueves que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "no pinta nada" en la negociación colectiva.

Por todas estas razones, las conversaciones entre CEOE y Cepyme con CCOO y UGT se interrumpieron en mayo del año pasado, aunque con contactos esporádicos. Otro hecho que contribuyó a la ralentización de las negociaciones fueron las elecciones de CEOE, el 23 de noviembre del año pasado, en las que Garamendi consiguió su reelección para un segundo mandato.

Por varias razones, en un año intensamente electoral, el acuerdo entre la patronal y los sindicatos es muy importante para el Gobierno. En primer lugar, porque manda un mensaje de estabilidad hacia los agentes económicos en España y hacia los inversores extranjeros. El pacto salarial es un instrumento más para intentar contener la inflación, que en estos momentos tienen una tasa interanual del 4,1%, pero del 6,6% en la subyacente.

La paz social

En segundo lugar, el acuerdo garantiza una cierta paz social en las empresas y en las calles. Los sindicatos habían amenazado con desencadenar el apocalipsis en los convenios colectivos conflictivos, hasta insinuar la utilización de violencia. Es lo que querían decir a lo largo de la última semana, antes del Primero de Mayo, cuando afirmaban lo siguiente: "Las movilizaciones [de trabajadores] se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban". E incluso, utilizaron el ejemplo de las batallas campales en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Enmanuel Macron. Es más, CCOO y UGT amenazaron a los empresarios con encadenar las protestas entre las empresas con problemas en los convenios colectivos.

La primera reacción del Gobierno a lo que puede ser una acuerdo salarial entre 2023 y 2025 fue la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En sus redes sociales, expresó su "agradecimiento" a los agentes sociales por haber alcanzado un acuerdo para subir los salarios en España. En su cuenta de la red de Twitter, Díaz destacó que es "un acuerdo tan importante, que está destinado a proteger los salarios de las personas trabajadoras". "Las organizaciones sindicales y patronales -continuó la vicepresidenta- vuelven a estar a la altura de nuestro país", que es una expresión que utiliza con frecuencia.