El presidente ejecutivo de Ferrovial es residente
fiscal en España, aunque ya tiene una firma patrimonial en Países Bajos.
3
de marzo Expansión
El Gobierno ha llegado a tachar de
"ridículos" los
argumentos esgrimidos por Ferrovial para justificar el traslado de su sede
social de a Países Bajos: ahorro de costes financieros, seguridad jurídica y
expansión internacional. Desde La Moncloa, de hecho, se ha deslizado la idea de
que la operación responde en realidad al interés del principal accionista de la
firma, Rafael Del Pino, de tributar menos por su patrimonio personal. Expertos
fiscales lo descartan, alegando que el verdadero incentivo fiscal del traslado
es para la compañía.
Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente desde hace dos décadas de la empresa
fundada por su padre en 1952, es la tercera mayor fortuna de toda España, con
un patrimonio que supera los 3.800 millones de euros. Sin embargo, Del Pino ya
maneja el 20,44% del capital que posee de Ferrovial a través de una sociedad
patrimonial, Rijn Capital, domiciliada Ámsterdam desde 2008. La firma, que
tiene al frente a los hijos de Del Pino, ya tributaba por tanto en Países Bajos
sin necesidad de trasladar Ferrovial.
"Si lo que buscasen es tributar menos,
estudiarían trasladar su residencia allí, no la de la empresa", apunta Luis del Amo, secretario técnico del
Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), lo que requeriría pasar más
de 180 días al año en Países Bajos. De lo contrario, expone, Del Pino no
eludirá tributar en España por los 5,2 millones de retribución anual que recibe
de Ferrovial, ni esquivará el nuevo impuesto solidario a las grandes fortunas
(que incluso si se fuera seguiría gravando sus inmuebles en España). Más allá,
desde el REAF recuerdan que las empresas familiares (participaciones
individuales de más el 5% en una sociedad, o familiares del 20%) están exentas
de tributar por Patrimonio o el nuevo impuesto.
Dado este esquema, el beneficio fiscal esperable es el que
indirectamente se logre de la participación en Ferrovial, que se trasladaría a
un país que deja exenta la repatriación de dividendos y es más generoso en la
deducción de gastos financieros.