Los cambios normativos introducidos en la última
década han impulsado la importancia dada a la gobernanza fiscal en los órganos
de gobierno y alta dirección de las compañías.
22
de marzo Expansión
En esta última década, en España hemos pasado de una situación en la
que los asuntos tributarios dificilmente se elevaban y se abordaban en los
órganos de gobierno, a otra en la que las organizaciones, con el apoyo e
impulso de sus consejos de administración, estén desarrollando sistemas
adecuados de gestión y control de riesgos fiscales.
Esta tendencia se inició con la aprobación de la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que introdujo para las sociedades anónimas
cotizadas nuevas obligaciones en materia de cumplimiento fiscal. Estos cambios
han llevado a los consejos de administración a tomar parte en la definición de
sus estrategias fiscales, así como a la revisión y aprobación de aquellas
inversiones u operaciones de carácter estratégico o de especial riesgo fiscal.
La certificación UNE 19602 está siendo una gran
herramienta que los órganos de gobierno están fomentando para asegurarse que se
ha implementado un debido sistema de compliance tributario
Por otro lado, la disposición también obligó a
estas entidades a elaborar e implementar sistemas de gestión y control de sus
riesgos fiscales. Esto también ha permitido atenuar potenciales
responsabilidades de sus órganos de gestión, y eximir y/o, en su caso, mitigar
la correspondiente responsabilidad penal en relación con aquellos delitos
contra la hacienda pública.
Desde entonces y hasta la fecha, el entorno ha ido evolucionando y ha impulsado a
las grandes organizaciones en España (con independencia de ser o no cotizadas)
a centrarse en desarrollar un modelo de compliance tributario.
Dichos modelos incluyen factores que van desde el riesgo reputacional y la
protección de su imagen corporativa a la sostenibilidad (un punto prioritario
para cualquier compañía hoy en día), pasando por los mecanismos de reporte.
En paralelo, han aumentado las actividades de promoción por parte de varias
organizaciones, organismos y fundaciones nacionales e internacionales,
centradas en fomentar que los contribuyentes elaboren y publiquen sus
contribuciones fiscales en las jurisdicciones donde operan y/o que trabajen en
sus perfiles de transparencia en materia fiscal, desarrollando metodologías de
evaluación/índices de clasificación según el grado de cumplimiento
(publicándose los resultados en diversos estudios).
En relación con este punto, se ha incrementado la necesidad de publicar
determinada información de naturaleza fiscal, por ejemplo, en el informe de
gestión y en el apartado E) del Informe Anual de Gobierno Corporativo. En este
sentido, en 2019 se publicó el estándar que se conoce como "GRI 207:
Tax", impulsado por el Global Sustainability Standards Board (GSSB), que
recoge recomendaciones dirigidas a cómo elaborar reportes en materia fiscal.
Así, cada vez toma más importancia la
concienciación sobre la relevancia de la gobernanza fiscal en los órganos de
gobierno y alta dirección, fomentando la implantación de procedimientos de
reporte periódico de determinada información fiscal que es revisada por el
órgano de compliance tributario, por la alta dirección, la
comisión de auditoría y por los consejos de administración de las principales
organizaciones.
Se ha incrementado la necesidad de publicar
determinada información de naturaleza fiscal, por ejemplo, en el informe de
gestión
Todo ello a efectos de revisar y, en su caso,
aprobar, aquellas operaciones con especial trascendencia fiscal, así como para
evaluar el estado de sus sistemas de gestión y control de riesgos fiscales. A
su vez, se está convirtiendo en habitual que, con periodicidad anual, se
publiquen aquellos asuntos de naturaleza fiscal que han sido revisados tanto
por las comisiones de auditoría como por los consejos de administración.
A su vez, en febrero de 2019 se publicó la Norma
UNE 19602 - Sistemas de gestión de compliance tributario. La
disposición establece los requisitos y facilita las directrices para adoptar,
implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de cumplimiento
normativo tributario así como el resto de los elementos de un sistema de
gestión de compliance tributario de una organización.
Esta norma permite que, tras un proceso de
auditoría efectuado por una entidad certificadora, las compañías puedan obtener
un "certificado de calidad" sobre su sistema de compliance tributario,
tanto a efectos reputacionales, como a efectos de cumplir posibles requisitos
de cara a concursos públicos o gestiones/trámites de carácter administrativo
ante organismos públicos, o incluso frente a la propia Administración
tributaria. De hecho, durante el ejercicio 2022, ha habido un incremento
significativo de las entidades que están certificando sus sistemas conforme a
esta norma y la tendencia está siendo al alza.
Por último, todo lo anterior se está conjugando
con la necesidad de que se genere una relación abierta, fluida, cooperativa y
transparente entre los diferentes órganos que componen la Administración
tributaria y los contribuyentes.
En España, la lista de empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas
Tributarias ha ido incrementándose constantemente, como también lo han hecho
aquellas compañías que presentan el Informe de Transparencia en el marco de
dicho Código, pudiendo obtener feedback de la Administración
tributaria respecto de criterios fiscales a aplicar en relación con
determinadas operaciones/transacciones que pudieran preocuparles.
Es necesaria una relación abierta, fluida,
cooperativa y transparente entre los diferentes órganos que componen la
Administración tributaria y los contribuyentes
Creemos que, en un futuro no muy lejano, tal y
como se hace en otros países de nuestro entorno, la Administración tributaria
española va a empezar a poner en valor a aquellas compañías que acrediten que
disponen de un adecuado sistema de gestión y control de riesgos fiscales,
recibiendo por ello un trato acorde con el nivel de robustez, transparencia y
colaboración demostrado.
Es por ello por lo que la certificación conforme a
la Norma UNE 19602 está siendo
una gran herramienta que los órganos de gobierno están fomentando para
asegurarse que se ha implementado en sus organizaciones un debido sistema
de compliance tributario que les permita ser conocedores de
aquellos asuntos fiscales relevantes y, en su caso, adoptar las oportunas
decisiones. Dicha certificación, en definitiva, refuerza el compromiso de las
compañías en materia de buen gobierno en el ámbito fiscal, confirmando el nivel
de madurez de su sistema de compliance tributario que cada vez
más está presente en los consejos de administración de las empresas.
Miguel Gutiérrez Botella, socio de Fiscal de
Deloitte Legal; Jorge Martín Girola Mariño, Asociado Principal de Fiscal de
Deloitte Legal