Jesús Gascón (Secretario de Estado de Hacienda) sitúa la tributación de los
criptoactivos y el desarrollo del tipo mínimo global en Sociedades y la reforma
de las reglas fiscales como retos tributarios de la Presidencia española de la
UE.
23
marzo Expansión
Hacienda ultima, finalmente, las reglas de streaptease fiscal que exigirá realizar a los
propietarios de criptomonedas. Aunque inicialmente el destape estaba previsto
para el arranque de este año, el retraso del Ministerio en el desarrollo
reglamentario de las nuevas obligaciones exigió retrasar su puesta en marcha al
menos hasta 2024. Para evitar nuevas demoras, y garantizar su entrada en vigor
efectiva a inicios del próximo ejercicio, el Gobierno ha acelerado el diseño de
los nuevos modelos de declaración de criptoactivos con la expectativa de
aprobarlos definitivamente "en las próximas semanas", según anunció
ayer el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
La tributación de las monedas virtuales es uno de los grandes desafíos que afrontan las
autoridades fiscales comunitarias, subrayó Gascón durante su intervención
inaugural del Congreso Fiscal Lefebvre 2023, que llevó por título Los retos
tributarios de la Presidencia española de la Unión Europea, en el segundo
semestre del año. "Nosotros hemos avanzado en nuestra legislación interna
y ya tenemos una obligación legal, establecida por la ley 11/2021" de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que exige declarar la
tenencia de monedas virtuales, pero que está "pendiente de desarrollo reglamentario",
recordó. "Espero que se pueda aprobar en las próximas semanas",
anunció acto seguido quien fuera director de la Agencia Tributaria y ahora es
el número dos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El esquema de fiscalización de las criptomonedas
que ultima poner en marcha España se articula en torno a tres nuevos modelos de declaración informativa: el
172, sobre los saldos en monedas virtuales; el 173, acerca de las operaciones
realizadas con ellas; y el 721, específico para registrar las divisas virtuales
que se posean el extranjero.
Actualmente, los contribuyentes ya están obligados a tributar por sus criptomonedas, declarando
ganancias o pérdidas patrimoniales en el IRPF el resultado de sus operaciones,
así como a declarar su tenencia si se superan los umbrales establecidos por
cada comunidad autónoma en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Una vez que Hacienda apruebe el desarrollo
reglamentario de las nuevas obligaciones informativas, sin embargo, todos los
contribuyentes deberán dar cuenta al Fisco de sus saldos y operaciones con
monedas virtuales, tanto en España como en el extranjero. Además, las
exigencias informativas serán extensivas a las empresas intermediarias en la
operativa con criptodivisas.
En todo caso, el secretario de Estado de Hacienda recordó que la tributación de los
criptoactivos está pendiente de regular conjuntamente en la Unión Europea y que
"los avances a nivel europeo serían muy bienvenidos".
Más allá, Gascón anticipó que la española
será lo que se conoce como una presidencia de oro porque será la última
completa antes de las próximas elecciones comunitarias, lo que supondrá una
"gran carga de trabajo". En el ámbito fiscal, detalló, otro de los
grandes frentes será avanzar en el acuerdo internacional pendiente del llamado
Pilar 1 de la fiscalidad global, el que implica el reparto de la recaudación
obtenida de multinacionales digitales entre los territorios en los que opera,
aunque no tenga presencia física. Si no hay acuerdo a nivel global en junio,
deberán estudiarse nuevos gravámenes o "prestaciones patrimoniales"
que lo suplan, anticipó.
En todo caso, España deberá lidiar con la puesta
en marcha definitiva del llamado Pilar 2, el que establece la imposición
societaria mínima del 15% en toda la Unión Europea desde 2024 para compañías
con una facturación superior a los 750 millones de euros.
El otro gran frente que deberá resolverse durante
la presidencia española de la UE es la reforma de las reglas fiscales, que establecen los límites de deuda y déficit,
antes de su reactivación en 2024 después de llevar en suspenso desde 2020 para
ayudar a afrontar la pandemia y la guerra en Ucrania.
El anuncio de Gascón de que la tributación de los gigantes digitales
podría resolverse mediante prestaciones patrimoniales, la figura que ha
permitido la creación exprés de los nuevos gravámenes a banca y energéticas,
suscitó duras críticas entre la gran empresa. Así lo alertaron poco después en
el mismo foro responsables fiscales de Banco Santander, Iberdrola y Repsol,
confiando en que el Tribunal Constitucional tumbe las nuevas figuras y cierre
la puerta a utilizar esta vía para crear nuevos impuestos de forma
indiscriminada.