La patronal catalana espera que la sala
contencioso-administrativa eleve la cuestión al Constitucional
9
de mayo Expansión
Fomento del Trabajo prosigue con su guerra contra el impuesto
de Patrimonio. La patronal catalana de la gran empresa ha abierto un nuevo
frente contra el gravamen en la Audiencia Nacional con el
objetivo de que el tribunal eleve la cuestión al Constitucional.
El abogado del bufete Roca & Junyent, Manuel
J. Silva, ha explicado que la patronal ha presentado un recurso en la sala
contencioso-administrativa contra la orden del Ministerio de Hacienda
310/2023, que regulaba la declaración de este impuesto, entre otros.
Tercer frente
Se trata del tercer frente que Fomento tiene
abierto contra el impuesto. La patronal ya presentó en el 2021 un dictamen de
inconstitucionalidad sobre una modificación del impuesto a grupos
parlamentarios e instituciones y el PP acabó presentando recurso al
Tribunal Constitucional.
En 2022, en los Presupuestos Generales del Estado,
el Gobierno introdujo el llamado impuesto sobre grandes fortunas y la patronal
catalana elaboró otro dictamen que se hizo llegar a formaciones e
instituciones, y algunos gobiernos autonómicos han presentado recurso al
Constitucional.
Por el camino, la patronal intentó recurrir
al Defensor del Pueblo. Sin embargo, este organismo desestimó la
causa.
Valoración sobre el impuesto
El presidente de Fomento del Trabajo, Josep
Sánchez Llibre, ha lamentado que "en nuestro país tenemos varios
impuestos cedidos y propios que van contra la economía productiva, y éste
es un impuesto injusto". El líder patronal ha recordado que "el
impuesto de Patrimonio era transitorio en 1977 pensado para el control de la
riqueza de entonces, y todavía estamos ahí: es una auténtica vergüenza".
"Nos preocupa mucho el impuesto de Patrimonio
porque consideramos que es confiscatorio", ha afirmado. Para el líder
patronal este impuesto "carga sobre un activo que no genera rentas
suficientes para pagar el propio impuesto". "Queremos que
desaparezca de la legislación española porque es inconstitucional", ha
remachado Sánchez Llibre.