El Ejecutivo revela a Bruselas en el Plan de Estabilidad que su compromiso de rebajar el déficit al 3% en 2024 descansa este año en sus nuevos impuestos y se concentrará en reducir el gasto público tras las elecciones.

29 de abril Expansión

El Gobierno se vio obligado ayer a mostrar sus cartas a Bruselas tras el órdago fiscal lanzado el jueves, cuando prometió rebajar el déficit público al límite comunitario en 2024, un año antes de lo previsto. Al cumplir con su obligación anual de remitir a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad, en este caso de periodo 2023-2026, antes del cierre de abril, el Ejecutivo tuvo que explicar que los 24.000 millones de euros de ajuste presupuestario previstos en solo dos años descansan en incrementar la presión fiscal a un inédito 40% del PIB y por acometer un recorte de gasto de 20.000 millones, el grueso de este tras las Elecciones Generales previstas para finales de año.

El documento remitido a Bruselas incorpora oficialmente la nueva senda de consolidación presupuestaria acelerada que el Gobierno anunció el jueves tras conocer la propuesta de reforma de las reglas fiscales presentada por la Comisión Europea. El plan consiste en reducir el déficit público desde el 4,8% del PIB en el que cerró 2022 (en 63.776 millones) al 3,9% este año (lo que supone una rebaja de unos 12.000 millones); para alcanzar el 3% en 2024 (otros 12.000 millones menos, y por tanto 24.000 en solo dos años), situándose ya en el límite desde el que Bruselas volverá a pedir ajustes a partir del próximo año. La senda permitiría alcanzar un superávit primario en 2025, cuando el déficit caería al 2,7%, para descender al 2,5% en 2026.

El Gobierno no ofreció más detalle de su plan inicialmente, pero el Programa de Estabilidad remitido por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, desnuda su estrategia al desvelar sus previsiones de ingresos y gastos públicos.

Así, de una parte, el Ejecutivo estima que el conjunto de ingresos públicos del Estado, que fue del 43% del PIB en 2022, sumando 570.521 millones de euros, se elevará al 43,4% este año (5.308 millones más) al calor de los nuevos impuestos aprobados sobre banca, energéticas y grandes fortunas, pasaría al 43,3% en 2024 (1.327 millones menos, coincidiendo con la rebaja de IRPF a rentas bajas), el 43,7% en 2025 y el 43,8% en 2026. Conviene tener en cuenta que aunque se asume que determinados ingresos secundarios se reducirán, el Ejecutivo confía en que la presión fiscal (suma de ingresos por impuestos y cotizaciones) suba año a año, pasando del 38,7% al 39,7% este ejercicio, marcando récord en 2024 por encima del 40% y alcanzando el 40,6% en 2026. Solo en 2023, Hacienda confía en recaudar un 8,8% más de tributos (359.000 millones) sobre el máximo histórico que ya cosechó en 2022 aupada sobre la inflación (a la que achaca un tercio de los ingresos extra del año pasado).

En resumen, de cara a la reducción del déficit, el Gobierno espera obtener unos 3.980 millones extra entre 2023 y 2024, gracias fundamentalmente a los nuevos impuestos extraordinarios.

La mayor sorpresa llega, sin embargo, del lado del gasto. El Programa de Estabilidad detalla que la factura pública se situó en 2022 en el 47,8% del PIB (634.297 millones). A partir de ahí, el Gobierno revela que aspira a reducir su peso al 47,3% este año (6.635 millones menos), y al 46,3% el próximo ejercicio (es decir, 13.271 millones de recorte una vez pasadas las Elecciones Generales previstas para finales de este año) para mantenerlo congelado en ese umbral hasta 2026. En total, el Ejecutivo dibuja una rebaja de 19.900 millones de euros del gasto público entre 2023 y 2024, que sumados a los 4.000 millones de recaudación extra arrojan los 24.000 millones de rebaja exprés del déficit comprometida.

A falta de ver cómo evoluciona la coyuntura económica y geopolítica -o, claro está, el resultado de los comicios-, lo cierto es que buena parte de la reducción del gasto proyectada por el Ejecutivo descansa en la expectativa de que paulatinamente podrá ir retirando las medidas desplegadas para paliar la crisis energética e inflacionista. Una factura de 35.000 millones entre ayudas públicas y rebaja de los impuestos energéticos que en buena parte caducarán a cierre de este año.

Más allá, el Gobierno defiende ante Bruselas que "para lograr la consolidación de las finanzas públicas, se deben compatibilizar con el estímulo del crecimiento económico", y que desde esta óptica hay que medir también la reforma fiscal comprometida. "Cabe señalar que en los últimos años se ha producido una reducción significativa del diferencial negativo de ingresos en relación con la Unión Europea", subraya, dando por cumplida la reforma estructural con las medidas coyunturales adoptadas. Resta por ver qué opina Bruselas.

EL EJECUTIVO PREVÉ 1,1 MILLONES MÁS DE EMPLEOS Y BAJAR EL PARO DEL 10% EN 2026

El Gobierno ha optado finalmente por mantener vigente, su optimista cuadro de previsiones macroeconómicas. A la luz del buen dato de crecimiento del primer trimestre del año, y con el grueso de grandes analistas revisando al alza sus proyecciones para España (aunque sin llegar al extremo de La Moncloa), el Ejecutivo ha informado a la Comisión Europea de que espera un incremento de PIB del 2,1% este año y el 2,4% el próximo ejercicio, en un contexto de fuerte creación de empleo.

De hecho, las proyecciones para el mercado laboral incorporadas en el Programa de Estabilidad son quizás las más ambiciosas de todo el documento. El Gobierno espera que en el conjunto del periodo que rige el plan, de 2023 a 2026, España creará 1,1 millones más de empleos, que se sumarían al millón ya generado tras la pandemia.

Como consecuencia, detalla el Ejecutivo, la tasa de paro intensificará su senda descendente pasando del 13% de 2022 al 12,2% este año, el 10,9% el próximo ejercicio para acabar situándose por debajo del 10%, en el 9,8%, en 2026.

El documento destaca que el crecimiento potencial del PIB español se elevará al 1,6% a partir de 2024, el doble que el registrado en 2018, y que el país consigue generar empleo cada vez con menores tasas de crecimiento. De hecho, para 2025 se espera que el alza del PIB se modere al 1,8% y que en 2026 sea del 1,7%, después de que España acabe de despedir dos ejercicios consecutivos creciendo al 5,5%, "recuperando prácticamente el nivel de PIB prepandemia".

El Programa admite que en el entorno de aumento de los tipos de interés de emisión se reflejará en un mayor pago por intereses, pero aduce que la reducción del déficit primario facilitará mantener la actual tendencia decreciente de la ratio de deuda. En este marco, y con la reducción del déficit comprometida (al 3% para 2024), el Ejecutivo prevé reducir la deuda pública del 113,2% al 111,9% este año, situarla por debajo del 110% en 2024, también un año antes de lo previsto inicialmente. A partir de ahí, espera llevarla al 106,8% en 2026 (si bien el límite de referencia europeo del 60% seguirá lejos).

80% DE FONDOS EUROPEOS COMPROMETIDOS

El Gobierno ha informado a la UE de que a cierre de 2022 la cifra global de obligaciones reconocidas de los fondos europeos sumaba 39.679 millones de euros, el 79,5% de lo presupuestados a cuenta del programa Next Generation. En concreto, destaca, en 2021 se comprometieron gastos por 20.977 millones, el 86,7% de lo dispuesto, y en 2021, otros 21.648 millones de euros, un 76,0% del objetivo, si bien el informe obvia detallar el monto efectivamente desembolsado.