Inflación, costes energéticos y alza de tipos elevaron los impagos en 2022; cuatro de cada diez empresas alertan de que los costes financieros deterioran el comportamiento de pago.

6 de mayo Expansión

La economía española está mostrando una notable resiliencia, con un crecimiento del PIB del 5,5% en 2022 y del 0,5% en el primer trimestre de este año, frente al anémico 0,1% del conjunto de la zona euro, y un mercado laboral que, a diferencia de crisis anteriores, está logrando capear hasta ahora el temporal. Pero eso no significa que en el monte de la economía todo sea orégano. El consumo de los hogares, uno de los grandes pulmones de la economía doméstica, está deprimido y el gran salvavidas del PIB en los últimos meses han sido las exportaciones y, en concreto, el turismo extranjero, en un contexto en el que la economía internacional se enfría.

En este escenario, el tejido empresarial español, que aún no había cicatrizado del todo las heridas del Covid, arrastra desde hace meses las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania: elevada inflación, abultados costes energéticos, el rápido y abrupto encarecimiento de los costes financieros y la persistencia de los problemas en las cadenas de suministro.

Los efectos de este cóctel tóxico para el mundo empresarial han sido un incremento de la morosidad y los impagos. El 20% de las empresas españolas afirma que sufrió "impagos significativos" en 2022, "lo que supone un deterioro de cuatro puntos frente a los niveles de impacto de la morosidad de hace un año". Así lo recoge el último informe de Crédito y Caución e Iberinform sobre la gestión del riesgo de crédito en España, publicado ayer.

La acelerada subida de los tipos de interés, que en menos de un año han pasado del 0% al 3,75% fijado el pasado jueves por el BCE, han convertido los crecientes costes financieros en un factor de riesgo añadido, "cuando hace un año era irrelevante". De hecho, en la actualidad "el 43% de las empresas españolas percibe el impacto del incremento de los costes financieros en el comportamiento en pagos y los niveles de solvencia de su cartera comercial", señala el informe, en el que han participado responsables de casi 800 empresas de diferentes sectores y tamaños.

Ahora, el encarecimiento de la financiación, vital para mantener engrasado el tejido productivo, se ha erigido "en el tercer factor desestabilizador del riesgo de crédito comercial" por detrás de la espiral inflacionista, citada por el 67% de los encuestados, y los costes energéticos, mencionados por el 57%.

Un trinomio de factores que agrava la situación de muchas empresas, especialmente las pymes, donde llueve sobre mojado y para las que la evolución de los precios de los insumos sigue siendo "crítica para el deterioro de los pagos y la solvencia", ya que, según resalta el documento, "las empresas repercuten parte de estos incrementos contra sus márgenes al no trasladarlos de forma directa a sus precios finales y afrontan, además, caídas en la demanda de las familias".

Todo ello sin olvidar que, aunque mitigados, todavía persisten los problemas de la cadena de suministro, citados por el 31% de las empresas sondeadas, y las tensiones geopolíticas (21%), con el creciente riesgo de que la economía global se fracture en bloques, como advirtió el jueves el FMI.

Con este incierto telón de fondo, "el 85% de las empresas españolas percibe el impacto del entorno económico en el riesgo de crédito de su cartera comercial" en un contexto en el que inflación, energía y costes financieros se perfilan como "los principales factores desestabilizadores del riesgo de crédito en 2023"; esto es, como elementos que pueden impulsar los impagos, a pesar de que el 57% de las empresas espera que su facturación crezca este año, frente al 42% que prevé que se mantenga o disminuya.

LOS CONCURSOS DE ACREEDORES SE DISPARAN UN 29% EN ABRIL

Los problemas que arrastra el sector empresarial en los últimos años, fruto de la crisis del Covid, la guerra en Ucrania, la espiral inflacionista, los costes de producción, el aumento de cargas laborales (alzas del SMI y de las cotizaciones, más impuestos...), y a los que ahora se suman mayores gastos financieros, se plasman en el aumento de las insolvencias empresariales.

Los concursos de acreedores se dispararon un 29% en abril respecto al mismo mes del año pasado, con la entrada de 568 empresas en suspensión de pagos frente a las 440 de abril de 2022, según datos de Informa D&B.

En tasa Intertrimestral, el número de concursos se catapultó un 42,7% respecto a marzo, eclosión que se produjo tras el fin de la huelga de los letrados judiciales, que durante dos meses (febrero y marzo) redujo de forma sustancial el número de procedimientos (un 47,2% en febrero y un 35,1% en marzo) por la sencilla razón de que casi se congeló el registro de las solicitudes en los juzgados. Esto es, la huelga camufló temporalmente una avalancha de procesos que, previsiblemente, irá a más en los próximos meses a medida que se vaya digiriendo ese retraso.

Aunque la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en septiembre pasado, busca primar los procesos de reestructuración para salvar el mayor número posible de empresas viables, los concursos siguen copando el grueso de los procedimientos: más del 92% de los registrados en abril. De hecho, los planes de reestructuración apenas llegaron a 24 (el 3,9% de los procesos totales) y otros 21 fueron procedimientos especiales para microempresas, vigentes desde el pasado enero y que apenas se habían utilizado hasta ahora.

Es de prever que tanto esta figura como los planes de reestructuración vayan cogiendo fuerza en el transcurso de los próximos meses. De hecho, los planes de reestructuración, pensados para empresas de cierto tamaño, sumaron 143 entre enero y abril, mientras que los procedimientos para micropymes, que arrancaron más tarde, solo llegaron a 30.