24 de junio 2026 Expansión

La relación entre las empresas y la Administración tributaria se ha estructurado a menudo bajo un modelo de confrontación. El procedimiento habitual consistía en esperar a la liquidación de una inspección, impugnarla sistemáticamente y encomendarse a un largo proceso judicial que podía demorarse casi una década. Sin embargo, en un entorno empresarial marcado por la volatilidad económica y una regulación en constante transformación, esta estrategia reactiva resulta cada vez más insostenible.

Hoy, las corporaciones están sustituyendo la tradicional actitud defensiva por una gestión proactiva de la litigiosidad tributaria. Este cambio de paradigma no solo busca reducir la factura fiscal legítimamente, sino aportar certidumbre a los balances, proteger la reputación corporativa y descongestionar unos tribunales saturados.

El primer pilar de esta estrategia es la anticipación. Las empresas ya no esperan a que la Agencia Tributaria llame a su puerta. Actúan antes de tomar decisiones corporativas complejas. En este ámbito, las consultas vinculantes ante la Dirección General de Tributos (DGT) se han convertido en un instrumento fundamental. Por ello, es fundamental que Tributos conteste a tiempo. Contrastar el criterio administrativo antes de acometer fusiones, adquisiciones o reestructuraciones ofrece un blindaje jurídico de enorme valor. Asimismo, herramientas como el programa Informa de la Agencia Tributaria (AEAT) permiten resolver dudas recurrentes de forma ágil y sistematizada.

Esta labor preventiva se complementa con una monitorización rigurosa de la jurisprudencia. Los departamentos fiscales y sus asesores externos siguen al milímetro los pronunciamientos del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y del Tribunal Supremo. Estar al tanto de los cambios de criterio permite a las compañías rectificar posiciones dudosas a tiempo, adaptando sus declaraciones y evitando litigios abocados al fracaso.

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El segundo eje del cambio radica en la evolución hacia una relación de confianza mutua, conocida en el ámbito internacional como relación cooperativa. La Agencia Tributaria ha desarrollado en los últimos años diversos asistentes virtuales y herramientas de pre-declaración con el objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario. El uso de estos recursos digitales reduce de forma drástica los errores materiales de interpretación y las discrepancias de carácter puramente técnico en las autoliquidaciones.

Cuando surge una discrepancia en fase de inspección, la vía del conflicto total ya no es la única opción de las compañías. Los expertos fiscales abogan cada vez más por explorar compromisos en fase de inspección, destacando el uso de las llamadas actas con acuerdo. Aunque su aplicación está acotada por ley a supuestos donde existan conceptos jurídicos indeterminados o necesidad de valoraciones complejas, permiten cerrar expedientes de mutuo acuerdo, aplicando reducciones significativas en las sanciones a cambio de renunciar a la vía judicial posterior. Se gana velocidad, se reduce el coste financiero de los avales y se aporta tranquilidad al negocio.

Finalmente, cuando el conflicto resulta inevitable, la gestión proactiva exige replantear la forma en que se litiga. Tradicionalmente, la vía administrativa previa (recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas) se trataba como un mero trámite burocrático, una parada técnica obligatoria antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La tendencia actual apuesta por dotar de un rigor técnico a estos recursos. Una argumentación sólida desde el primer momento incrementa sustancialmente las posibilidades de que la propia Administración revoque sus actos sin necesidad de escalar el conflicto a los tribunales.