La Comisión Europea plantea que la reactivación de las reglas fiscales pase por fijar planes de consolidación adaptados a cada país pero que coincidan en requerir un ajuste mínimo de 0,5 puntos de PIB al año.

27 de abril Expansión

Bruselas puso ayer sobre la mesa las nuevas reglas del juego presupuestario que plantea compartir en la Unión Europea. Tras cuatro años con los objetivos de déficit y deuda suspendidos, para permitir a los socios comunitarios combatir la crisis del Covid-19 sin tener las manos atadas, la Comisión Europea presentó la letra pequeña de su propuesta de reedición de las reglas fiscales. El documento supone una suerte de cuadratura del círculo que pretende recuperar las costuras de las cuentas públicas europeas atendiendo tanto a los socios que exigen ortodoxia como a los que reclaman proteger el crecimiento. El resultado pasa por someter a los países con desequilibrios a sendas de ajuste personalizadas, pero con un ajuste mínimo anual común que en el caso español ascenderá a unos 7.000 millones de euros.

El documento, presentado ayer en rueda de prensa por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, busca así ofrecer una solución salomónica que contente a la diferentes sensibilidades comunitarias.

De un lado, la propuesta pasa por comenzar a reequilibrar las malogradas cuentas públicas europeas con planes de consolidación plurianual a la medida de cada país, contemplando excepciones que eviten apretar las tuercas a los estados durante las crisis (tras lo ocurrido en la Gran Recesión), como reclaman París, Roma, Madrid y el resto de socios que aboga por reglas fiscales que primen el crecimiento y las inversiones clave.

De otro, el plan busca contentar a Berlín y los otros guardianes de la ortodoxia fiscal exigiendo un relevante volumen de ajustes presupuestarios anuales a los países incumplidores y restringiendo su capacidad de seguir elevando el gasto público.

De hecho, la Comisión Europea aboga por mantener vigentes los tradicionales límites de 3% de déficit y 60% de deuda pública que ya operaban, y por seguir aplicando protocolos de déficit excesivo a los países en los que el agujero fiscal rebase este tope.

A, partir de ahí, sin embargo, Bruselas ha introducido una serie de novedades que, simplificando las farragosas reglas originales, buscan equilibrar la consolidación, a fin de "reducir los altos índices de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida", con el crecimiento, "apoyando el progreso hacia una economía verde, digital, inclusiva y resiliente".

Bruselas establece como "piedra angular" de su propuesta la petición de planes fiscales diseñados por cada Estado miembro con las medidas, reformas e inversiones que planean acometer para corregir sus desequilibrios presupuestarios. Estas hojas de ruta tendrán una duración de cuatro años, ampliables a siete en el caso de conllevar reformas e inversiones estructurales con efectos a largo plazo. En cualquiera de los dos casos, los países deberán comprometer una reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB en los cuatro primeros ejercicios. Los documentos serán evaluados por la Comisión pero requerirán la aprobación del resto de socios en el Consejo Europeo.

Posteriormente, los planes se someterán a una suerte de evaluación continua en la que cada país deberá entregar un informe de progreso anual y someterse a la vigilancia fiscal dentro del Semestre Europeo.

La idea de Bruselas es que cada Estado miembro pueda dibujar su propia senda de consolidación personalizada pero sometida al control del grupo y sujeta a unas exigencias mínimas.

Así, los países con un déficit público superior al 3% del PIB, o una deuda pública de más del 60%, estarán sujetos a una "trayectoria técnica" que exigirá drenar el agujero fiscal y situar en descenso la senda de endeduamiento. Para ello, la Comisión Europea planea prohibirles elevar el gasto público neto anual por encima de la tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo. A su vez, establece que mientras su déficit se mantenga por encima del 3%, el país deberá acometer una ajuste fiscal anual mínimo del 0,5% de su PIB. En el caso de España, que cerró 2022 con un desequilibrio presupuestario del 4,8%, Bruselas exigiría medidas de aumento de ingresos y reducción del gasto por valor de al menos 6.635 millones cada año hasta bajar del 3%.

Conviene recordar que después de que la crisis financiera disparara el déficit público al 11,3% en 2009, España tardó una década en rebajarlo del 3%. Justo entonces la pandemia lo elevó de golpe de nuevo por encima del 10%, si bien desde entonces se ha rebajado a la mitad (ver gráfico adjunto). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía, de hecho, en rebajar el agujero fiscal al 3,9% este año, el 3,3% el próximo y situarlo en el 2,95% en 2025, lo que permitiría a España salir entonces del procedimiento de déficit excesivo que se le aplicará desde el próximo año.

En todo caso, la Comisión Europea ha previsto la posibilidad de eximir excepcionalmente a los países de estos ajustes si la coyuntura lo aconseja, como se ha hecho desde 2020 ante la pandemia. Así, la propuesta recoge la existencia de cláusulas de escape generales y específicas de cada Estado que permitirán desviaciones de los objetivos de gasto "en caso de una recesión económica grave en la Unión Europea o en la zona del euro en su conjunto o en circunstancias excepcionales fuera del control del Estado miembro con un impacto importante en las finanzas públicas". La activación y desactivación de las cláusulas la decidirá el Consejo a recomendación de la Comisión.

El objetivo de fondo es evitar el carácter procíclico de las viejas reglas para promover que los mayores esfuerzos se realicen en tiempos de bonanza, contando además con un freno de mano que permita desactivar las medidas de austeridad en caso de crisis para no ahogar a los países.

Por otra parte, en el caso de que un Estado incumpla los objetivos de consolidación de su plan, el grado de exigencia podría aumentar y el calendario acortarse. La Comisión Europea ha previsto un "régimen de aplicación más estricto" de las multas a infractores, reduciendo las sanciones, pero haciendo más realista su aplicación.

Más allá, el rediseño del marco de gobernanza económico presentado por Bruselas pasa por establecer un sistema de vigilancia universal preventiva. De esta forma, los países que no superen los límites europeos de déficit y deuda quedarán sujetos a una interlocución informativa con Bruselas para tratar de garantizar que no van a rebasarlos en los años siguientes.

Pulso entre bloques

La propuesta de la Comisión, que deberá ser discutida ahora por los Estados miembros -con los que Bruselas lleva meses negociando- y el Europarlamento, aspira a ser aprobado antes de fin de año.

Aún está por ver, sin embargo, si la propuesta de Bruselas logra contentar a todas las partes. "Vamos a poner el máximo esfuerzo en crear consensos e impulsar el proceso legislativo durante la Presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del año", avanzó ayer el Gobierno español. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, valoró positivamente la propuesta y el hecho de que recoja su aspiración de permitir sendas de consolidación para cada país.

Alemania, sin embargo, advirtió de que el plan "aún no satisface las exigencias" que plantearon, incluyendo un ajuste anual de deuda pública de un punto de PIB a los países con desequilibrios, reveló el ministro de Hacienda germano, el liberal Christian Lindner, avanzando que tratará de endurecer el texto.