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Modificación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias y financieras de apoyo al sector cultural por COVID-19
Aprobada ayer, 12 de octubre de 2021, la Ley 14/2021, de 11 de octubre, que modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, que introduce modificaciones respecto las medidas financieras y tributarias aprobadas por el mencionado Real Decreto-ley.
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Madrid y País Vasco, únicas regiones españolas con una presión fiscal inferior a la media europea.

En plena ofensiva del Gobierno contra el modelo fiscal de Madrid, comunidad a la que quiere forzar a subir los impuestos de Patrimonio y Sucesiones en aras de una supuesta armonización tributaria entre regiones (al alza, no a la baja), las cifras dan una vez más la razón a la autonomía madrileña. Madrid es la comunidad con la presión fiscal más baja de toda España y, sin embargo, es la que más recauda (alrededor de 84.000 millones de euros anuales), erigiéndose en una de las pocas regiones españolas que superan la media europea en competitividad y atractivo fiscal.

De hecho, solo Madrid y las tres provincias vascas (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) tendrían una presión fiscal normativa inferior al promedio comunitario dentro de un ránking que deja en muy mal lugar al conjunto de España, cuya presión impositiva se sitúa diez puntos por encima de la media de la UE (sobre una base 100).

Así lo refleja el informe sobre la competitividad fiscal de las CCAA presentado ayer por el Instituto de Estudios Económicos, que sitúa la carga fiscal de Madrid 12,4 puntos por debajo del promedio europeo y 22,4 puntos por debajo de la media española. Esto es, mientras que Madrid y País Vasco registran unos niveles de presión impositiva similares a los de países como Suecia, Australia o República Checa, "la mayor parte de las comunidades autónomas españolas presenta una presión fiscal normativa sensiblemente peor a la de la media de la UE", señala el informe, que sitúa a Cataluña no solo a la cabeza del ránking español como la autonomía con mayor presión fiscal (supera en casi 47 puntos a Madrid), sino también por encima de países como Italia y Chile, que cierran la clasificación como grandes farolillos rojos.

 

Esta losa fiscal, que en los últimos años se ha combinado con la deriva política del procés para crear un cóctel letal para la economía de la región, explica en buena parte por qué Cataluña ha ido perdiendo posiciones en el ránking de competitividad regional que elabora la Comisión Europea, situándose en 2019 claramente por debajo del promedio europeo que, una vez más, solo superaron Madrid y, a cierta distancia, País Vasco, que cuenta con la ventaja añadida de disponer de su propio concierto económico (al igual que Navarra), mientras que en el caso de Madrid su margen de maniobra es el mismo que tienen las demás comunidades y se ciñe esencialmente a los impuestos cedidos por el Estado.

En este contexto, en el que el sistema tributario español presenta ya de por sí serias deficiencias, el IEE advierte del peligro que representa la armonización fiscal que, como un "subterfugio" para forzar subidas de impuestos, proyecta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que "si se iguala la presión fiscal normativa a niveles altos, van a aumentar las desigualdades de presión fiscal recaudatoria y en recaudación por habitante, injustificable desde una perspectiva de igualdad recaudatoria y de equidad personal".

¿Divergencia fiscal?

Para el IEE, no es hora de subir impuestos "en un momento tan delicado", advirtió ayer el presidente del Instituto, Íñigo Fernández de Mesa, sumándose así al coro de voces empresariales que ayer rechazaron de forma tajante desde las páginas de EXPANSIÓN la subida fiscal anunciada por el Gobierno. Y tampoco elevar la presión fiscal para converger con el "discutible promedio europeo", como desde hace tiempo defiende el PSOE de Pedro Sánchez, es sinónimo de mayores ingresos para las arcas públicas. De hecho, el IEE cree que ese remedio podría ser mucho peor que la enfermedad en términos de empleo y crecimiento a medio y largo plazo (ver información en página 27).

Para los autores del informe la aparente divergencia fiscal entre España y la UE obedece esencialmente al pesado lastre de la economía sumergida, que es "sustancialmente más elevada en nuestro país que en la media UE, lo que, ponderado, hace que nuestra presión fiscal real (aquella que soportan los contribuyentes) se acerque (o supere) a la media" comunitaria, según el documento. En otras palabras, el mejor antídoto contra esa actividad opaca sería una fiscalidad competitiva, en tanto que "una fiscalidad más favorable desincentiva la presencia de economía sumergida".

Según el IEE, parte de la existencia de economía sumergida puede estar relacionada con la estructura productiva de las diferentes regiones, "ya que hay sectores en donde dicha economía sumergida tiende a ser más frecuente, como la agricultura, el sector textil o el turismo". Pero resalta también el papel que juegan factores como la fiscalidad (para bien o para mal), unos mayores o menores niveles de tasa de paro, los niveles de renta, o elementos como una mayor competitividad y un mayor dinamismo en el crecimiento económico.

No es casualidad que los menores niveles se den, de nuevo, en las regiones fiscalmente más atractivas como Madrid o País Vasco, con tasas estimadas de economía sumergida del 16,2% y el 17% de su PIB, respectivamente, frente al 23,1% calculado para el conjunto de la economía española. Al otro lado de la balanza se sitúan Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde alcanza el 29,1%, el 27,3% y el 27,2%.

DOS MILLONES DE EMPLEOS Y 10 PUNTOS DE PIB, EN RIESGO

Desde antes de su desembarco en el poder, Pedro Sánchez defendía en sus programas electorales la necesidad de avanzar hacia la convergencia fiscal con Europa, lo que supondría cerrar una brecha teórica próxima a los 6 puntos porcentuales. Una idea que ha permanecido fija desde entonces en su hoja de ruta para reformar el sistema tributario español y que, según el Instituto de Estudios Económicos, es una bomba de relojería.

El IEE estima que elevar la fiscalidad en seis puntos porcentuales podría tener "un efecto contractivo a medio y largo plazo de hasta diez puntos de PIB, y una pérdida de empleo del orden de dos millones". Para los autores del informe, los potenciales riesgos de esa decisión "son tan elevados que es fundamental que la futura reforma fiscal incluya un análisis de los posibles costes sobre la actividad y el empleo". Todo ello en el marco de un diseño que, a juicio de estos expertos, debe perseguir la neutralidad y la competitividad fiscal.









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