En plena
ofensiva del Gobierno contra el modelo fiscal de Madrid, comunidad a la que
quiere forzar a subir los impuestos de Patrimonio y Sucesiones en aras de una
supuesta armonización tributaria entre regiones (al alza, no a la baja), las
cifras dan una vez más la razón a la autonomía madrileña. Madrid es la
comunidad con la presión fiscal más baja de toda España y, sin embargo, es la
que más recauda (alrededor de 84.000 millones de euros anuales), erigiéndose en
una de las pocas regiones españolas que superan la media europea en
competitividad y atractivo fiscal.
De hecho, solo
Madrid y las tres provincias vascas (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) tendrían una
presión fiscal normativa inferior al promedio comunitario dentro de un ránking
que deja en muy mal lugar al conjunto de España, cuya presión impositiva se
sitúa diez puntos por encima de la media de la UE (sobre una base 100).
Así lo
refleja el informe sobre la competitividad fiscal de las CCAA presentado ayer
por el Instituto de Estudios Económicos, que sitúa la carga fiscal de
Madrid 12,4 puntos por debajo del promedio europeo y 22,4 puntos por debajo de
la media española. Esto es, mientras que Madrid y País Vasco registran unos
niveles de presión impositiva similares a los de países como Suecia, Australia
o República Checa, "la mayor parte de las comunidades autónomas españolas
presenta una presión fiscal normativa sensiblemente peor a la de la media de la
UE", señala el informe, que sitúa a Cataluña no solo a la cabeza del ránking
español como la autonomía con mayor presión fiscal (supera en casi 47 puntos a
Madrid), sino también por encima de países como Italia y Chile, que cierran la
clasificación como grandes farolillos rojos.
Esta losa
fiscal, que en los últimos años se ha combinado con la deriva política del
procés para crear un cóctel letal para la economía de la región, explica en
buena parte por qué Cataluña ha ido perdiendo posiciones en el ránking de
competitividad regional que elabora la Comisión Europea, situándose en 2019
claramente por debajo del promedio europeo que, una vez más, solo superaron
Madrid y, a cierta distancia, País Vasco, que cuenta con la ventaja añadida de
disponer de su propio concierto económico (al igual que Navarra), mientras que
en el caso de Madrid su margen de maniobra es el mismo que tienen las demás
comunidades y se ciñe esencialmente a los impuestos cedidos por el Estado.
En este
contexto, en el que el sistema tributario español presenta ya de por sí serias
deficiencias, el IEE advierte del peligro que representa la armonización fiscal
que, como un "subterfugio" para forzar subidas de impuestos, proyecta
el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que "si se iguala la presión fiscal
normativa a niveles altos, van a aumentar las desigualdades de presión fiscal
recaudatoria y en recaudación por habitante, injustificable desde una
perspectiva de igualdad recaudatoria y de equidad personal".
¿Divergencia
fiscal?
Para el IEE,
no es hora de subir impuestos "en un momento tan delicado", advirtió
ayer el presidente del Instituto, Íñigo Fernández de Mesa, sumándose así al
coro de voces empresariales que ayer rechazaron de forma tajante desde las
páginas de EXPANSIÓN la subida fiscal anunciada por el Gobierno. Y tampoco
elevar la presión fiscal para converger con el "discutible promedio
europeo", como desde hace tiempo defiende el PSOE de Pedro Sánchez, es sinónimo
de mayores ingresos para las arcas públicas. De hecho, el IEE cree que ese
remedio podría ser mucho peor que la enfermedad en términos de empleo y
crecimiento a medio y largo plazo (ver información en página 27).
Para los autores
del informe la aparente divergencia fiscal entre España y la UE obedece
esencialmente al pesado lastre de la economía sumergida, que es
"sustancialmente más elevada en nuestro país que en la media UE, lo que,
ponderado, hace que nuestra presión fiscal real (aquella que soportan los
contribuyentes) se acerque (o supere) a la media" comunitaria, según el
documento. En otras palabras, el mejor antídoto contra esa actividad opaca
sería una fiscalidad competitiva, en tanto que "una fiscalidad más
favorable desincentiva la presencia de economía sumergida".
Según el IEE,
parte de la existencia de economía sumergida puede estar relacionada con la
estructura productiva de las diferentes regiones, "ya que hay sectores en
donde dicha economía sumergida tiende a ser más frecuente, como la agricultura,
el sector textil o el turismo". Pero resalta también el papel que juegan
factores como la fiscalidad (para bien o para mal), unos mayores o menores
niveles de tasa de paro, los niveles de renta, o elementos como una mayor
competitividad y un mayor dinamismo en el crecimiento económico.
No es casualidad
que los menores niveles se den, de nuevo, en las regiones fiscalmente más
atractivas como Madrid o País Vasco, con tasas estimadas de economía sumergida
del 16,2% y el 17% de su PIB, respectivamente, frente al 23,1% calculado para
el conjunto de la economía española. Al otro lado de la balanza se sitúan
Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde alcanza el 29,1%, el 27,3% y
el 27,2%.
DOS MILLONES
DE EMPLEOS Y 10 PUNTOS DE PIB, EN RIESGO
Desde antes de
su desembarco en el poder, Pedro Sánchez defendía en sus programas electorales
la necesidad de avanzar hacia la convergencia fiscal con Europa, lo que
supondría cerrar una brecha teórica próxima a los 6 puntos porcentuales. Una
idea que ha permanecido fija desde entonces en su hoja de ruta para reformar el
sistema tributario español y que, según el Instituto de Estudios Económicos, es
una bomba de relojería.
El IEE estima
que elevar la fiscalidad en seis puntos porcentuales podría tener "un
efecto contractivo a medio y largo plazo de hasta diez puntos de PIB, y una
pérdida de empleo del orden de dos millones". Para los autores del
informe, los potenciales riesgos de esa decisión "son tan elevados que es
fundamental que la futura reforma fiscal incluya un análisis de los posibles
costes sobre la actividad y el empleo". Todo ello en el marco de un diseño
que, a juicio de estos expertos, debe perseguir la neutralidad y la competitividad
fiscal.