España no puede permitirse estos Presupuestos. Tenemos que convencernos de que no podemos seguir instalados en un gasto que no podemos pagar. Sólo hay una receta posible, que contiene reformas estructurales, ajuste del gasto y, cuando se pueda, reducción de impuestos.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas es un auténtico despropósito y puede causar un grave daño a la economía, al empleo y a la prosperidad. No sólo no mejora el presupuesto vigente, sino que camina en la dirección más diametralmente opuesta posible: en lugar de eliminar trabas y liberalizar el mercado, lo interviene más, en una intensidad que hasta ahora no se había producido; en lugar de contener los impuestos y bajarlos en la medida de lo posible, los incrementa; en lugar de ser cautos en las estimaciones económicas, mantiene un cuadro macroeconómico que no se sostiene con la realidad, como mostraba la revisión de la contabilidad nacional trimestral por parte del INE; en lugar de reducir el gasto, lo aumenta; y en lugar de dar seguridad jurídica y certidumbre, genera inseguridad y desasosiego.

Ya en su día causaba pavor leer el documento que resumía el acuerdo del Gobierno socialista con Podemos para tratar de sacar adelante el proyecto de Presupuestos de 2019 y que le fue devuelto por el Congreso, pavor que se mantuvo con los vigentes Presupuestos de 2021. Ahora, una vez aprobado el anteproyecto de 2022 por el Consejo de Ministros, dicho pavor no es que se mantenga, sino que se acrecienta. A las medidas que ya realizó en el pasado por decreto, como la subida del salario mínimo un 22,3%; el gasto sin medida de aquellos viernes previos a las elecciones, donde el gasto estructural se incrementó en casi 10.000 millones de euros o el Ingreso Mínimo Vital como herramienta desincentivadora de la actividad y generadora perpetua de una dependencia económica subsidiada, son ahora secundadas por el incremento de gasto, llevándolo a unos niveles como nunca antes se había presupuestado (y ya era elevado el de 2021), por mucho que parte se deba a los fondos europeos, que no olvidemos que, aunque el Gobierno lo niegue, están condicionados. A ello se suma la subida del Impuesto sobre Sociedades a un tipo mínimo efectivo del 15%, que espantará la inversión; o la perseverancia en seguir aumentando el Salario Mínimo, que expulsará a más personas del mercado de trabajo y que asfixiará, vía incremento de cuotas a la Seguridad Social, a los autónomos. Medidas que constituyen un despropósito económico, al ir directamente contra el tejido productivo y, por tanto, contra el empleo.

Es un presupuesto que se basa en una política fiscal tremendamente expansiva por el lado del gasto, de manera peligrosa, pues sólo conduce a la insostenibilidad presupuestaria, donde todo lo quiere solucionar gastando más. Es más, se jacta de ello, al proclamar que no sólo mantiene el techo de gasto del año pasado, sino que lo eleva algo más, hasta 196.142 millones de euros.

Mientras la AIReF, el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea piden reformas que permitan retornar hacia la estabilidad presupuestaria, el Gobierno se limita a justificar que este incremento es posible gracias a los fondos europeos y a una recaudación que difícilmente se dará al mantener unas previsiones extremadamente optimistas, y menos basado en su política de subida de impuestos, porque dichas subidas, no van a tener poder recaudatorio por la propia base sobre la que se aplicará, que disminuirá. En segundo lugar, porque lo único que conseguirán es expulsar la inversión, como sucederá en la subida que pretenden ejecutar en el Impuesto sobre Sociedades. Y si no hay inversión, no hay actividad. Y si no hay actividad, no hay empleo. Por ello, parece imposible que consigan que la recaudación crezca al 8,1% que prevén para 2022, lo que supondrá otro quebranto para el saldo presupuestario.

Armonización fiscal

Adicionalmente, sigue sobrevolando la obsesión del Gobierno para homogeneizar el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, con todo lo que ello supone, que es impedir que las comunidades autónomas puedan bajar impuestos si así lo deciden, que parece que es lo que harán cuando en febrero la comisión que el Gobierno designó le presente su informe, donde, realmente, no sabemos quién es el que aconseja y quién es el aconsejado, porque parece diseñada para que el veredicto vaya en la línea de pedir subidas de impuestos y coartar la libertad tributaria que la corresponsabilidad fiscal otorga a las CCAA.

Ese nivel de gasto, como digo, es insostenible, espoleado por medidas equivocadas: en lugar de reformar realmente las pensiones para garantizar su sostenibilidad, las vuelven a incrementar con la inflación media de noviembre, con un incremento de las no contributivas del 3%, que pone en riesgo a todo el sistema de pensiones, al haber acabado con el factor de sostenibilidad.

De la misma manera, resulta contraproducente para el conjunto de la economía que se incremente también otro 2% el salario de los funcionarios, que además han aumentado en número de forma clamorosa, nada menos que en 191.600 personas en el último año, según la última Encuesta de Población Activa. Ese incremento quiere seguir incentivándolo, con unas tasas de reposición general del 110% y del 120% en sectores prioritarios, tras la subida del 8,5% en los empleos ofertados en 2021; por tanto, llueve sobre mojado. Esto hace que el capítulo I, que recoge el gasto de personal, aumente significativamente. Así, frente a los 16.232.100 ocupados que hay en el sector privado, nos encontramos con que esa cifra de trabajadores sostiene a un número similar muy cercano de personas pagadas con fondos públicos, que son 14.320.924, entre funcionarios (3.439.600), pensionistas (8.904.291) y perceptores de prestaciones por desempleo (1.977.033). Eso es, sencillamente, insostenible en el tiempo. Para evitar su colapso y evitar recortes, deben realizarse reformas, pero, sin embargo, el Gobierno apuesta por aumentar su número. De esa manera, el Ejecutivo parece querer crear empleo público, ante su imposibilidad para generar las condiciones para que aumente el empleo privado, lo cual tiene un corto, peligroso y contraproducente recorrido.

Gasto en el que trata de atraerse a la población joven, con cheques varios: el de emancipación o el cultural, hasta sumar 12.550 millones de euros que poco ayudarán a los jóvenes y que lo único que lograrán es condenarlos a un subsidio y sin capacidad de desarrollo profesional.

Cuadro macro irreal

Por otra parte, resultan irreales las cifras del cuadro macro, con un crecimiento estimado para 2022 de un 7%, partiendo de un 6,5% para 2021, cuando el crecimiento de este ejercicio, tras la revisión a la baja del INE, hace casi imposible alcanzar dicha previsión, con lo que un menor incremento del crecimiento ambos años reducirá la estimación de PIB nominal. De esa manera, no sólo el déficit y la deuda serán mayores en valores absolutos, por menores ingresos derivados de menor actividad, sino que su objetivo medido sobre el PIB estará más desequilibrado, al ser menor dicho indicador de actividad económica. Por ello, la estimación de déficit y deuda para 2022 (5% y 115,1% del PIB, respectivamente) es optimista, pese a representar unas cifras preocupantemente altas.

Paralelamente, y aunque vaya como ley aparte, el intervencionismo que el presidente Sánchez va a llevar a cabo en el mercado de vivienda como contrapartida para sacar adelante los Presupuestos con sus socios de Podemos empobrecerá al conjunto de la sociedad, ya que ahuyentará la inversión, por inseguridad jurídica, empeorará el mercado de alquiler y el de las promociones inmobiliarias, subirá el gasto público -no olvidemos tampoco los 250 euros al mes- y propondrá a los ayuntamientos un incremento del IBI absolutamente confiscatorio para viviendas vacías.

Amenaza inflacionista

El Gobierno dice que está comprometido con la estabilidad presupuestaria y con la recuperación de la actividad económica y el empleo, pero lo demuestra poco con estos Presupuestos y con esta política económica, que lo que hará es desaprovechar el impulso coyuntural del repunte económico, de manera que no logrará aumentar el crecimiento potencial de la economía, todo ello en un entorno que empieza a ser claramente inflacionista, con el mercado energético disparado en sus precios, en gran parte por el intervencionismo allí reinante, que está mermando el poder adquisitivo de los ciudadanos.

España no puede permitirse estos presupuestos, que sólo ahondarán en el estancamiento y en la pérdida de tejido empresarial e inversión productiva que ya hemos comenzado a sufrir. Son, por tanto, unos presupuestos perjudiciales para la economía y el empleo. Sólo hay una receta posible, que contiene reformas estructurales de calado, ajuste del gasto y mantenimiento y, cuando se pueda, reducción de impuestos.

Tenemos que convencernos todos de que no podemos seguir instalados en un gasto que no podemos pagar, y que es mejor ajustar nosotros, donde podremos priorizar y salvar el grueso de nuestros servicios, que esperar a que vengan a ajustárnoslo, cuando el recorte, por el tiempo que se habría perdido, sería mucho mayor y en cuestiones muy sensibles, como las pensiones o el sueldo y número de empleados públicos.

Ese camino es el que es viable para la economía española, pero el Gobierno ha decidido andar y profundizar por otro, que es el que conduce al abismo con estos presupuestos del gasto, el subsidio y la ruina, que es hacia donde nos llevan con esta política económica dañina.

José María Rotellar | Profesor de la UFV

Fuente Expansión