30
de septiembre Fuente Expansión
La política fiscal populista del PSOE y Podemos, aprobando subidas fiscales ad hoc para señalar
públicamente a determinados colectivos como supuestamente beneficiarios de la
crisis actual, no sólo aumenta la inseguridad jurídica. Sobre todo, envía un mensaje
nefasto para los inversores y contribuyentes que se estén planteando invertir o
trasladarse a nuestro país. España ha pasado en apenas tres años de tener un
tipo máximo para las rentas del capital del 21% a elevarlo hasta el 28% a
partir de 300.000 euros desde el próximo 1 de enero. Y el Ejecutivo emite
señales de que seguirá penalizando a los ahorradores, ya que desde Podemos
reclaman, por un lado, que el impuesto de solidaridad que según el Ministerio
de Hacienda sólo estará en vigor en 2023 y 2024 se convierta en permanente, y,
por otro, que la fiscalidad del ahorro vaya incrementándose progresivamente
hasta equipararse con la de las rentas del trabajo, que en las autonomías que
más han elevado el tipo marginal del IRPF alcanza el 54%.
También generan desconfianza las acusaciones de la
ministra María Jesús Montero
tildando de "chamanes fiscales" a los presidentes regionales que han
anunciado la deflactación de sus tramos autonómicos del IRPF para aliviar el
impacto de la espiral inflacionista -que ha disparado los ingresos del Estado
en el IRPF un 44,7% hasta agosto y por IVA en un 20,1%- e invalidando las
bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio con una artimaña jurídica como la
que representa el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, que tanto Madrid
como Andalucía van a recurrir ante el Tribunal Constitucional. No es de
extrañar que las entidades financieras hayan recibido en las últimas horas un
aluvión de consultas para trasladar tanto su residencia como sus ahorros a
países europeos que tengan una fiscalidad menos confiscatoria, ante lo que
éstas recomiendan cambios en las estructuras de las empresas familiares y
realizar donaciones.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció ayer que el principal beneficiario de
la emboscada tributaria perpetrada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contra los
grupos empresariales, los patrimonios y los ahorradores será Portugal, ya que
frente a las medidas implantadas en los últimos años en el país vecino por el
socialdemócrata Antònio Costa para captar inversión, fortunas y talento nuestro
Gobierno vuelve a asestar otro aguijonazo fiscal a determinados contribuyentes
para financiar su gasto electoralista.