Las partes acuerdan destinar al plan un 1% de la
subida salarial del 4% para este año y otro 1% del alza del 3% para 2023, así
como un 1,25% del aumento del 3% de 2024
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MAY 2022 CincoDias
El preacuerdo para el VII Convenio General de la
Construcción alcanzado el pasado
miércoles recoge la creación del primer plan sectorial del pensiones bajo el
paraguas de la futura ley del fondo de promoción pública que el Gobierno prevé
sacar adelante en el Parlamento antes del 30 de junio.
Es el primero porque la ley ni siquiera está
aprobada, ya que está en tramitación en la Cámara Baja y tampoco tiene su
consiguiente desarrollo reglamentario aún. Sin embargo, la patronal y los
sindicatos de la construcción ya se han comprometido a promover este plan
sectorial y han diseñado algunas cuestiones en función del proyecto de ley del
Ejecutivo.
La pregunta más común a la hora de abordar estos
denominados también planes de empleo es de dónde va a salir el dinero para
nutrirlos. Quién lo va a aportar.
La idea de los agentes sociales de la construcción es clara: las aportaciones
se detraerán de los incrementos salariales pactados. La idea inicial es “que a
las empresas no les cueste dinero”, explica Miguel Ángel Menéndez, director de
previsión social de Mercer, que ha participado en el asesoramiento para la
creación de este futuro plan. De ahí que el diseño de este instrumento de
ahorro colectivo prevé que del incremento salarial del 4% pactado para 2022 se
destine un 1% a contribuir al plan; del aumento del 3% previsto para 2023, se
destinará el 1%; y del alza del 3% para 2024 irá a parar al fondo el 1,25%.
Pero ¿a qué parte del salario se aplicarán
estos porcentajes para aportarlos al futuro plan? Eso también lo han
determinado en la negociación de este convenio y la decisión ha sido
referenciar la aportación a las tablas salariales de los convenios provinciales
del sector. Esto deja fuera a los pluses y otras contribuciones que no estén
dentro del salario base, explica Menéndez.
Otra de las cuestiones más desconocidas sobre
estos futuros planes es su grado de obligatoriedad. En este caso, dado que está
incluido en el convenio sectorial que obliga a las más de 130.000 empresas del
sector (que emplean a más de un millón de trabajadores), su adscripción al
fondo de promoción pública será obligatoria. A partir de ahí, las empresas
tendrán que destinar la parte del aumento salarial acordada al plan, sin
perjuicio de que la compañía o el trabajador quieran aportar mayores cuantías.
Es más, teniendo en cuenta que la construcción es
un sector con mucha temporalidad y movilidad entre empresas el trabajador siempre
conservará su plan, aunque se vaya a otra compañía o incluso a otro sector. Si
ese otro sector también cuenta con un plan de pensiones, podría sacarlo del de
la construcción y llevarlo al de la nueva actividad, o a uno individual. Opera
lo que se denomina, “irrevocabilidad de las aportaciones”, que significa que
una vez están en tu cuenta del plan ya son tuyas, asegura el directivo de
Mercer.
Aún falta aprobar la ley
Si bien, las condiciones de portabilidad entre
planes son una de las muchas cuestiones que aún deben incluirse en la ley una
vez se apruebe y se promulgue. Pero, sobre todo, estos detalles tendrán que
regularse en el desarrollo reglamentario de la norma, que se empezó a diseñar
en paralelo a su tramitación parlamentaria.
No obstante, en la actualidad estaría algo parado, debido también a las tensiones entre
el Gobierno y sus socios de investidura. Pese a ello, fuentes cercanas al
Ejecutivo aseguran que los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones tienen la determinación de sacar adelante esta tramitación
antes de final de junio, que es a lo que se comprometió el Gobierno con
Bruselas como requisito para nuevos desembolsos de fondos europeos de
reconstrucción.