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Publicada en el BOE la Ley de creación y crecimiento de empresas («Ley crea y crece»)
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La gran estafa de la subida del SMI

En 2021 el salario mínimo prorrateado en España ascendió a 1.126 euros. Esto supone un 24% más que la media europea, y una cifra muy superior a Portugal, República Checa o Lituania, por citar algunos de los países que nos han superado en términos de PIB per cápita en los últimos años.

10 de febrero de 2022 Expansión

El Gobierno de España está en modo preelectoral y tras el espectáculo dantesco que supuso la (no) reforma laboral, ahora se ha puesto como objetivo una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Poco parece importarle que España sea el país con mayor paro de la OCDE, tal y como hemos conocido esta semana, o que seamos la economía que más lejos estemos de los niveles de riqueza previos a la crisis.

Lo importante es su agenda involucionista, y allanar el camino para las próximas elecciones. Aunque eso suponga (o, quizás, por eso lo hagan) más clientelismo, más dependencia estatal, menos influencia internacional y menos prosperidad.

Quienes defienden la subida del SMI afirman que no tiene impacto sobre la creación de empleo, que velan por los intereses de los más desfavorecidos y que España es uno de los países con sueldos más precarios de Europa.

En este último punto tienen razón, aunque la solución a este problema sea muy distinta a la que proponen. La realidad es que la comparativa del salario mínimo interprofesional con respecto a los países de nuestro entorno que hace la propia Eurostat sitúa a nuestro país dentro del Top10 en términos de salario mínimo interprofesional.

En 2021 el salario mínimo prorrateado en España ascendió a 1.126 euros. Esto supone un 24% más que la media europea, y una cifra notablemente superior, por ejemplo, a la de Portugal o República Checa, Lituania o Chipre, por citar solamente algunos de los países que nos han superado en términos de PIB per cápita en los últimos años. Saltando al otro lado del Atlántico, y eliminando el efecto de los tipos de cambio y del nivel de vida, el SMI en España es también un 27% superior al de Estados Unidos. Parece difícil sostener, por lo tanto, a la luz de los datos, que España tenga uno de los salarios mínimos más bajos de Europa.

Hay un acalorado debate sobre si la subida del SMI destruye empleo o no. Investigadores de la A&M University y NBER han publicado en el MIT un análisis cuya conclusión es clara: "El salario mínimo reduce el crecimiento neto del empleo, principalmente a través de su efecto en la creación de empleo por la expansión empresarial. Estos efectos son más pronunciados para trabajadores más jóvenes y en industrias con una mayor proporción de trabajadores con salarios bajos." (Merr, J., West, J. Effects of the Minimum Wage on Employment Dynamics. MIT, Dic.2013). En España, el Banco de España también alertó de que la subida a 900 euros del SMI provocó un impacto de 100.000 empleos no creados en 2020, y Randstad señala otros 100.000 que podrían verse impactados con la nueva subida de 2021.

La tasa de paro en España es muy elevada, pero la de desempleo juvenil (30,6%), es inaceptable. Además, la evolución de la afiliación en sectores muy sensibles a los cambios de salarios, como el agrario, demuestran el agujero que deja un movimiento unilateral y sin pacto con los empresarios como este: Entre febrero de 2019 y 2020 (es decir, antes de la pandemia) la afiliación al régimen agrario había caída un 4,9%. O, dicho de otra manera: casi 40.000 personas (un 5% del total de afiliados) habían perdido su empleo o habían tenido que acudir a la economía sumergida. Según la última EPA, España no ha recuperado los niveles de empleo en el sector privado previos a la pandemia; de hecho, hay 94.000 asalariados menos que en 2019.

Un país que muestra estos datos de empleo difícilmente se puede permitir una nueva traba a la empresa privada y a la creación de puestos de trabajo. Con un SMI de 1.000 euros (1.167 si prorrateamos las 14 pagas) en 12 comunidades autónomas se superará el 60% del salario medio regional.

Además, España es uno de los mayores infiernos fiscales para el trabajo de toda la OCDE. Casi el 40% del desembolso que realiza el empresario acaba en las arcas del Estado. O, dicho de otra manera, el trabajador sólo recibe en su cuenta el 60% de su salario en términos brutos. Esto, aplicado al salario mínimo interprofesional, deja una factura prácticamente inasumible para muchos empleadores de este país, que necesitarán ingresar más de 19.000 euros para poder pagar una nómina de 14.000 euros. ¿Algún burócrata de los que masifican los ministerios y las estructuras de gobierno es consciente de lo que supone eso, pongamos, para el propietario de un bar en un pequeño pueblo de Extremadura?

La clásica receta

Los mismos que hablan de política social luchan contra la despoblación, cohesión territorial, defensa de los más vulnerables y un largo etcétera son los que lo atacan sistemáticamente con medidas como la subida del SMI. La clásica receta partidista: acabar con las clases medias, crear millones de vulnerables, BOE en mano, y luego ofrecerles la muleta para seguir manteniéndolos en la pobreza y coartando sus libertades.

La única forma de que suban los salarios en España, como en cualquier lugar del mundo, es ser más productivos. Esto es, que cada empleado sea capaz de generar más dinero con su trabajo. Y la realidad es que la productividad por puesto equivalente a tiempo completo lleva 8 trimestres consecutivos en negativo y la productividad por hora trabajada también ha sido negativo en 4 de los últimos 6. Sin reactivación económica, desafortunadamente, esto seguirá así o habrá un ajuste muy severo en el mercado laboral.

En los últimos 5 años el coste de contratar a una persona por el salario mínimo se ha incrementado un 42%. ¿Quién gana con este incremento? Les doy una pista: En 2021, a pesar del fracaso de las nuevas figuras impositivas (ni la tasa Tobin ni la tasa Google han recaudado lo esperado) y la debilidad de los datos económicos y del mercado laboral, el Estado registrará una recaudación tributaria récord. Mientras los beneficios empresariales y la partida de sueldos y salarios apenas han recuperado los niveles previos a la crisis, según la Contabilidad Nacional, las cotizaciones a la seguridad social han crecido un 6,4% y los impuestos sobre la producción y las importaciones un 4,4%.

El único que gana con la subida del SMI es el Gobierno. Buena parte de los trabajadores directamente afectados se ven privados de un empleo, el resto de la fuerza laboral ve cómo sus salarios son menos competitivos o, directamente, cómo su empresa no puede seguir adelante y cierra. Debemos recordar que la subida impositiva no se centra sólo en el SMI. Desde que Sánchez es presidente los autónomos han sufrido subidas en la cotizaciones que oscilan entre los 230 y los 1.800 euros al año, y aún falta por conocer la propuesta definitiva de la cotización según los ingresos, que supondrá un hachazo adicional para muchos.

Los datos

España tiene 12.000 empresas con empleados a su cargo menos que antes de la crisis del Covid-19 y 13.550 menos que hace 4 años. El endeudamiento empresarial se ha disparado y muchos empresarios se asoman a un abismo en julio, cuando finalizan las moratorias de crédito aprobadas por el Covid-19. Vuelven términos que pensábamos olvidados como "prima de riesgo" o "morosidad", que comienzan a aparecer de nuevo en la prensa económica. Según el BCE, somos la única gran potencia europea que ya en el cuarto trimestre del año pasado hemos presentado un endurecimiento de las condiciones de crédito por una mayor percepción de riesgo. Una mala política económica, subidas salvajes de impuestos, el descrédito internacional y una buena dosis de maquillaje gubernamental tienen buena responsabilidad en ello.

Decía Ortega y Gasset que los españoles deben asumir responsabilidades, transformarse, y pasar de "ser súbditos a ser ciudadanos, tanto en derechos como en deberes". Es momento de dar un paso al frente. España ha perdido relevancia internacional, se está produciendo una involución de la calidad democrática sin precedentes y nuestra evolución económica nos hace parecernos cada vez más a la Grecia de 2011.

Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer la precaria situación económica que atraviesa nuestro país y las nefastas consecuencias económicas de las medidas económicas del Gobierno. Pero también el deber de reaccionar y organizarnos para exigir un cambio de rumbo. La subida del SMI es una enorme estafa, que va en la dirección contraria a lo que necesita España y que entierra, aún más, el futuro del empresario y del emprendedor en nuestro país. Una mala noticia que ataca, principalmente, a quien dice proteger.

Daniel Rodríguez Asensio, Consultor Estratégico y Presidente de Acción Liberal Think Tank For Freedom









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