En 2021 el salario mínimo prorrateado en España ascendió a 1.126
euros. Esto supone un 24% más que la media europea, y una cifra muy superior a
Portugal, República Checa o Lituania, por citar algunos de los países que nos
han superado en términos de PIB per cápita en los últimos años.
10
de febrero de 2022 Expansión
El Gobierno de España está en modo preelectoral y tras el espectáculo dantesco que supuso la
(no) reforma laboral, ahora se ha puesto como objetivo una
nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Poco parece
importarle que España sea el país con mayor paro de la OCDE, tal
y como hemos conocido esta semana, o que seamos la economía que más lejos
estemos de los niveles de riqueza previos a la crisis.
Lo importante es su agenda involucionista, y allanar el camino para las próximas elecciones.
Aunque eso suponga (o, quizás, por eso lo hagan) más clientelismo, más dependencia
estatal, menos influencia internacional y menos prosperidad.
Quienes defienden la subida del SMI afirman que no
tiene impacto sobre la creación de empleo, que velan por los intereses de los más desfavorecidos y que España es uno
de los países con sueldos más precarios de Europa.
En este último punto tienen razón, aunque la solución a este problema sea muy
distinta a la que proponen. La realidad es que la comparativa del salario
mínimo interprofesional con respecto a los países de nuestro entorno que hace
la propia Eurostat sitúa a nuestro país dentro del Top10 en términos
de salario mínimo interprofesional.
En 2021 el salario mínimo prorrateado en España
ascendió a 1.126 euros. Esto
supone un 24% más que la media europea, y una cifra notablemente superior, por
ejemplo, a la de Portugal o República Checa, Lituania o Chipre,
por citar solamente algunos de los países que nos han superado en términos de
PIB per cápita en los últimos años. Saltando al otro lado del Atlántico, y
eliminando el efecto de los tipos de cambio y del nivel de vida, el SMI en
España es también un 27% superior al de Estados Unidos. Parece difícil
sostener, por lo tanto, a la luz de los datos, que España tenga uno de los
salarios mínimos más bajos de Europa.
Hay un acalorado debate sobre si la subida
del SMI destruye empleo o no.
Investigadores de la A&M University y NBER han publicado en el MIT un
análisis cuya conclusión es clara: "El salario mínimo reduce el
crecimiento neto del empleo, principalmente a través de su efecto en la
creación de empleo por la expansión empresarial. Estos efectos son más
pronunciados para trabajadores más jóvenes y en industrias con una mayor
proporción de trabajadores con salarios bajos." (Merr, J., West, J.
Effects of the Minimum Wage on Employment Dynamics. MIT, Dic.2013). En España,
el Banco de España también alertó de que la subida a 900 euros del
SMI provocó un impacto de 100.000 empleos no creados en 2020, y Randstad señala
otros 100.000 que podrían verse impactados con la nueva subida de 2021.
La tasa de paro en España es muy elevada, pero la de desempleo juvenil (30,6%), es
inaceptable. Además, la evolución de la afiliación en sectores muy
sensibles a los cambios de salarios, como el agrario, demuestran el
agujero que deja un movimiento unilateral y sin pacto con los empresarios como
este: Entre febrero de 2019 y 2020 (es decir, antes de la pandemia) la
afiliación al régimen agrario había caída un 4,9%. O, dicho de otra
manera: casi 40.000 personas (un 5% del total de afiliados) habían perdido
su empleo o habían tenido que acudir a la economía sumergida. Según la
última EPA, España no ha recuperado los niveles de empleo en el sector
privado previos a la pandemia; de hecho, hay 94.000 asalariados menos que en
2019.
Un país que muestra estos datos de empleo
difícilmente se puede permitir una nueva traba a la empresa privada y a la
creación de puestos de trabajo. Con
un SMI de 1.000 euros (1.167 si prorrateamos las 14 pagas) en 12
comunidades autónomas se superará el 60% del salario medio regional.
Además, España es uno de los mayores
infiernos fiscales para el trabajo de toda la OCDE. Casi el 40% del desembolso que realiza el
empresario acaba en las arcas del Estado. O, dicho de otra manera, el
trabajador sólo recibe en su cuenta el 60% de su salario en términos brutos.
Esto, aplicado al salario mínimo interprofesional, deja una factura
prácticamente inasumible para muchos empleadores de este país, que necesitarán
ingresar más de 19.000 euros para poder pagar una nómina de 14.000 euros.
¿Algún burócrata de los que masifican los ministerios y las estructuras de
gobierno es consciente de lo que supone eso, pongamos, para el propietario de
un bar en un pequeño pueblo de Extremadura?
La clásica receta
Los mismos que hablan de política social luchan
contra la despoblación, cohesión territorial, defensa de los más vulnerables y
un largo etcétera son los que lo atacan sistemáticamente con medidas como la
subida del SMI. La clásica receta partidista: acabar con las clases medias,
crear millones de vulnerables, BOE en mano, y luego ofrecerles la muleta para
seguir manteniéndolos en la pobreza y coartando sus libertades.
La única forma de que suban los salarios en
España, como en cualquier lugar del mundo, es ser más productivos. Esto es, que
cada empleado sea capaz de generar más dinero con su trabajo. Y la realidad es
que la productividad por puesto equivalente a tiempo completo lleva 8
trimestres consecutivos en negativo y la productividad por hora
trabajada también ha sido negativo en 4 de los últimos 6. Sin reactivación
económica, desafortunadamente, esto seguirá así o habrá un ajuste muy severo en
el mercado laboral.
En los últimos 5 años el coste de contratar a una
persona por el salario mínimo se ha incrementado un 42%. ¿Quién gana con este incremento? Les doy una
pista: En 2021, a pesar del fracaso de las nuevas figuras impositivas (ni
la tasa Tobin ni la tasa Google han recaudado lo esperado)
y la debilidad de los datos económicos y del mercado laboral, el Estado
registrará una recaudación tributaria récord. Mientras los beneficios
empresariales y la partida de sueldos y salarios apenas han recuperado los niveles
previos a la crisis, según la Contabilidad Nacional, las cotizaciones a la
seguridad social han crecido un 6,4% y los impuestos sobre la producción y las
importaciones un 4,4%.
El único que gana con la subida del SMI es el
Gobierno. Buena parte de los
trabajadores directamente afectados se ven privados de un empleo, el resto de
la fuerza laboral ve cómo sus salarios son menos competitivos o, directamente,
cómo su empresa no puede seguir adelante y cierra. Debemos recordar que la
subida impositiva no se centra sólo en el SMI. Desde que Sánchez es presidente
los autónomos han sufrido subidas en la cotizaciones que oscilan entre los 230
y los 1.800 euros al año, y aún falta por conocer la propuesta definitiva de la
cotización según los ingresos, que supondrá un hachazo adicional para muchos.
Los datos
España tiene 12.000 empresas con empleados a su
cargo menos que antes de la crisis del Covid-19 y 13.550 menos que hace 4 años.
El endeudamiento empresarial se ha disparado y muchos empresarios se asoman a
un abismo en julio, cuando finalizan las moratorias de crédito aprobadas por el
Covid-19. Vuelven términos que pensábamos olvidados como "prima de
riesgo" o "morosidad", que comienzan a aparecer de nuevo en la
prensa económica. Según el BCE, somos la única gran potencia europea que
ya en el cuarto trimestre del año pasado hemos presentado un endurecimiento de
las condiciones de crédito por una mayor percepción de riesgo. Una mala
política económica, subidas salvajes de impuestos, el descrédito internacional
y una buena dosis de maquillaje gubernamental tienen buena responsabilidad en
ello.
Decía Ortega y Gasset que los españoles
deben asumir responsabilidades,
transformarse, y pasar de "ser súbditos a ser ciudadanos, tanto en
derechos como en deberes". Es momento de dar un paso al frente. España ha
perdido relevancia internacional, se está produciendo una involución de la
calidad democrática sin precedentes y nuestra evolución económica nos hace
parecernos cada vez más a la Grecia de 2011.
Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer la
precaria situación económica que atraviesa nuestro país y las nefastas
consecuencias económicas de las medidas económicas del Gobierno. Pero también el deber de reaccionar y
organizarnos para exigir un cambio de rumbo. La subida del SMI es una
enorme estafa, que va en la dirección contraria a lo que necesita España y
que entierra, aún más, el futuro del empresario y del emprendedor en nuestro
país. Una mala noticia que ataca, principalmente, a quien dice proteger.
Daniel
Rodríguez Asensio, Consultor
Estratégico y Presidente de Acción Liberal Think Tank For Freedom