El Gobierno presenta la propuesta integral de reforma del sistema de financiación autonómica tras pactarla con ERC.

9 de enero expansión

Doce años después de que caducase el modelo vigente, el Gobierno ha presentado una propuesta de reforma integral del sistema de financiación de las comunidades autónomas. La piedra angular del proyecto, que fue consensuado con ERC antes de ser anunciado públicamente este viernes, es transferir más fondos a todas las regiones a costa de cederles un mayor porcentaje la recaudación de IVA e IRPF.

La propuesta supondría que las comunidades autónomas cuenten con cerca de 21.000 millones de euros más con el nuevo modelo vigente, reduciendo de 1.500 a 477 euros la diferencia de financiación por habitante ajustado a costa de aumentar la cesión de impuestos a las regiones. La financiación autonómica, por tanto, pasaría en 2027 a ascender a 224.507 millones frente a los 152.484 del ejercicio 2023, el último completamente liquidado. "Para esto sirve el récord de recaudación", ha reivindicado Hacienda.

En concreto, el modelo supone, concretamente, elevar la cesión de la recaudación del IRPF del 50% al 55%; aumentar la del IVA del 50% al 56,5%; manteniendo el 58% la entrega de los Impuestos Especiales; así como el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los del juego, así como las tasas y el impuesto sobre la electricidad. En conjunto, el plan elevaría en 16.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas de estar en vigor en el año 2027.

La propuesta ha sido presentada este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sede de su departamento. "La reforma de la financiación autonómica es uno de los retos más complejos a que se enfrenta cualquier Gobierno", ha sostenido Montero, afeando que el Ejecutivo del PP no aprovechara su mayoría absoluta para abordarla, consciente de las escasas posibilidades que tiene su Ejecutivo de sacar esta adelante dada su acentuada minoría parlamentaria. El detalle será comunicado a las propias comunidades autónomas el próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha anunciado Montero.

"No hay mejor manera de defender el Estado del bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años y que tenía vocación de durar 5 años", ha expuesto, reivindicando que pese a ello los gobiernos de Pedro Sánchez han garantizado a las comunidades autónomas una financiación récord, 300.000 millones de euros más en conjunto desde su llegada al poder.

Los principios del sistema

La dificultad a la hora de rediseñar el modelo radica en que "tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí", ha expuesto Montero, ilustrando que tienen que atender a las que son muy grandes en superficie y las pequeñas; a territorios densamente poblados, o con gran dispersión; a envejecidas, o con gran población en edad escolar; a regiones expuestas a climático, y otras que no; o a algunas con dinamismo económico frente a otras con mayor tasa de paro.

Los principios que, asegura Montero, han regido el diseño del sistema eran que incrementara los recursos autonómicos para blindar el estado del bienestar, en términos sociales de vivienda o dependencia; que eleve la autonomía y corresponsabilidad fiscal; que garantizara la solidaridad interterritorial; que redujera las diferencias de financiación por habitante; que respetase la singularidad de los territorios y fuese más transparente.

"No es verdad que lo que gana un territorio lo pierda otro. Todo el mundo se puede beneficiar de medidas en donde algunas variables les pueden cubrir sus expectativas y otros no", ha matizado la vicepresidenta, que asevera haber analizado "infinidad de propuestas" tanto de las propias comunidades autónomas -aunque no se ha abierto un proceso de consulta ad hoc- como de expertos independientes.

El nuevo modelo

El punto de partida es el cálculo de la población ajustada, teniendo en cuenta el sobrecoste que algunos territorios encaran para costear los servicios a sus ciudadanos, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la insularidad o el sobrecoste de atención a una población de mayor edad.

Montero ha recordado que en su momento ya trató de consensuar este cálculo con las comunidades autónomas, que reaccionaron situándose en bloques enfrentados atendiendo a sus intereses contrapuestos. En esta ocasión, Hacienda ha diseñado un nuevo modelo de cálculo en base a la población empadronada (con un peso del 30%), la población protegida equivalente (38% del peso relativo) se fijan en función de los tramos de edad, lo que determina el gasto sanitario necesario; la educación primaria, secundaria y de alumnos desplazados (20,5% en total); y los servicios sociales para mayores de 65 años y parados sin prestación (8,5%). Finalmente, el modelo da un peso del 1,6% a la superficie de la población, del 0,5% a la dispersión de la población; un 0,5% a la insularidad y un 0,4% a los costes fijos. Aunque la base del cálculo es el coste en sanidad, educación y servicios sociales, Montero ha aseverado que el sistema beneficia especialmente a las regiones que encarar el reto de la despoblación.

Mecanismos de solidaridad

A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable.

Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros (incluyendo los 16.000 millones vía impuestos), para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid.

Recaudar el IVA de las pymes

Estos elementos conforman el 98% del nuevo modelo. A partir de ahí se añaden dos ajustes adicionales con mayor calado autonómico. En primer lugar, las regiones podrán solicitar una parte del IVA generado por las pymes en su territorio, para reconocer el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Estos ingresos podrán recibirlos como transferencias directas del Estado o podrán quedarse con el riesgo de recaudar y liquidar el 5% del IVA de las pymes. La vía elegida podrá ser decidida cada cinco años.

Fondo de cambio climático

A su vez, el modelo incorpora un fondo para atender los efectos del cambio climático que estará dotado de 1.000 millones de euros que se repartirán entre las comunidades del arco mediterráneo, que recibirán dos tercios del total por ser las más expuestas, y un tercio restante para el resto.

Competencias específicas

Finalmente, para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior, beneficiará especialmente a Cantabria y Extremadura (las que más y menos reciben hoy día, respectivamente) obligando a que la Administración Central aporte 400 millones para evitar pasos atrás.

Hasta aquí, el modelo tiene en cuenta las competencias homogéneas de todas las regiones. Para atender a aquellos territorios que tienen transferidas competencias específicas adicionales, hoy costeadas con una transferencia específica del Estado, podrá pasar a ser abonada con un pago adicional de la recaudación de IVA.

Fin de las entregas a cuenta

De otra parte, Hacienda propone a las comunidades autónomas pasar a un sistema de entrega automática de los impuestos recaudados que sustituya al actual modelo de entregas a cuenta, en el que los fondos se transfieren de forma estimada, pero se liquidan definitivamente dos años después. La cuantía a entregar, por tanto, "se iría actualizando mes a mes", ha ilustrado Montero, explicando que el modelo será voluntario por periodos mínimos de cinco años.

Agencia Tributaria en red

De otro lado, aunque fuera del proyecto de financiación, Montero ha planteado la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión en red que permita que colaboren agencias tributarias autonómicas con la AEAT estatal a fin de "perseguir mejor el fraude" y mejorar la autonomía fiscal de cada comunidad autónoma.

Límites al 'dumping' fiscal

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno ha anunciado su intención de "poner algún límite al dumping fiscal", la competencia tributaria entre regiones, para imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias y poder dotar de mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas.

Fondo de Compensación

Montero también ha propuesto una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial para "financiar a las comunidades que se sitúen por debajo de la media por habitante ajustado, para que estas comunidades a través de inversiones en su territorio" y mejorar el "dinamismo de sus empresas". El fondo, que no forma parte del sistema de financiación, aportará otros 3.300 millones.

Sin agravio territorial

Pese a que el modelo fue anticipado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, que avanzó un día antes que el propio Gobierno los efectos del nuevo sistema para Cataluña, Montero ha defendido que se trata de una propuesta que beneficia a todas las regiones.

"Todas las medidas que hemos aprobado han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas. Lo quiero subrayar porque día a día asistimos al discurso del agravio territorial", ha apuntado, en referencia a la compensación del mes de IVA perdido por la implementación del sistema SII durante el Gobierno del PP, o de los fondos de asistencia aprobados durante la pandemia de Covid. Montero ha aseverado que "el PP vive instalado en supuestos agravios que no coinciden con la realidad e incide en la polarización" de la sociedad, pese a que gobierna la mayoría de los territorios.