Comienza la legislatura en Trabajo/ La
vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se propone simplificar en una prestación
las ayudas asistenciales que reciben los parados con mayor necesidad y de
difícil inserción laboral.
22
de Noviembre Expansión
El Gobierno quiere ampliar el subsidio especial
del desempleo a los parados mayores de 45 años y sin familia. Un subsidio
aplicado a quienes hayan agotado todas las prestaciones contributivas, y que no
tengan responsabilidades familiares, según dio a entender ayer Yolanda
Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Díaz renovó ayer su cargo, en principio, para otra
legislatura, y anunció que lo primero que va a hacer en esta nueva etapa son
dos cosas: "Nuestra primera medida será mejorar la protección por
desempleo. Eliminamos los recortes del Partido Popular en la prestación pública
contributiva de desempleo y ahora es el momento de avanzar en el nivel
asistencial. Lo vamos a hacer. Vamos a empezar protegiendo a quienes más lo
necesitan".
Con su referencia a los "recortes del PP en
la protección por desempleo" Díaz se refirió a que el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) retrasó
desde los 52 a los 55 años el derecho a cobrar el subsidio especial por
desempleo. Y, en segundo lugar, a partir del séptimo mes el Gobierno del PP
recortó del 70% al 50% la cuantía de la prestación. Todo ello con el objetivo
de estimular a los desempleados a buscar y aceptar la primera oferta de
trabajo.
Hay que recordar que el comienzo de la gestión del
Gobierno del PP coincidió plenamente con la gran depresión de la burbuja
financiera. Estalló en octubre de 2007 y acabó en 2013. Entonces el paro llegó
a los 6,2 millones de desempleados, con una tasa de paro del 27% de la
población activa.
Por eso, en la pasada legislatura, Díaz volvió a adelantar a los 52 años la edad de
acceso al subsidio especial de desempleo, y aumentó la cuantía de la prestación
contributiva desde el 50% al 60% de la base reguladora. Es previsible que el
próximo año la cuantía de la prestación vuelva al 70% de la base reguladora,
nivel en el que estaba hasta 2011.
El objetivo del Gobierno es dar mayor cobertura
con el subsidio por desempleo a los mayores de 45 años y sin cargas familiares,
una vez que han agotado todas las prestaciones contributivas.
Actualmente, los desempleados mayores de 45 años
con responsabilidades familiares perciben el 80% del Iprem, que es un tipo de ayuda social tras agotar la
prestación y el subsidio, y equivale a 480 euros mensuales.
Con esta ampliación del subsidio dentro de los
desempleados mayores de 45 años, tras agotar todas las prestaciones, el
Gobierno también busca otra ampliación a la protección de todos los
desempleados que tienen edades que dificultan su reinserción laboral. Y este
hecho no hace otra cosa que alimentar el siguiente silogismo: las empresas son
muy renuentes a contratar a estos trabajadores de edad elevada. Y, por lo
tanto, permanecen en el desempleo durante más de un año, lo que a su vez se
convierte en otro inconveniente para que los contraten las empresas. Por esta
razón, el Gobierno adelantó de los 55 a los 52 años la edad de los parados para
poder acceder al subsidio especial del desempleo.
En este sentido, Díaz anunció que
"simplificará" esta prestación. O, mejor dicho, buscará proteger a diversos colectivos con un único
subsidio. Entre otros, actualmente está la renta que reciben los beneficiarios
que han agotado la prestación contributiva; el subsidio especial agrario o la
Renta Activa de Inserción. Además, en el terreno de la Seguridad Social, desde
la legislatura pasada está vigente el Ingreso Mínimo Vital, también para
familias y personas con bajos, o ningún ingreso.
Además, en su toma de posesión, Díaz reiteró que,
en los próximos días, convocará a la comisión de expertos del Salario Mínimo
Interprofesional, para que proponga una subida de esta renta para 2024. Debe
equiparar esta renta al 60% del salario medio en España, de acuerdo con el
programa electoral de la coalición de Gobierno. Actualmente, es de 1.080 euros
al mes y 1.512 euros al año.
El informe también estudiará el impacto del SMI
sobre el crecimiento de la igualdad salarial entre ambos sexos, porque, en
principio, son las mujeres las que más reciben esta renta, porque son las que
tienen el mayor volumen de empleo temporal. Además, los expertos también deben
estudiar la reducción de la desigualdad social que consigue el SMI. Díaz
llamará también en los próximos días a las patronales y a los sindicatos para
discutir sobre el SMI. Actualmente es de 1.080 euros al mes o 15.512 euros al
año.
Saiz preservará la caja única de la Seguridad
Social en el pacto de investidura con el PNV
Elma Saiz, nueva ministra de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, fue tajante ayer sobre su defensa de la gestión económica
del sistema de protección en el acuerdo de investidura que firmó el Gobierno
con el PNV la semana pasada. En declaraciones tras la toma de posesión del
cargo, Saiz dijo que el citada pacto "no contempla ruptura alguna de la
caja única de la Seguridad Social, para nada". Es decir, no traspasará al
Gobierno vasco la recaudación de las cotizaciones sociales de las empresas y
trabajadores y el pago de las pensiones. Todo, dentro del ámbito de la
comunidad autónoma. La ministra apuntó que "aumentar el diálogo con las
administraciones y la búsqueda de consensos es el camino en aras de una mejor
vertebración territorial". "Y, por supuesto, preservando la caja
única de la Seguridad Social. Soy una partidaria decidida de la prosperidad
compartida", dijo la ministra citando a la presidenta de Navarra, María
Chivite, que estaba en el acto de su toma de posesión. Casi, indirectamente, le
respondió desde Vitoria el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria. El
portavoz vasco recordó que la gestión del régimen económico de la Seguridad
Social es una transferencia que está en el Estatuto de Gernika. Claro que la
Constitución, que está por encima de todas las normas, atribuye esta
competencia al Estado y, por tanto, al Gobierno central. Saiz se comprometió a
desarrollar las modalidades nuevas de jubilación parcial o activa para dar más
"flexibilidad y oportunidades" para retrasar la salida del mercado de
trabajo y que esta sea progresiva y voluntaria.