El BOE de 13
de noviembre de 2026 publica dos resoluciones del Congreso de los Diputados que
determinan el futuro de los reales decretos-ley de vivienda aprobados el 6 de
octubre: queda derogado el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, relativo a la estabilidad de los
contratos de arrendamiento de vivienda habitual, mientras que se convalida
el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, sobre protección de la función
social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible.
Ambos
acuerdos fueron adoptados el 12 de noviembre de 2026 por la Diputación
Permanente del Congreso, de conformidad con el artículo 86.2 de la
Constitución.
El RD-ley
28/2026 queda derogado sin llegar a entrar en vigor
La Resolución de
12 de noviembre de 2026 ordena publicar el acuerdo de derogación del Real
Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptaban medidas
urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de
vivienda habitual.
Este real
decreto-ley había sido publicado en el BOE del 7 de octubre de 2026, pero
preveía una entrada en vigor diferida al 15 de noviembre. Por tanto, su
derogación impide que llegue a entrar en vigor.
La norma
concentraba su regulación en la estabilidad de los contratos de vivienda
habitual y mantenía, con ajustes, la reforma del artículo 10
de la Ley de Arrendamientos Urbanos que anteriormente había
previsto el Real Decreto-ley 27/2026. En concreto, no llegan a entrar en vigor
las medidas sobre prórrogas sucesivas, preaviso e indemnización por no
renovación que se contemplaban en el mismo.
El RD-ley
29/2026 continúa vigente tras su convalidación
La segunda
Resolución de 12 de noviembre de 2026 publica el acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación
de la oferta de vivienda asequible.
La norma fue
publicada en el BOE del 7 de octubre de 2026 y entró en vigor, con carácter
general, el 8 de octubre. La convalidación permite que mantenga su vigencia
y evita el decaimiento de las medidas aprobadas.
Principales
medidas que permanecen vigentes
Arrendamientos
temporales y por habitaciones. La regulación distingue expresamente entre
vivienda habitual y vivienda temporal, incluyendo el alquiler parcial de
habitaciones o estancias según la necesidad residencial atendida. La
temporalidad debe responder a una causa real, expresa y acreditable.
Garantías
para las personas arrendatarias. Se refuerzan las reglas sobre gastos de
gestión y formalización, garantías adicionales, reparaciones y derechos de
adquisición preferente, además de establecer límites específicos para el
alquiler por habitaciones y para determinados contratos temporales sucesivos.
Protección
frente a desahucios y función social de la vivienda. El real decreto-ley
incorpora medidas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, limita
determinadas adquisiciones inmobiliarias y establece instrumentos para ampliar
el parque de vivienda social y asequible.
Medidas
fiscales y de acceso a la vivienda. También se mantienen las reformas
tributarias, los incentivos vinculados al alquiler y la vivienda asequible, así
como las medidas de financiación y apoyo al acceso a la primera vivienda
previstas en la norma.
Impacto
práctico
Los operadores
deberán diferenciar claramente ambos textos. Las medidas del RD-ley 28/2026
no resultan aplicables, al haber sido derogado antes de su entrada en
vigor. En cambio, las previsiones del RD-ley 29/2026 continúan desplegando
sus efectos tras la convalidación parlamentaria.