Fecha última revisión: 12/11/2026

Resumen:

La confirmación judicial de la retención limita hasta esa fecha los intereses tributarios, aunque el dinero permanezca materialmente en la AEAT.

PLANTEAMIENTO

Una sociedad presentó su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades con un resultado a devolver de 133.335,38 euros. Una vez transcurrido el plazo legal para ordenar el pago, comenzaron a devengarse intereses de demora el 27 de enero de 2023.

Mientras se tramitaba un proceso penal por un posible delito contra la Hacienda Pública, la AEAT acordó el 31 de octubre de 2023 la retención cautelar de la devolución, al amparo del artículo 81.9 de la Ley General Tributaria. El juzgado competente confirmó la medida mediante auto de 27 de febrero de 2024.

El procedimiento penal terminó con sentencia absolutoria, que adquirió firmeza el 20 de enero de 2026. El órgano judicial dejó sin efecto las medidas cautelares y la AEAT levantó la retención, ordenando posteriormente el pago de la devolución.

La Administración reconoció intereses únicamente desde el 27 de enero de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023, fecha del acuerdo administrativo de retención. La sociedad considera que deberían calcularse hasta la fecha en que se ordenó el pago tras la absolución.

¿Tienen el mismo régimen la retención acordada por la AEAT y la medida confirmada judicialmente? ¿Hasta qué fecha se devengan intereses tributarios? ¿Influye que el dinero permaneciese materialmente en poder de la AEAT?

RESPUESTA

No. La retención administrativa y la medida confirmada judicialmente no tienen el mismo régimen. Los intereses tributarios deben reconocerse hasta el 27 de febrero de 2024, fecha en la que el juzgado confirmó la medida cautelar, pero no durante el período posterior en que esta tuvo naturaleza judicial. Es irrelevante que los fondos continuasen materialmente en poder de la AEAT.

Retención administrativa y conversión en medida judicial

El artículo 81.9 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, permite que la Administración tributaria adopte medidas cautelares cuando se haya formalizado una denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya iniciado el correspondiente proceso penal.

La medida adoptada por la AEAT tiene carácter administrativo y se mantiene hasta que el órgano judicial competente decida sobre su conversión en medida jurisdiccional o su levantamiento. Por tanto, la intervención judicial no constituye una mera ratificación formal: determina un cambio en la naturaleza y el régimen jurídico de la cautela.

Hasta el auto judicial de confirmación, la retención continúa siendo una actuación administrativa sometida al régimen tributario. Desde que el juzgado decide mantenerla, pasa a ser una medida cautelar judicial de carácter patrimonial destinada a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso penal. A partir de ese momento, corresponde al órgano judicial decidir sobre su mantenimiento, modificación o levantamiento.

En el supuesto planteado existen, por ello, tres períodos diferenciados:

• Desde el 27 de enero de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023: existe una devolución tributaria cuyo pago no se ha ordenado dentro del plazo correspondiente.
• Desde el 31 de octubre de 2023 hasta el 27 de febrero de 2024: la devolución está retenida mediante una medida cautelar administrativa.
• Desde el 27 de febrero de 2024 hasta el levantamiento de la cautela: la retención tiene naturaleza judicial y queda sometida al control del órgano penal.

Fecha hasta la que se devengan los intereses tributarios

El artículo 31.2 de la Ley General Tributaria establece que, transcurrido el plazo previsto en la normativa del tributo y, en todo caso, seis meses sin que se haya ordenado el pago por causa imputable a la Administración, esta debe abonar el interés de demora sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.

La retención administrativa de la devolución no interrumpe por sí sola el devengo de esos intereses. Mientras la medida conserve naturaleza administrativa, la cantidad continúa vinculada a una devolución derivada de la normativa del tributo. Por esa razón, no es correcto finalizar el cálculo el 31 de octubre de 2023, fecha en la que la AEAT acordó la retención.

El devengo de intereses tributarios termina el 27 de febrero de 2024, cuando el juzgado confirmó la medida. Desde ese momento, la devolución retenida dejó de estar sometida exclusivamente al régimen tributario y quedó convertida en una medida cautelar judicial. La AEAT perdió la competencia para decidir sobre la disponibilidad de los fondos y sobre las consecuencias propias de la cautela judicial.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central n.º 7336/2022, de 8 de abril de 2025, declara que los intereses deben calcularse hasta la fecha en la que el órgano judicial confirma la medida cautelar administrativa. Esta resolución reitera el criterio de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central n.º 8258/2015, de 28 de junio de 2018.

En consecuencia, la liquidación practicada por la AEAT debe rectificarse para ampliar el período de intereses desde el 31 de octubre de 2023 hasta el 27 de febrero de 2024. Sin embargo, no procede extender automáticamente los intereses tributarios hasta la firmeza de la sentencia absolutoria, el levantamiento de la medida o la posterior ordenación del pago.

Efectos de la sentencia absolutoria

La firmeza de la sentencia absolutoria determina el levantamiento de las medidas cautelares y la devolución de la cantidad retenida. No convierte, sin embargo, todo el período durante el cual estuvo vigente la medida judicial en un retraso administrativo sujeto al artículo 31.2 de la Ley General Tributaria.

Durante ese período, la imposibilidad de disponer de la devolución deriva de una decisión judicial. Por ello, la AEAT debe ejecutar el levantamiento y devolver el principal retenido, pero no está obligada a reconocer intereses tributarios por el tiempo transcurrido desde la confirmación judicial de la medida hasta su cancelación, salvo que el órgano judicial haya adoptado una decisión específica sobre intereses.

La sociedad tiene derecho a recuperar los 133.335,38 euros retenidos y a percibir intereses tributarios desde el 27 de enero de 2023 hasta el 27 de febrero de 2024, pero no hasta la fecha final en la que se ordenó el pago.

Permanencia material del dinero en poder de la AEAT

El hecho de que los fondos no fueran transferidos a una cuenta de depósitos y consignaciones judiciales no altera esta conclusión. Lo determinante no es quién conserva materialmente el dinero, sino la autoridad que tiene competencia jurídica para decidir sobre su destino.

Una vez confirmada judicialmente la medida, la AEAT actúa como depositaria material de una cantidad sujeta a una cautela judicial. No puede disponer de ella ni levantar la retención por iniciativa propia. Por tanto, la permanencia del dinero en sus cuentas no mantiene la naturaleza administrativa de la retención ni prolonga el devengo de los intereses tributarios.

Conclusión práctica

• La retención inicial de la devolución es una medida cautelar administrativa.
• La confirmación del juzgado la convierte en una medida cautelar judicial, sometida desde entonces a las decisiones del órgano penal.
• Los intereses tributarios se devengan hasta la fecha del auto judicial de confirmación, no solamente hasta el acuerdo administrativo de retención.
• La absolución obliga a levantar las cautelas y devolver el principal retenido, pero no reactiva ni prolonga los intereses tributarios durante el período judicial.
• Que el dinero permanezca materialmente en poder de la AEAT es irrelevante, porque desde la confirmación judicial la competencia sobre la medida corresponde al órgano judicial.