El Parlamento
andorrano aprueba una reforma histórica. El Estado elimina la fianza retornable
e impone una tasa de entrada de 50.000 euros a fondo perdido, redefiniendo el
modelo migratorio del país.
22
de Enero expansión
El Parlamento
de Andorra ha aprobado hoy una legislación migratoria que transformará
radicalmente el perfil demográfico y económico del país. Con esta votación, el
Principado marca el fin definitivo de su etapa como un refugio fiscal de fácil
acceso, convirtiendo su programa de residencia por inversión -conocido
popularmente como Golden Visa- en uno de los más costosos y
exclusivos del continente europeo.
La nueva
normativa endurece severamente los requisitos para la residencia pasiva. A
partir de su entrada en vigor, será obligatoria una inversión de un millón de
euros en activos andorranos, o bien un mínimo de 800.000 euros por unidad si se
opta por el sector inmobiliario (con una alternativa de 400.000 euros a través
del Fondo de la Vivienda).
El cambio más
polémico, sin embargo, es la eliminación del depósito reembolsable ante la AFA.
Este será sustituido por un pago al Estado no recuperable de 50.000 euros para
el solicitante principal y 12.000 euros por cada dependiente, un coste que
también afectará a los nuevos residentes activos por cuenta propia.
Según Marc
Cantavella, cofundador de Relocate Save y experto en regímenes fiscales
preferenciales y fiscalidad andorrana, esta reforma "no es un simple
ajuste de política, sino un reposicionamiento deliberado". Cantavella
explica que la medida está impulsada por preocupaciones de sostenibilidad y la
necesidad de un crecimiento demográfico controlado, con lo que Andorra busca
dejar de ser una "alternativa fiscal accesible" para convertirse en
una jurisdicción de "alta exclusividad".
El impacto
financiero para los nuevos solicitantes será drástico. Bajo el
nuevo esquema, una familia de cuatro miembros que adquiera una propiedad de un
millón de euros para obtener la residencia afrontará unos costes hundidos (no
recuperables) de 186.000 euros, derivados de las nuevas tasas estatales y los
impuestos inmobiliarios combinados. El desembolso total de capital necesario
para establecerse legalmente en el país ascendería a 1.186.000 euros.
A pesar del
endurecimiento general, la ley contempla excepciones. Los deportistas
de élite, artistas y científicos bajo la categoría de "interés
especial" seguirán disfrutando de las condiciones previas, manteniendo el
sistema de depósito reembolsable. Dado que el proyecto de ley es una iniciativa
gubernamental y el Ejecutivo cuenta con mayoría absoluta, la aprobación no ha
enfrentado obstáculos en el Parlamento andorrano.