El Real Decreto 957/2026, de 4 de noviembre, establece un nuevo desarrollo reglamentario de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). La norma entrará en vigor el 5 de enero de 2027 y derogará íntegramente el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, así como la Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero.

El nuevo reglamento desarrolla los artículos 190 a 192 de la LGSS, tras las reformas aprobadas en octubre de 2026. Su finalidad no se limita a incorporar esas modificaciones legales: también adapta la protección a la evolución de la asistencia sanitaria, ordena el disfrute alternativo o simultáneo, amplía los periodos de prórroga y refuerza el control de los requisitos.

A TENER EN CUENTA. Hasta el 4 de enero de 2027 continuará vigente el reglamento anterior. La existencia de modificaciones legales con efectos desde el 23 de octubre de 2026 no anticipa la entrada en vigor del Real Decreto 957/2026.

Tratamientos sin ingreso hospitalario incluidos en la situación protegida

La principal modificación afecta al presupuesto asistencial de la prestación CUME. Los artículos 3 y 4 del nuevo reglamento ya no circunscriben la situación protegida al ingreso hospitalario convencional, sino que incluyen expresamente determinadas situaciones asimiladas cuando exijan un cuidado directo, continuo y permanente.

Situaciones equiparadas al ingreso hospitalario

Desde el 5 de enero de 2027 podrán fundamentar el reconocimiento de la prestación:

• La hospitalización a domicilio.
• Los tratamientos ambulatorios o continuados.
• Los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas.
• Otros cuidados domiciliarios complejos que, por prescripción facultativa, deban prestarse de manera directa, continua y permanente.

La equiparación no opera automáticamente por el hecho de recibir asistencia fuera del hospital. La declaración médica deberá acreditar el carácter no hospitalario del tratamiento o cuidado y que la ausencia de ingreso no responde a una menor intensidad asistencial, sino a criterios clínicos, terapéuticos u organizativos del sistema sanitario.

Esta regulación dota de cobertura expresa a formas de asistencia que habían generado controversias bajo el reglamento anterior. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ya había admitido que una atención sanitaria prolongada en centros hospitalarios de día, unida al tratamiento domiciliario y a una necesidad efectiva de cuidado, podía equipararse al ingreso hospitalario.

JURISPRUDENCIA

STS n.º 1308/2024, de 3 de diciembre, ECLI:ES:TS:2024:6111

El Tribunal Supremo reconoció la prestación en un supuesto de tratamiento continuado, ambulatorio y domiciliario, al apreciar que la atención sanitaria prolongada y la intensidad de los cuidados resultaban equiparables a un ingreso hospitalario de larga duración.

Escolarización y prácticas formativas

La escolarización de la persona causante será compatible con la necesidad de cuidado cuando persistan tratamientos, controles, episodios de crisis, vigilancia, administración de medicación, desplazamientos frecuentes a centros sanitarios u otras circunstancias clínicas que requieran la disponibilidad efectiva de la persona beneficiaria.

También serán compatibles las prácticas formativas incluidas en la disposición adicional quincuagésima segunda de la LGSS, siempre que continúe acreditándose la necesidad de cuidado. Fuera de esta excepción, la realización por la persona causante de actividades que determinen su alta o situación asimilada al alta en la Seguridad Social impedirá mantener la prestación.

JURISPRUDENCIA

STS n.º 362/2026, de 14 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1788.

La escolarización, incluso en un centro ordinario con apoyos y terapias, no excluye por sí sola la existencia de un cuidado directo, continuo y permanente. Deben valorarse las necesidades reales de atención que subsisten fuera del horario escolar y durante las incidencias clínicas.

Nueva acreditación médica y enfermedades graves incluidas

Declaración de atención primaria o especializada

El artículo 6 permite que la enfermedad y la necesidad de cuidado sean acreditadas, indistintamente, por el personal facultativo de atención primaria o de atención especializada del servicio público de salud responsable de la asistencia. La declaración será necesaria, aunque el diagnóstico y el tratamiento se hayan realizado mediante servicios médicos privados.

El documento deberá ajustarse al modelo del anexo II. En las situaciones asimiladas al ingreso hospitalario tendrá que identificar los tratamientos, cuidados o condiciones clínicas que justifican la intensidad asistencial y la necesidad de cuidado.

Autismo de nivel 3 y síndrome de Poirier-Bienvenu

El anexo I reordena el listado de enfermedades graves e incorpora expresamente:

• El trastorno del espectro autista, nivel 3 de apoyo.
• El síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

El cambio de numeración no altera la identidad de las patologías que ya figuraban en el listado anterior. Además, la disposición final primera mantiene la posibilidad de incorporar nuevas enfermedades mediante orden ministerial, previo informe del Ministerio de Sanidad y de los estudios correspondientes.

Personas beneficiarias y reducción mínima de jornada

Podrán acceder a la prestación CUME las personas trabajadoras por cuenta ajena, por cuenta propia o asimiladas que reduzcan su jornada o actividad en, al menos, un 50 % y cumplan los requisitos de afiliación, alta y cotización.

Los periodos mínimos de cotización no se modifican:

• Menores de 21 años: no se exige cotización mínima.
• Desde 21 y menos de 26 años: 90 días dentro de los siete años anteriores o, alternativamente, 180 días a lo largo de la vida laboral.
• Desde 26 años: 180 días dentro de los siete años anteriores o 360 días a lo largo de la vida laboral.

Acceso de las personas trabajadoras a tiempo parcial

El nuevo reglamento elimina la exclusión de quienes tengan una jornada a tiempo parcial igual o inferior al 25 % de la correspondiente a una persona trabajadora a tiempo completo comparable. Será suficiente con reducir en, al menos, un 50 % la jornada parcial efectivamente realizada.

La prestación se calculará en proporción a dicha reducción, aunque su porcentaje se determinará tomando como referencia la jornada de una persona trabajadora a tiempo completo comparable de la misma empresa y centro de trabajo.

Nuevas situaciones familiares y de apoyo

El reglamento incluye la curatela representativa cuando la resolución judicial atribuya al curador facultades de representación plenas y generales, incluidas las funciones de atención y cuidado de la persona enferma.

También considera cumplido el requisito relativo a la actividad de la otra persona cuidadora cuando esta perciba una pensión contributiva de incapacidad permanente absoluta o de gran incapacidad. Se mantiene la posibilidad de acceso en las familias monoparentales y para el cónyuge o pareja de hecho de la persona causante mayor de edad que cumpla los requisitos exigidos.

Disfrute alternativo o simultáneo por ambas personas cuidadoras

Cuando ambas personas cuidadoras reúnan las condiciones necesarias, el derecho podrá reconocerse a una de ellas o a ambas, de forma alternativa o simultánea.

Alternancia por periodos mínimos de quince días

El disfrute alternativo requerirá un acuerdo y deberá organizarse, como regla general, por periodos no inferiores a quince días. Durante el periodo asignado a una persona beneficiaria, el derecho de la otra quedará suspendido y se reanudará cuando corresponda según la alternancia acordada.

En los supuestos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, si la persona causante convive de manera compartida con ambas personas cuidadoras, la alternancia deberá coincidir con el régimen de convivencia acreditado. El pago se realizará a cada una por el periodo correspondiente.

Cuantía en el disfrute simultáneo

Cuando ambas personas perciban simultáneamente la prestación por una misma persona causante, cada una recibirá un subsidio equivalente al 50 % de su respectiva base reguladora de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Esta regla se aplicará con independencia del porcentaje concreto de reducción que cada persona experimente en su jornada.

En el régimen general de disfrute individual, la prestación continúa siendo equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente, aplicada en proporción al porcentaje de reducción de jornada.

Separación, divorcio y violencia de género

En los casos de nulidad, separación, divorcio, extinción de la pareja de hecho o violencia de género, el derecho se reconocerá a la persona que conviva con la persona causante, aunque la otra no trabaje, siempre que se cumplan los restantes requisitos.

La convivencia podrá probarse mediante certificado de empadronamiento o por cualquier otro medio admitido en derecho. Si existe convivencia compartida, se aplicará el régimen de alternancia vinculado a los periodos acreditados.

Base reguladora y especialidades para las personas autónomas

Para las personas trabajadoras autónomas, las bases provisionales consideradas durante la percepción de la prestación pasarán a tener carácter definitivo y no estarán sujetas a la regularización anual prevista en el sistema de cotización por rendimientos netos.

No obstante, la persona interesada podrá solicitar su actualización. La nueva base producirá efectos desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud.

En el caso de las personas trabajadoras por cuenta ajena, la base reguladora podrá actualizarse cuando se modifiquen las bases de cotización por alguna de las causas legalmente establecidas, con efectos desde la solicitud y sin perjuicio de la retroacción que proceda conforme a las reglas de cotización.

Periodos iniciales más amplios y nuevas prórrogas

El artículo 12 amplía la duración de los periodos de reconocimiento y renovación:

• Reconocimiento inicial: cuatro meses.
• Primera prórroga: seis meses.
• Prórrogas sucesivas: ocho meses.

Si la declaración médica fija una necesidad de cuidado por un periodo inferior, la prestación se reconocerá únicamente durante ese tiempo. La solicitud de prórroga podrá formularse dentro de los tres meses anteriores a la finalización del periodo reconocido o en la propia fecha de vencimiento.

El derecho nace el mismo día en que comienza la reducción de jornada si la solicitud se presenta dentro de los tres meses siguientes. Superado ese plazo, los efectos económicos tendrán una retroactividad máxima de tres meses.

Informe vinculante de la Inspección Médica cada dos años

Una vez transcurridos los primeros veinticuatro meses desde el reconocimiento inicial, y posteriormente cada dos años, la solicitud de prórroga deberá acompañarse de un informe vinculante de la Inspección Médica del servicio público de salud.

El informe debe emitirse en un plazo máximo de treinta días. Si no se emite dentro de ese plazo, la prestación se considerará prorrogada provisionalmente y continuará abonándose hasta su remisión y la adopción de la resolución correspondiente.

Cuando el informe sea desfavorable, la entidad gestora o la mutua deberá iniciar un expediente de extinción y conceder a la persona interesada un trámite de audiencia de diez días. Si la Inspección Médica modifica los fundamentos esenciales de su informe, pero mantiene el criterio desfavorable, deberá abrirse un nuevo trámite de audiencia.

Duración de la CUME más allá de los 26 años

La prestación podrá mantenerse hasta los 23 años cuando la enfermedad haya sido diagnosticada antes de la mayoría de edad y continúen el tratamiento y la necesidad de cuidado. Podrá prolongarse hasta los 26 años si, antes de cumplir 23, la persona causante acredita una discapacidad igual o superior al 65 %.

Con carácter excepcional, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando concurra alguna de estas circunstancias:

• Discapacidad igual o superior al 65 %.
• Grado III de dependencia.

Además, deberá persistir la convivencia con la persona beneficiaria y continuar acreditándose la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Las estancias temporales en recursos residenciales o viviendas de apoyo para respiro o corta duración no rompen la convivencia si la persona beneficiaria mantiene de forma efectiva y continuada el cuidado.

Obligaciones, supervisión y causas de extinción

Las personas beneficiarias deberán comunicar a la entidad gestora o a la mutua, en el plazo de treinta días, cualquier circunstancia que pueda modificar, suspender o extinguir el derecho.

Entre las causas de extinción se encuentran:

• La reincorporación plena al trabajo o la reanudación total de la actividad.
• La desaparición de la necesidad de cuidado.
• La realización de trabajos distintos de los considerados para reconocer la prestación.
• El alta de la persona causante en la Seguridad Social, salvo las prácticas formativas expresamente compatibles.
• El cese en la actividad laboral de las personas cuya actividad resulte necesaria para mantener el derecho, con las especialidades previstas para las crisis familiares y la violencia de género.
• La pérdida de los requisitos exigidos para prolongar la prestación por razón de discapacidad, dependencia o convivencia.
• El fallecimiento de la persona causante o beneficiaria.

La entidad gestora y las mutuas podrán comprobar en cualquier momento los requisitos distintos de la necesidad médica de cuidado. Si aprecian un posible incumplimiento, deberán conceder audiencia antes de resolver sobre el mantenimiento, modificación, suspensión o extinción de la prestación.

Documentación y resolución del procedimiento

La solicitud se dirigirá a la dirección provincial de la entidad gestora competente o a la mutua colaboradora correspondiente. Podrá presentarse de forma electrónica o presencial.

El artículo 19 sistematiza la documentación exigible, entre la que puede figurar:

• Certificado empresarial de inicio y porcentaje de la reducción de jornada.
• Declaración médica ajustada al anexo II.
• Documentación acreditativa de la filiación, adopción, guarda, acogimiento, tutela o curatela.
• Prueba de la pareja de hecho, crisis familiar, convivencia o situación de violencia de género, cuando resulte necesaria.
• Acuerdo de alternancia por periodos no inferiores a quince días.
• Certificación de las bases de cotización.
• Declaración de reducción de actividad y situación de la actividad en el caso de las personas autónomas.

La entidad competente deberá resolver y notificar en el plazo de treinta días. La falta de resolución expresa tendrá efecto desestimatorio. Frente a la resolución expresa o presunta procederá la reclamación administrativa previa regulada en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Aplicación a prestaciones y procedimientos en curso

Desde el 5 de enero de 2027, los procedimientos y prestaciones en curso pasarán a regirse íntegramente por el Real Decreto 957/2026. Las actuaciones ya practicadas conservarán su validez y no será necesario retrotraer la tramitación.

Las disposiciones más favorables se aplicarán preferentemente incluso respecto de actuaciones anteriores. Además:

• Las nuevas solicitudes podrán apoyarse en ingresos hospitalarios o situaciones asimiladas anteriores al 5 de enero de 2027 si no se ha producido el alta médica y subsisten los demás requisitos.
• La fecha del diagnóstico no limitará por sí sola el acceso a la prestación.
• En las prestaciones en curso, el informe de la Inspección Médica será exigible una vez transcurridos dos años desde la última prórroga reconocida.

La norma prevé asimismo que, dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, se elabore una guía técnica orientativa para homogeneizar la valoración de la necesidad de cuidado por profesionales sanitarios, entidades gestoras y mutuas.

Diferencia entre reducción de jornada y prestación económica CUME

La reducción de jornada del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores y la prestación económica CUME son derechos relacionados, pero diferentes.

La reducción de jornada es un derecho laboral frente a la empresa. La prestación pertenece al ámbito de la Seguridad Social y exige comprobar sus propios requisitos de afiliación, alta, cotización, intensidad de la reducción, situación protegida y necesidad de cuidado. Por ello, el reconocimiento empresarial de la reducción no determina automáticamente el derecho al subsidio.

El personal funcionario incluido en el ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público queda fuera del Real Decreto 957/2026 y continúa sujeto al permiso regulado en el artículo 49.e) del EBEP y a sus normas de desarrollo.

CUESTIÓN

¿El nuevo reglamento se aplicará a una prestación CUME reconocida antes del 5 de enero de 2027?

Sí. Desde esa fecha, las prestaciones y procedimientos en curso se regirán por el Real Decreto 957/2026, sin repetir las actuaciones válidamente realizadas. Las reglas más favorables tendrán aplicación preferente y el primer informe periódico de la Inspección Médica deberá exigirse una vez transcurridos dos años desde la última prórroga reconocida.

El nuevo marco reglamentario amplía la protección asistencial y familiar, pero también exige una gestión documental más precisa. La declaración médica, la acreditación de la convivencia, la modalidad de disfrute elegida y el cumplimiento de los nuevos controles periódicos serán determinantes para el reconocimiento y mantenimiento de la prestación desde el 5 de enero de 2027.