29 de Abril Expansión

En los pasillos de la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión Europea (DG Taxud), se ha producido una fuerte declaración de intenciones política que amenaza con resucitar un Impuesto sobre Patrimonio europeo. Un exhaustivo informe de 180 páginas marca un antes y un después en la estrategia de la Unión. Bruselas no solo reconoce que la riqueza se está concentrando en el "top 1%" a un ritmo superior al resto del mundo, sino que ha diseñado una hoja de ruta técnica para que los Estados miembros graven a las grandes fortunas en sus territorios.

El diagnóstico que presenta el documento es polémico. Advierte que mientras las clases medias europeas han visto cómo sus ahorros se estancaban, la riqueza privada en la UE ha crecido exponencialmente en las últimas tres décadas. El informe señala que la concentración de patrimonio se ha convertido en una "característica estructural" del paisaje económico europeo, planteando una pregunta incómoda: ¿pueden los actuales marcos fiscales garantizar la justicia social? La respuesta que llega desde Bruselas abre la puerta a un nuevo debate sobre la fiscalidad del patrimonio.

Durante años, cualquier intento de gravar a las fortunas ha chocado con el mismo muro: el miedo a la huida de los contribuyentes y la caída de la inversión y la recaudación. Sin embargo, Bruselas sostiene que esto es un dogma que no tiene, a su juicio, evidencia empírica. El informe insiste en que las respuestas de movilidad internacional ante subidas de impuestos son "a menudo exageradas" por los lobbies económicos.

El texto opina que los efectos negativos sobre el ahorro o la iniciativa empresarial son "modestos" y que, si el impuesto está bien diseñado, puede incluso fomentar un uso más productivo de los activos. Con este movimiento, la Comisión quiere allanar el camino para que los gobiernos pierdan el miedo escénico a las reformas fiscales.

Tres pilares

Bruselas no propone un modelo único, pero sí define las condiciones para que el gravamen fiscal a las fortunas sea exitoso y no un mero gesto de cara a la galería. La hoja de ruta se asienta sobre tres pilares fundamentales:

Por un lado, apunta al fin de la ceguera administrativa. La Comisión señala que un impuesto a los patrimonios es inútil si la administración no sabe dónde están los activos. Por ello, urge a la creación de registros de activos de alta calidad, al intercambio automático de información y a la creación de unidades especializadas en grandes fortunas dentro de las agencias tributarias. La tecnología y la digitalización son, para la Comisión Europea, las armas definitivas contra la opacidad y el primer elemento a implantar antes de articular un supuesto impuesto al Patrimonio.

En segundo lugar, el informe señala a bases amplias y umbrales altos. El documento analiza los fracasos del pasado -como en Alemania o Suecia- y concluye que el error no fue el impuesto en sí, sino la cantidad de exenciones. La propuesta del documento es clara. Bruselas quiere impuestos dirigidos exclusivamente a los muy acaudalados, con umbrales de entrada elevados para no castigar a la clase media, pero con una base imponible amplia que no deje escapar acciones, arte o inmuebles de lujo bajo el paraguas de beneficios fiscales.

En tercer lugar, el informe da una importancia vital al escudo de los impuestos de salida (exit tax). Para evitar que la presión fiscal provoque una mudanza de última hora a otras jurisdicciones, Bruselas apuesta por reforzar estos instrumentos. Estos impuestos gravarían las ganancias no realizadas cuando un contribuyente traslada su residencia al extranjero, garantizando que la riqueza generada en suelo europeo contribuya a las arcas públicas del continente.

La batalla del relato

Quizás el aspecto más novedoso del informe es su dimensión estratégica. La Comisión dedica un apartado a la "economía política" de los impuestos, sugiriendo a los gobiernos cómo ganar la batalla de la opinión pública.

El documento recomienda transparencia total: informar a la ciudadanía de que estas medidas afectan a un porcentaje ínfimo de la población (el mencionado 1%) y explicar detalladamente cómo se utilizará esa recaudación para financiar el Estado de bienestar. Según los experimentos citados en el informe, cuando el votante comprende que el impuesto no le tocará el bolsillo a él, sino a las fortunas milmillonarias, el apoyo social a la progresividad fiscal se dispara.

¿Hacia la armonización?

Aunque el informe tiene la cautela de no imponer una ley única -la fiscalidad sigue siendo competencia soberana-, el mensaje entre líneas es una invitación a la armonización entre los Estados miembros. Al mencionar que la competencia fiscal entre regiones erosiona la base nacional y genera injusticias, Bruselas está pidiendo orden.

España es una 'rara avis' en Europa

Mientras Bruselas diseña su hoja de ruta técnica, la realidad política en los Estados miembros muestra una fractura profunda. El reciente y tajante rechazo del Senado francés a un impuesto del 2% sobre fortunas superiores a 100 millones de euros ha supuesto un jarro de agua fría para las tesis redistributivas. Pese a las efigies de magnates clamando '¡Taxez moi!' frente al Palacio de Luxemburgo, el Gobierno de Macron se ha alineado con el "no", consolidando una tendencia europea de desmantelamiento de estos tributos que ya siguieron Alemania, Suecia o Austria. Este escenario deja a España en una posición de rara avis. El espejo galo refleja la resistencia interna en el corazón de la UE. Europa, desde los años 90, ha ido borrando el impuesto al patrimonio de sus leyes.