Hasta ahora la defensa la asumía Antonio Camacho, exministro socialista. Hoy, la Audiencia Nacional ha celebrado la vistilla en la que ha rechazado enviar a prisión al cerebro del caso Nummaria, Fernando Peña. Los magistrados le retiran el pasaporte.

10 JUL. 2025 Expansión

Los magistrados de la Audiencia Nacional han acordado la libertad provisional para el asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias, Fernando Peña, tras cambiar su estrategia de defensa y confiarla a Fuster-Fabra Abogados. El procedimiento lo han llevado los letrados José Carlos Velasco, Juan Ignacio Fuster-Fabra y Miguel Chacón. Hasta ahora la defensa la asumía Antonio Camacho, exministro socialista. Este movimiento estratégico se produce justo en el día más decisivo para el fiscalista desde que se conoció su histórica condena.

El auto de libertad, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, obliga al procesado a comparecer los días 5 y 20 de cada mes. También le ha retirado el pasaporte y le prohíbe abandonar el territorio nacional.

Los profesionales de Fuster-Fabra se han encargado de la defensa en el procedimiento de hoy. La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves la vistilla en la que ha rechazado enviar a prisión al cerebro del caso Nummaria, Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel por los supuestos delitos fiscales cometidos a través de su despacho. Los magistrados han desestimado la petición de las acusaciones para su encarcelamiento inmediato, una medida cautelar prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la gravedad de la pena y el consiguiente riesgo de fuga.

Los abogados Miguel Chacón, José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fuster-Fabra

La vista llega semanas después de que la misma Sala dictara la sentencia que condenó a Peña como el supuesto arquitecto de una presunta trama de defraudación. En el mismo fallo, el tribunal impuso una pena de dos años y dos meses de cárcel al actor Imanol Arias, mientras que absolvió a la también intérprete Ana Duato de todos los delitos que se le imputaban.

El fallo, de 275 páginas, acusa a Peña como el artífice y principal beneficiario de un complejo entramado societario. Según los magistrados, la "única finalidad de esta estructura era la de evitar la tributación de los ingresos" y "mantener oculto el patrimonio acumulado". El tribunal tacha de "incongruentes" las declaraciones fiscales de Peña al compararlas con su verdadera actividad, su elevado patrimonio en España y el extranjero, y los ingresos de 1.250.000 euros anuales que él mismo declaró percibir ante la banca suiza UBS.

El fallo destaca que Peña fue mucho más allá de la asesoría, ya que "participa activamente en la aportación del entramado societario para la maquinación fraudulenta", asumiendo un "auténtico protagonismo en los episodios clave" del fraude. Por ello, la Audiencia Nacional le condena a 32 años por sus propios delitos (fiscal, estafa procesal, falsedad e insolvencia punible) y a otros 48 años como cooperador necesario en los delitos de sus clientes.